3. ¿Cómo medir la profesionalización de diputados y asambleas? Los cimientos metodológicos del Índice Compuesto de Profesionalización Legislativa (icpl)

Introducción

En las elecciones de diputados locales en Jalisco en 2021, un estudio realizado por el Observatorio Político Electoral (ope) reveló que la mayoría de los candidatos carecía de experiencia política y estudios universitarios. Según el análisis, 76% de los candidatos a diputados locales no tenía experiencia política previa y 53% no contaba con una carrera universitaria (Ríos, 2021).

Los perfiles analizados mostraron que solo 47% de las candidaturas a diputaciones tenía estudios universitarios o de posgrado, con una predominancia en las carreras de Derecho y Administración Pública. En cuanto a la experiencia política, solo 8% de los candidatos había ocupado entre dos y cuatro cargos políticos.

La coordinadora del observatorio, Mónica Montaño Reyes, destacó que estos indicadores, el nivel educativo y la experiencia política tenían un efecto significativo en la productividad de los políticos. En comparación con diputados federales con nivel educativo y experiencia política, tendían a ser más productivos en cuanto a las iniciativas que presentaban en un 50% y 20%, respectivamente.

Y es que en la Constitución Mexicana no se establecen requisitos específicos en cuanto a los conocimientos que deben poseer los ciudadanos que aspiren a ocupar un cargo legislativo. La ausencia de una exigencia de formación profesional o educativa ha llevado a la creación de un Congreso compuesto por una diversidad de personas con y sin títulos profesionales. Si bien esta apertura podría haber sido concebida con el propósito de hacer más democrática la conformación del Congreso, desafortunadamente ha generado problemáticas a la hora de desempeñar la función legislativa.

Uno de los principales retos radica en el profundo desconocimiento que algunas personas legisladoras tienen sobre los temas que deben abordar. Sin embargo, este problema no se limita únicamente a aquellos sin título profesional, sino que afecta en gran medida a la mayoría de los congresistas. Así pues, la falta de conocimientos adecuados ha puesto en entredicho la efectividad y calidad del trabajo legislativo.

Un hito relevante respecto a la exigencia de conocimientos para ocupar tan importante función legislativa se remonta al Constituyente de 1916. En aquel entonces se propuso que los candidatos debían saber leer y escribir, pero esta iniciativa no prosperó debido a que, en ese momento histórico, la mayoría de los ciudadanos mexicanos no contaba con estas habilidades.

En la actualidad el Congreso se compone de individuos con y sin título profesional, como abogados, médicos, ingenieros, contadores, arquitectos y otros especialistas. No obstante, es importante destacar que poseer un título no garantiza la capacidad para ejercer plenamente la función legislativa. Lo crucial no radica solo en la variedad de profesiones representadas, sino en asegurar que quienes ocupen estos cargos cuenten con los conocimientos idóneos y la pericia necesaria para legislar de manera efectiva, salvaguardando así la seguridad jurídica de la nación.

En este contexto, resulta evidente que la falta de instrumentos para medir la profesionalización legislativa con efectividad se ha convertido en un tema relevante. La ausencia de una carrera parlamentaria y una técnica legislativa adecuada ha llevado a la improvisación de muchos legisladores en el desempeño de sus funciones. Asimismo, la falta de personal calificado para el apoyo de sus tareas legislativas ha sido otra de las dificultades identificadas en la eficiente operación del Congreso.

A esto se añade el desafío de las cuestiones partidistas, que a menudo prevalecen sobre el compromiso genuino de legislar en beneficio de la nación. Esto ha llevado a que muchos temas importantes queden sin discusión, e incluso se congelen, afectando así el progreso legislativo y la toma de decisiones trascendentales para el país.

En capítulos precedentes de este libro exploramos los fundamentos conceptuales de la profesionalización legislativa.

Con base en una revisión exhaustiva alrededor de piezas de reflexión teórica y trabajos de investigación empírica establecimos que el núcleo de nuestro planteamiento es que tanto los perfiles de las diputaciones como la infraestructura y los recursos humanos disponibles en el ámbito de los congresos locales son factores cruciales para conformar una visión completa sobre la profesionalización de las asambleas en entornos democráticos.

También anticipamos las dificultades operativas que implica recuperar información valiosa para conformar indicadores que describan la profesionalización de los congresos. Particularmente en México prevalecen importantes restricciones de acceso informativo, como la falta de protocolos homologados para el despliegue y almacenamiento de información en congresos locales, la falta de centralización de la información, su fragmentación y la actualización inconsistente de la misma. Considerando estas limitantes, en el capítulo anterior a este detallamos la estrategia de recolección informativa explicando el conjunto de fuentes y métodos de recuperación empleados para obtener información precisa sobre integrantes y condiciones estructurales de congresos locales en México entre 2014 y 2022.

