ODS 5. Igualdad de género. Eliminación de discriminación para las mujeres

En 2015 se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, para transformar nuestro mundo, e incluye 17 Objetivos (ODS), desglosados en 169 metas, a realizarse en 15 años. Para alcanzarlos, se requiere un enfoque integral de ámbitos sociales, ambientales y económicos como base del desa­rrollo sostenible. El objetivo 5 plantea que “para vivir en un mundo próspero, justo y sostenible, debe eliminarse toda forma de discriminación y violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos”; destacando los entornos público, educativo y económico, pues su participación ha sido históricamente, y sigue siendo obstaculizada o relegada en todo el mundo. La ONU estima que, al ritmo actual, tomaría entre 47 y 300 años erradicar todas las prácticas discriminatorias hacia las mujeres. Latinoamérica se considera actualmente la región más peligrosa para las mujeres, debido a que registra las mayores cifras de violencia específicamente dirigida del mundo, principalmente feminicidios. Brasil y México encabezan dicha lista, por lo cual los esfuerzos para incorporar temáticas de igualdad, respeto y no violencia deben ser magnificados en todos los ámbitos, especialmente en etapas formativas, para lo cual el sistema educativo es clave. En México, el rol femenino ha sido históricamente secundario respecto al masculino, desde épocas prehispánicas, coloniales y hasta la actualidad, ocasionando que el machismo se encuentre profundamente arraigado y que las bases estructurales del sistema educativo hayan tenido nula o limitada participación femenina durante siglos. Los esfuerzos por incorporar políticas públicas, principios de igualdad y perspectiva de género, se han incrementado en numerosas instituciones públicas y privadas del país, sin embargo, el sistema educativo no ha mostrado avances significativos. Por ello, urge incorporar estos temas en la academia como principal estrategia para modificar las tendencias actuales. Para llevarlo a la práctica, se plantea incorporar en los planes de estudio acciones formativas que normalicen la perspectiva de género en las aulas, pero también en todos los procesos administrativos, reglamentos, mecanismos regulatorios y todos los niveles de atención de las instituciones educativas, para permitir que esta ideología permee en un futuro, hacia los demás órdenes sociales, administrativos, económicos y gubernamentales.