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Bioderecho y dignidad humana en México
Bioderecho y dignidad humana en México
Capítulo

Seguridad nacional y dignidad social: Justificación ética y jurídica del derecho del enemigo en delitos de alto impacto

Omar Fernando Becerra Partida Universidad de Guadalajara ROR https://orcid.org/0000-0002-8142-3333 María de Jesús Méndez Verduzco Universidad de Guadalajara ROR https://orcid.org/0009-0007-8542-9453
2026
pp. 73-89
DOI

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Omar Fernando Becerra Partida (2026). Es Doctor en Bioética y Derechos Humanos por la Universidad de Guadalajara. Comunicación Científica. México. https://doi.org/10.52501/cc464

Becerra Partida, Omar Fernando, y Méndez Verduzco, María de Jesús. "Seguridad nacional y dignidad social: Justificación ética y jurídica del derecho del enemigo en delitos de alto impacto". Bioderecho y dignidad humana en México, editado por Omar Fernando Becerra Partida, Comunicación Científica, 2026, pp. 73-89.

Becerra Partida, Omar Fernando, y Méndez Verduzco, María de Jesús. "Seguridad nacional y dignidad social: Justificación ética y jurídica del derecho del enemigo en delitos de alto impacto". En Bioderecho y dignidad humana en México, editado por Omar Fernando Becerra Partida, 73-89. México: Comunicación Científica, 2026.

Resumen

El presente artículo examina la tensión entre las políticas de seguridad nacional y la protección de la dignidad humana en el contexto de delitos de alto impacto. Se analiza el concepto de derecho del enemigo como estrategia jurídica que, bajo la justificación de proteger a la sociedad, introduce medidas excepcionales que restringen derechos fundamentales. Desde una perspectiva bioética y de bioderecho, se cuestiona la legitimidad de estas prácticas, al señalar que la seguridad no puede convertirse en un pretexto para la deshumanización. El texto propone que la dignidad humana debe ser el eje rector de toda política pública, incluso en escenarios de violencia y criminalidad organizada. Se concluye que el bioderecho ofrece un marco crítico para equilibrar la seguridad colectiva con el respeto irrestricto a los derechos humanos, para evitar que el Estado incurra en prácticas que vulneren garantías esenciales.

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