De acuerdo con la ruta argumentativa planteada para este libro, el presente capítulo tiene como objetivo plantear una estructura metodológica que permita ordenar, analizar y dar sentido al conjunto de datos recabados en este esfuerzo investigativo para así proponer una metodología para la medición de la profesionalización legislativa de los congresos subnacionales de México. Por ello, a lo largo de este acápite describiremos a detalle cada uno de los pasos seguidos para la conformación de un instrumento de medición, al que hemos llamado Índice Compuesto de Profesionalización Legislativa (icpl).

Elementos del Índice Compuesto de Profesionalización Legislativa (icpl)

Uno de los propósitos del Índice Compuesto de Profesionalización Legislativa (icpl) es proporcionar referentes de medición para otros trabajos investigativos interesados en describir y explicar el fenómeno de la profesionalización legislativa.

La naturaleza de la información y el posterior tratamiento metodológico de los datos le otorgan al icpl una importante característica: la replicabilidad. Es decir, el índice ha sido diseñado para que cualquier esfuerzo de investigación pueda usarlo como instrumento de medición de la profesionalización en otros contextos parlamentarios (nacionales y subnacionales), así como en diferentes momentos históricos.

Dada la acotada cantidad de congresos locales que sirven como fundamento empírico de este esfuerzo investigativo, así como las restricciones de acceso a información parlamentaria (enumeradas en el capítulo anterior), no es recomendable emplear el icpl como un definitivo de medición sino como un insumo de corte metodológico para futuros trabajos de aplicación práctica.

Esto se debe a que la materia prima para la construcción de nuestro índice está, en buena medida, sujeta a la disponibilidad de información precisa en dos ámbitos: a) las biografías de los legisladores, y b) los recursos (físicos, humanos y financieros) de los que dispone cada Congreso local.

Como se mencionó en el primer capítulo de este libro, definir los aspectos teóricos que definen a una asamblea profesional —bajo los parámetros de las democracias contemporáneas— es una tarea complicada. Ello se debe, en primer lugar, a que existen diversas perspectivas sobre lo que es una “asamblea profesional”. Y en segunda instancia se tiene el reto de identificar, visibilizar y medir el desempeño de órganos políticos tan cambiantes ante la existencia de restricciones de acceso informativo.

A partir de una revisión alrededor las discusiones teórico-metodológicas más recientes de la disciplina, así como un análisis de las condiciones político-institucionales y de acceso informativo en nuestro país, la estrategia que hemos decidido seguir para aproximarnos a la profesionalización legislativa se sustenta en dos grandes dimensiones analíticas:

1. las propiedades biográficas de quienes integran una asamblea, entendidas como capitales individuales que los miembros de una legislatura desarrollan a su paso por las esferas de la administración pública, la burocracia partidista y la arena parlamentaria (Bárcena, 2019); y
2. las condiciones estructurales y de desempeño del órgano parlamentario. Que refieren a aspectos organizativos, administrativos y de gestión del órgano parlamentario (Patrón y Camacho, 2017).

Si bien estas dos facetas de la profesionalización parlamentaria ya han sido ampliamente discutidas importa recordar que la profesionalización de los legisladores tiende a reflejarse en su habilidad para reconocer necesidades colectivas, procesar información con mayor eficiencia y generar salidas institucionales acordes con la demanda ciudadana. En tal sentido, la profesionalización de los congresistas aparece como solicitud compartida por toda democracia que aspire a un funcionamiento óptimo (Bárcena, 2019).

A razón de ello, la labor legislativa requiere competencias particulares, cuya adquisición puede hacerse en distintos ámbitos de la vida humana, aunque solo quienes se dedican a la política congresional de manera estable, la ven como su principal actividad y han sido capaces tanto de adquirir como de emplear las destrezas más valoradas dentro de la empresa parlamentaria pueden catalogarse como congresistas profesionales (Bárcena, 2019).

Así, un aspecto medular de la profesionalización legislativa es la posesión, desarrollo y despliegue de activos valiosos para el trabajo parlamentario por parte de los individuos (legisladores) adscritos a una asamblea (Bárcena, 2019).

