Participación política de las mujeres

“Participación política de las mujeres: Retos y obstáculos en el Estado de México”, de Oscar Montiel, Angélica Rivadeneyra e Ixchel Yglesias, es una investigación mixta que combina los métodos cuantitativos y cualitativos para analizar la paridad legal y la sustantiva en el Estado de México. Este estudio se fundamenta en un robusto marco teórico que integra la perspectiva de Pierre Bourdieu para el análisis del campo político, la teoría feminista de Catharine MacKinnon sobre el Estado masculino y la teoría de Marcela Lagarde sobre el cautiverio femenino y el orden patriarcal. Estas teorías se emplean para examinar el acceso, la permanencia y la participación de las mujeres en el ámbito político. Metodológicamente, se adoptó un enfoque mixto que incluyó una encuesta aplicada a 390 autoridades municipales en 73 municipios, así como 23 entrevistas a profundidad sobre las trayectorias políticas de mujeres.
Los hallazgos corroboran la hipótesis de que la división sexual del trabajo y el orden de género tradicional constituyen barreras estructurales que la legislación de paridad no ha logrado erradicar por completo. Ciertos datos de la investigación evidencian las repercusiones de la participación política femenina: el 44.7% de las mujeres perciben las labores de cuidado como un impedimento para su desarrollo profesional, en contraste con el 21% de los hombres. Asimismo, se conceptualiza el cautiverio en el ámbito político como la privación de autonomía, donde las mujeres son relegadas a la condición de “ser para otros”, enfrentando tácticas de aislamiento, vaciado de funciones y la presencia de “presidentas fantasma”, en las que el liderazgo real recae en un varón en la sombra.
La investigación documenta que la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG) es el principal mecanismo de control sistémico ante la búsqueda de autonomía femenina, manifestándose principalmente de forma psicológica (47.1%), pero también económica y simbólica. En conclusión, el estudio propone transitar hacia una democracia genérica mediante una “revolución simbólica” que incluya la creación de un Sistema de Cuidados Integral, el fortalecimiento de redes de sororidad y la aplicación rigurosa de la Ley 3 de 3 contra violentadores.