Según Jiménez y Solano (2017, p. 292), en su estudio sobre los congresistas guerrerenses, “la trayectoria política individual de los legisladores define a las instituciones cuando, como colectivo, ejercen un rol determinado. Este rol se define en función de los atributos personales y la capacidad de desempeñar su ejercicio legislativo, así como de proponer soluciones en la vida política, se ve reflejada a partir de la experiencia de cada político”. En este sentido, los activos que deberían ser observables en los legisladores para que pueda considerárseles como profesionales del quehacer parlamentario se agrupan en:

1. Capital político. Que se observa en las relaciones de las diputaciones con sus electorados, sus partidos y otros elementos del sistema sujetos a representación. Este tipo de capital va relacionado con la socialización de los políticos en el sistema y se cultiva a lo largo de sus carreras, en su paso por distintos cargos de gobierno, encomiendas partidistas, espacios de participación ciudadana y contiendas electorales. Se consolida conforme un político va siendo reconocido entre la comunidad, dentro de su partido o en el seno de la asamblea, como un receptor eficaz de demandas públicas. En términos de Easton (2001), es un capital que ayuda al reconocimiento y atracción de inputs, en tanto que apela a la receptividad de los representantes para atraer demandas y apoyos importantes hacia el circuito parlamentario (Bárcena, 2019).
   
   En última instancia, este tipo de capital se refleja en congresistas con altos niveles de legitimidad y reconocimiento entre el electorado, los partidos y otros actores políticos relevantes. Esto se debe a su capacidad para incorporar en sus agendas representativas las preocupaciones de distintos elementos del sistema político.
   
   
2. Capital técnico. Vinculado al acoplamiento de las diputaciones a las reglas formales e informales que enmarcan el funcionamiento de sus respectivas asambleas. Estas competencias se definen por el cono- cimiento de temas específicos por parte de las personas congresistas. Aluden también a la comprensión de las reglas del proceso legislativo y finalmente se vinculan a habilidades personales como la negociación política (Bárcena, 2019).

En resumen, podemos decir que el paso de un legislador por ámbitos administrativos, académicos, parlamentarios y partidistas puede contribuir sustantivamente a su profesionalización.

Entre los estudios más recientes relacionados con la profesionalización legislativa en México destaca la investigación de Fabela (2020). Al analizar detenidamente la asamblea local del Estado de México el autor propone que los legisladores debiesen tener la habilidad de comunicar y expresar tanto dentro como fuera del ámbito legislativo, de manera análoga a como un docente se relaciona con sus alumnos. En el fondo de este llamado a la profesionalización en el Poder Legislativo yace la promesa de una mayor integridad nacional y el fomento del desarrollo social integral. Sus conceptos contemplan características esenciales que, si bien serían de carácter obligatorio, conllevarían beneficios tangibles para cada individuo dentro del Estado de México. A través de normativas generales se protegerían los derechos de los ciudadanos, y mediante supuestos jurídicos se proporcionarían soluciones a diversos conflictos y casos específicos.

Los resultados del estudio de Fabela (2020) revelan que dentro del total de representantes del Congreso mexiquense (75 diputaciones), un 58.66% (44 diputados) carece de una formación profesional adecuada para llevar a cabo sus funciones. Dentro de este grupo, 73.33% (33 diputaciones) de las elegidos por voto directo y 40% (12 diputados) de las seleccionadas de listas de representación carecen de niveles adecuados de profesionalización.

Asimismo, señala que la legislación vigente no establece la profesionalización como un requisito fundamental para aquellos que buscan representación en el Poder Legislativo local. No obstante, el autor enfatiza que un diputado es la personificación del pueblo y su presencia conlleva la posibilidad de contribuir a la construcción de una sociedad mejor. Esta contribución se basa en su ideología política, experiencia, astucia y conocimiento, lo que le permite proponer, debatir, aprobar o derogar conceptos legales.

Si bien la propuesta de Fabela (2020) se enfoca en el ámbito académico de la profesionalización, el estudio concluye que los legisladores, en especial aquellos en comisiones que tratan temas altamente técnicos especializados, deberían poseer una licenciatura en Derecho o un campo afín. Más allá de la posesión de un certificado de estudios, se requiere la presentación de un título y cédula profesional para demostrar la adquisición efectiva de conocimientos. Esta medida asegura un desempeño óptimo en sus funciones. En última instancia, la propuesta de Fabela (2020) busca implementarse en el Congreso del Estado de México con la finalidad de lograr un gobierno basado en resultados, gracias a la participación de los diputados y sus contribuciones a través de propuestas legislativas respaldadas por un nivel académico sólido para así fomentar un diálogo constructivo con los ciudadanos.

Posiblemente uno de los trabajos más depurados en torno a la medición de la profesionalización biográfica es el de Martínez (2020), que presenta un estudio sobre los legisladores en Ecuador y la evaluación de la calidad de los políticos. El autor introduce un índice innovador que combina indicadores relacionados con la preparación académica y experiencia fuera de la política.

Además de los puntajes individuales, el trabajo va un paso más allá al calcular la media de la profesionalización individual, ofreciendo así una visión panorámica del nivel promedio de profesionalización en cada formación parlamentaria analizada.

Con este enfoque, su estudio busca arrojar luz sobre el impacto de la profesionalización de los legisladores en los resultados políticos de Ecuador. Al analizar la preparación y experiencia de los políticos se busca una comprensión más profunda de cómo su formación influye en la toma de decisiones y en la calidad de la legislación que se produce. Este enfoque es esencial para entender cómo la formación de los legisladores puede tener un efecto significativo en el desarrollo y la eficacia del proceso legislativo del país.

Por otra parte, el aspecto estructural de los congresos refiere a un conjunto de incentivos (o si se quiere facilidades) para que los actores políticos encuentren en las asambleas espacios que resulten atractivos para el desarrollo de sus actividades parlamentarias y, por consiguiente, que sean útiles para el desenvolvimiento de sus propias carreras y el logro de sus ambiciones políticas dentro del sistema.

Desde esta perspectiva, las asambleas profesionalizadas son aquellas que cuentan con los recursos necesarios para consolidar su capacidad de respuesta en el sistema y que, en consecuencia, se erigen como arenas centrales en los procesos decisionales del ámbito público.

En lo que respecta a su profesionalización estructural, los congresos locales mexicanos han sido objeto de escaso análisis en el ámbito de la profesionalización legislativa. Un ejemplo notable en este sentido es el trabajo de Barraza (2020), quien coloca en el centro de la discusión el contexto cambiante de la administración pública, las presiones persistentes para las reformas en el sector público y las transformaciones en las élites legislativas a lo largo de los últimos años. Estos factores han desencadenado una creciente demanda y necesidad de introducir y aplicar mecanismos que garanticen la profesionalización y capacitación adecuada en el servicio público.

Entre los resultados del estudio, se resalta que en 25 congresos locales existe un sistema de servicio civil de carrera implementado. Por el contrario, en solo siete congresos no se ha establecido este sistema. Sin embargo, es crucial notar que, de esos 25 congresos, únicamente nueve han desarrollado un marco normativo sólido para regular su sistema de servicio civil de carrera. En los restantes 16 congresos este sistema está incompleto y solo se hace referencia a él en sus leyes orgánicas. Este hallazgo sugiere que en algunos casos no se ha implementado correctamente el servicio civil o profesional de carrera debido a la falta de un marco normativo definido que establezca los parámetros, criterios, directrices y procesos necesarios para su funcionamiento efectivo.

Si bien la preocupación de este estudio recae en el Congreso del estado de Sinaloa, donde se plantea que, además de incorporar el servicio civil de carrera en los parlamentos, es fundamental contar con un marco normativo regulador para evitar su implementación incompleta, un descubrimiento significativo se relaciona con la asamblea de Baja California. Aunque se estableció que el servicio civil de carrera estaría regulado por la Ley del Servicio Civil de los Poderes del Estado y Municipio de esta entidad, esta ley solo aborda la relación laboral de las autoridades en lugar de definir los aspectos esenciales del servicio civil de carrera.

Basándose en los resultados obtenidos, la autora plantea que los congresos locales de México continúan enfrentando deficiencias notables en la implementación técnica del servicio civil de carrera. Aunque muchos congresos han aprobado su establecimiento, la ausencia de normativas jurídicas sólidas que regulen de manera eficaz sus procedimientos es evidente. La debilidad de estos sistemas en el contexto legislativo en diversas entidades federativas subraya la necesidad de establecer estructuras normativas robustas para evitar la existencia de burocracias poco supervisadas.

Por lo tanto, Barraza (2020) propone de forma puntual que los congresos locales de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México desarrollen un marco normativo integral que regule de manera exhaustiva el sistema de servicio civil de carrera. Esto implicaría abordar elementos fundamentales para garantizar su eficacia y eficiencia en el contexto del Poder Legislativo en estas entidades federativas.

Lo anterior se relaciona con las facilidades provistas por las asambleas en su carácter de organizaciones para que, a través de su estructura física (recursos financieros y materiales) así como de la cantidad y calidad de sus recursos humanos.

De este modo, una asamblea estructuralmente profesionalizada promueve un desempeño colectivo competente facilitando a sus integrantes la consecución de sus metas (políticas y económicas), lo que redunda en órganos parlamentarios capaces de recolectar, procesar y resolver demandas sociales provenientes de la ciudadanía. Y es que cuando un colectivo político cuenta con órganos parlamentarios profesionales, los intereses ciudadanos son representados y procesados sensiblemente, las decisiones del gobierno son vigiladas con escrupulosidad y los ejercicios presupuestarios siguen un proceso de planeación, discusión y ejercicio eficiente (Bárcena y Sánchez, 2017).

En síntesis, una asamblea estructuralmente profesionalizada motiva a las diputaciones a dedicarse de tiempo completo a la labor parlamentaria, les provee de insumos materiales, humanos e informativos valiosos para realizar sus menesteres legislativos y aproximarse con mayor eficiencia a la consecución de objetivos tanto personales como colectivos (sea sociales, gremiales o partidistas); además de poseer una estructura administrativa bien definida en términos de tiempos, jerarquías, actividades y funciones que apoyan las labores de los congresistas.

Como resultado puede esperarse que los congresos altamente profesionalizados deliberen sobre asuntos de la más alta relevancia para la sociedad, consigan acuerdos en torno a dichos temas, hagan una efectiva vigilancia de otras instancias gubernamentales y estén abiertos al escrutinio público, propiciando mecanismos que transparenten tanto sus actos deliberativos como sus resoluciones.

Es esencial destacar que los procesos de profesionalización legislativa a nivel subnacional se desenvuelven en un contexto donde los propios legisladores resaltan la importancia de brindar atención personalizada para abordar los problemas ciudadanos y asegurar una representación efectiva. Sin embargo, según las observaciones de Montaño (2020), esta dinámica enfrenta una crisis de confianza hacia la figura del diputado, a pesar de la coherencia del sistema electoral y la arraigada tradición de representación territorial.

Esta desconfianza ciudadana se amplifica en un entorno donde los legisladores enfrentan el desafío de representar tanto a sus distritos como a su partido político y al estado en su conjunto. Aunque los ciudadanos buscan que los diputados proporcionen soluciones individuales a los problemas de gestión pública, persiste una percepción generalizada de falta de confiabilidad. Esta problemática se nutre de las dinámicas políticas y la competencia entre el gobierno y la oposición, aspectos que encuentran su manifestación en la institución del Congreso.

En tal sentido, la relación entre grupos de interés, sociedad civil y legisladores se torna compleja en este contexto de competencia política y tensiones entre actores gubernamentales y opositores. Además, el nivel de conocimiento ciudadano sobre temas parlamentarios y la complejidad inherente a la actividad legislativa influyen en la participación y el diálogo con los diputados, generando un terreno donde las interacciones se ven influidas por una variedad de factores.

En resumen, tal como Montaño (2020) destaca, la atención personalizada de los legisladores para resolver problemas ciudadanos y asegurar una representación eficaz adquiere relevancia. Sin embargo, esta dinámica se enfrenta a una crisis de confianza hacia los diputados, a pesar de la congruencia del sistema electoral y la arraigada tradición territorial. La complejidad surge del desafío que enfrentan los legisladores al representar múltiples intereses. Las complejas dinámicas políticas y las tensiones entre el gobierno y la oposición impactan en esta percepción y complican las relaciones con grupos de interés y la sociedad civil. La interacción entre el nivel de conocimiento ciudadano y la complejidad legislativa también moldean esta relación, generando una imagen multifacética y en constante evolución de la representación parlamentaria.

Tras esta breve recapitulación en torno al concepto de profesionalización, en sus vertientes biográfica y estructural, procedemos a nuestra propuesta de operacionalización investigativa. En el cuadro 3.1 se expresan las dimensiones y atributos de congresos y congresistas que sirven como referente analítico para nuestro Índice Compuesto de Profesionalización legislativa (icpl). El esquema subsecuente plantea las relaciones establecidas entre el nivel conceptual y operativo del índice que se desarrollará en párrafos subsecuentes.

Cuadro 3.1. Estructura metodológica del Índice Compuesto de Profesionalización Legislativa (icpl)

Unidad de observación	Referente teórico	Indicador	Descripción del indicador
Diputaciones	1.Biográfica	1.1. Experiencia administrativa	Promedio (años) de experiencia administrativa (federal, estatal y municipal) de las diputaciones locales
		1.2. Experiencia legislativa	Promedio (años) de experiencia legislativa (local y federal) de las diputaciones locales
		1.3. Experiencia partidista	Promedio (años) de afiliación partidista de las diputaciones locales
		1.4. Escolaridad	Porcentaje de diputaciones con estudios de nivel superior, maestría o doctorado
Asambleas	2.Estructural	2.1. Parque vehicular	Automóviles, camiones, camionetas, motocicletas u otros vehículos (por representante)
		2.2. Telecomunicaciones	Aparatos telefónicos (por congresista)
		2.3. Equipo informático	Computadoras, impresoras, multifuncionales, tabletas electrónicas y servidores (por diputación)
		2.4. Presupuesto	Presupuesto anual solicitado por la asamblea (costo por representante)
		2.5. Dieta	Sueldo mensual promedio (por congresista)
		2.6. Asesoría	Asesores parlamentarios asignados (por diputación)

Fuente: Elaboración propia.

Componentes del icpl

Establecidas tanto las directrices conceptuales como los referentes operativos de lo que constituye un congreso profesional procederemos a plantear el diseño metodológico del icpl con el objeto de hacer medible la profesionalización parlamentaria, a partir de las categorías definidas del esquema anterior.

Para ello importa recordar que el núcleo empírico de este proyecto se encuentra contenido en un banco de datos, el cual se construyó a partir de información documental pública recuperada mediante extracciones automatizadas y manuales de sitios de internet (más otras fuentes), así como a partir de instrumentos de recolección propios.³

Nuestro banco informativo se construyó siguiendo la estructura de índices y subíndices de engranado fino con base en dos dimensiones analíticas generales: 1) la profesionalización biográfica; y 2) la profesionalización estructural de los congresos locales de México, con datos que comprenden el periodo 2014-2021.

Esto se debe a que el marco conceptual de esta investigación contempla un conjunto de atributos correspondientes a cada dimensión de la profesionalización que se operacionalizan en 10 indicadores (cuatro de la dimensión biográfica y seis de la dimensión estructural de la profesionalización legislativa) (véase el cuadro 3.1).

La prioridad en el proceso de selección de indicadores se orientó por los principios investigativos de

1. consistencia: el grado en que los indicadores puedan capturar y reflejar el significado de las dimensiones teóricas de la profesionalización; y
2. amplitud y parsimonia: que propone la selección de ítems lógicamente relacionados, pero a la vez distintos entre sí para proporcionar una cobertura metodológica sólida, reducir el error idiosincrático y permitir estimaciones de incertidumbre en la medición de las distintas dimensiones de profesionalización.

Bajo esta lógica, el marco metodológico de nuestro índice se sustenta en el presupuesto de que mientras más atributos se contemplen en las observaciones, más profesionales serán los congresos, y por tanto la satisfacción de estos principios no se expresa como un asunto de presencia-ausencia sino como un tema de graduación que permitirá ordenar a los congresos de mayor a menor profesionalización. Esta elección basada en atributos granulares y estimaciones de incertidumbre sin umbrales sustantivos responde a una perspectiva gradualista que es empleada para superar distinciones absolutas entre asambleas.

Indicadores biográficos del icpl

Antes de describir la metodología para el cálculo del icpl es preciso detallar la naturaleza de cada uno de los componentes que conforman dicho instrumento. Al tratarse de un índice de agregación, los valores que, por ahora, se les asignan a las 64 asambleas locales aquí contempladas corresponden a la media aritmética de cada uno de los 11 elementos (indicadores) de profesionalización legislativa.

Por ejemplo, el dato que se reportará en líneas subsecuentes, sobre experiencia en la administración pública, está expresado como el promedio de años que los integrantes de cada Congreso subnacional desempeñaron en cargos administrativos federales, estatales y municipales antes de tomar posesión como diputados locales.

La información que conforma al elemento biográfico en cada Congreso local se obtuvo de la base de datos llamada “biografías”, la cual contiene información de los antecedentes político-partidistas de cada uno de los 2 237 congresistas que integraron las 64 asambleas locales que aquí analizamos.

Nuestro primer indicador biográfico provino de los años de experiencia administrativa de personas congresistas. El cálculo del promedio de años de experiencia administrativa previa⁴ se realizó siguiendo estos pasos: primero sumamos los años de experiencia administrativa de todos los congresistas de cada asamblea subnacional (considerando los tres ámbitos de gobierno federal, local y municipal) a partir de la siguiente fórmula:

x_i = (años de experiencia en a.p. federal) + (años de experiencia en a.p. estatal) + (años de experiencia en a.p. municipal).

Sumados los años de experiencia administrativa (federal + local + municipal) de cada integrante de las 64 legislaturas subnacionales de México, procedimos a realizar una suma general de años acumulados de experiencia administrativa en cada legislatura. Posteriormente, el resultado de dicha suma se dividió entre la cantidad de congresistas en la asamblea, como se expresa en la fórmula:

Donde:

xi = suma de años de experiencia administrativa (federal, estatal y municipal) de la diputación i

xii = suma de años de experiencia administrativa de la diputación ii… hasta la n

n = total de diputaciones en la asamblea

El segundo indicador biográfico de nuestro índice está conformado por los años de experiencia parlamentaria de los integrantes de las asambleas locales. En este caso los valores de experiencia legislativa se basaron en el promedio de años de experiencia parlamentaria local y federal de las personas congresistas,⁵ usando la siguiente fórmula:

Donde:

xi = suma de años de experiencia legislativa (local y federal) del congresista i

xii = suma de años de experiencia legislativa del congresista ii… hasta el congresista n

n = total de legisladores en la asamblea

Para medir la experiencia partidista de los miembros de una asamblea local (dato que conforma el tercer indicador biográfico del icpl) seguimos el mismo procedimiento que para los dos elementos anteriores. Nuevamente recurrimos a nuestra base de biografías para conocer la cantidad de años que cada legislador reportó haber estado afiliado a algún partido político.

Para precisar el cálculo del indicador de experiencia partidista empleamos la siguiente fórmula:

Donde:

xi = suma de años de afiliación partidaria del congresista i

xii = suma de años de experiencia administrativa de la diputación ii… hasta la n

n = total de diputaciones en la asamblea

El cuarto y último indicador del segmento biográfico en el icpl (escolaridad) también se extrajo de nuestra base de biografías, que rescató información sobre el nivel académico reportado por cada una de las diputaciones locales que ejercieron el cargo entre 2014 y 2021.

A diferencia de los dos elementos anteriores —cuya codificación se basaba en propiedades atribuibles a cada representante expresadas a manera de variables escalares (datos de conteo que podían ir desde los 0 hasta los 99 años de experiencia)—, el nivel de estudios se codificó como una propiedad categórica de ausencia/presencia expresada del siguiente modo: 1 = la diputación cuenta con estudios de licenciatura; 0 = la diputación no cuenta con estudios de licenciatura. La forma de cálculo por congreso se basó en un cociente simple dado por los siguientes términos:

La naturaleza del indicador “escolaridad” llevó a que este pudiera adquirir valores porcentuales entre 0 y 1. Donde un valor de “0” significaría que ningún integrante de la legislatura local comprobó estudios superiores o de posgrado, y “1” supondría que todos los miembros (o el 100%) de la asamblea cumplieron con dicha propiedad.

A continuación se presentan los principales estadísticos descriptivos de los indicadores biográficos de profesionalización en las 64 asambleas locales analizadas en nuestro estudio.

Cuadro 3.2. Descriptivos de los indicadores biográficos de profesionalización

Indicador	Observaciones	Media	Desviación estándar	Valor mínimo	Valor máximo
1.1. Experiencia administrativa	64	4.374	1.324	1.400	8.262
1.2. Experiencia legislativa	64	1.116	0.558	0.120	2.760
1.3. Experiencia partidista	64	9.400	2.586	3.267	14.148
1.4. Escolaridad	64	0.816	0.096	0.450	1.000

Fuente: Elaboración propia.

Indicadores estructurales del icpl

Previo a la descripción de los elementos estructurales de profesionalización que hemos seleccionado para nuestro índice resulta de importancia señalar que además de seguir los principios de consistencia y amplitud, la conformación de indicadores para describir la profesionalización estructural de las asambleas posee un carácter comparativo que por sí mismo controla la varianza de manera natural. Es decir, a pesar de que la medición incluya congresos con dimensiones diversas en términos de integrantes, presupuestos, estructuras organizativas internas, etc., nuestros indicadores de profesionalización estructural han sido diseñados con denominadores de modulación que funcionan a manera de referentes contrastables.

La información que conforma al elemento estructural de cada congreso local se obtuvo de la base de datos llamada “legislaturas”, la cual contiene información de las características estructurales, presupuestales y de recursos humanos en cada una de las 64 asambleas locales contempladas para este estudio.

Todos los indicadores dentro del bloque de infraestructura física de los congresos fueron recuperados del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales del inegi.

Dado que el proyecto censal del inegi no contempla todos los años de nuestro estudio, usamos como referencia los datos de 2017 y 2020. Con esto cubrimos tanto las legislaturas que empezaron sus funciones entre el pe-riodo de 2014 a 2016 y aquellas que comenzaron a operar en un segundo periodo que va de 2017 a 2019.

En el documento de diseño del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales del inegi⁶ se hace referencia a cada uno de los conceptos de estructurales de profesionalización contemplados en nuestro marco conceptual. Sin embargo, como adelantamos en el primer capítulo de este libro, la profesionalización estructural se conforma por tres bloques de componentes. El primero de estos tiene que ver con la infraestructura física de la cual disponen las asambleas y sus integrantes para la realización del trabajo parlamentario. El censo del inegi define a los recursos materiales como la cantidad de recursos con los que cuenta el personal de una institución para apoyar el desarrollo de su trabajo y actividades.

Para fines de nuestro análisis hemos excluido algunos de los recursos materiales considerados por el censo y solamente hemos dejado los de parque vehicular, infraestructura en telecomunicaciones y equipo informático.

El parque vehicular refiere a la cantidad de automóviles, camiones, camionetas, motocicletas u otras características similares disponibles para su uso en el Congreso local.

Toda vez que este indicador está originalmente expresado en el Censo Nacional de Poderes Legislativos como una cantidad que va desde los dos vehículos⁷ hasta las 343 unidades,⁸ se tiene una enorme varianza que podría sesgar el índice favoreciendo a aquellos congresos que cuentan con una cuantiosa infraestructura vehicular. Para moderar estas discrepancias establecimos un paso metodológico intermedio en la construcción del indicador. Este consiste en dividir la cantidad de vehículos disponibles en un congreso entre el total de congresistas que conforman dicha asamblea.

Donde:

pν = automóviles, camiones, camionetas, motocicletas u otras características similares disponibles para su uso en el congreso local

n = total de diputaciones en la asamblea

Con ello obtuvimos un número cociente mucho más controlado, cuyos valores oscilaron entre .05 y 4.5 vehículos por legislador. El dato más bajo correspondió a la LXVII Legislatura de Chiapas (2018-2021), que reportó dos vehículos en un congreso de 40 integrantes; mientras que la cifra divisora más alta se registró en la LX Legislatura del Estado de México (2018-2021), con 343 vehículos para 75 diputaciones.

Nuestro segundo indicador de profesionalización estructural también se obtuvo del Censo Nacional de Poderes Legislativos y se relaciona con la infraestructura de telefonía con la que se encontraban equipadas las asambleas locales. En este caso seleccionamos como dato base la cantidad de equipos telefónicos (fijos y móviles) por legislatura. Ahí encontramos una variedad de datos que iban desde los 10 aparatos telefónicos en la LXVIII Legislatura de Durango (2018-2021) hasta los 808 dispositivos en la LIX Legislatura del Estado de México (2015-2018).

Al igual que lo realizado con el parque vehicular, dividimos el total de aparatos telefónicos en cada congreso local entre la cantidad de legisladores en el Congreso, obteniendo así un rango de datos que osciló entre los .4 aparatos telefónicos por diputación (LXVIII Legislatura de Durango, 2018-2021) y los 11.5 en la LXI Legislatura de Jalisco (2015-2018), a partir de la siguiente fórmula:

Donde:

at = equipos telefónicos (fijos y móviles) disponibles para su uso en el congreso local

n = total de diputaciones en la asamblea

Como tercer indicador de profesionalización estructural incluimos el dato sobre el equipo informático (conformado por computadoras, impresoras, multifuncionales, tabletas electrónicas y servidores) disponible en cada asamblea. Este elemento estructural extraído del Censo Nacional de Poderes Legislativos se volvió de particular importancia a partir de 2020, toda vez que el propio documento de diseño del censo establece que:

derivado de la pandemia por la covid-19, se vuelve indispensable conocer los servicios de conexión remota con los que cuentan las instituciones del Estado Mexicano para hacer frente a las necesidades de recuperación o acceso a la información por parte del personal que presta sus servicios a distancia. Estos servicios de conexión remota son entendidos como aquellos que posibilitan a los usuarios conectarse por red a otro ordenador como si se accediera desde el propio ordenador, permitiendo utilizar y/o extraer información y datos. Un ejemplo de estos servicios es la vpn, que permite conectar una o más computadoras a una red privada utilizando internet.

En el caso de este indicador obtuvimos la cantidad total de dispositivos que conforman el equipo informático de cada congreso local. Encontramos una varianza entre congresos que reportaron 65 dispositivos (LX Legislatura de Coahuila, 2015-2018) hasta los 1 788 elementos de equipo informático que se registraron en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México (2018-2021). Para establecer cifras comparativas y controlar la importante varianza entre casos, dividimos la cantidad de dispositivos informáticos entre el total de legisladores en cada asamblea local. Como resultado obtuvimos un cociente que fue desde 2.5 (Coahuila, LX Legislatura) hasta 27.1 en la I Legislatura de la Ciudad de México. Veamos la siguiente fórmula:

Donde:

ei = computadoras, impresoras, multifuncionales, tabletas electrónicas y servidores disponibles para su uso en el Congreso local

n = total de congresistas en la asamblea

El segundo bloque de componentes que conforman la profesionalización estructural se refiere a las capacidades presupuestarias de los congresos locales. El principio detrás de la selección de este bloque como factor de profesionalización es que aquellos congresos que cuentan con presupuestos suficientes para financiar su operación, los sueldos de sus integrantes y el correcto funcionamiento de sus recursos materiales son más eficaces que aquellas asambleas que difícilmente pueden solventar económicamente su operación.

De acuerdo con el documento de diseño del Censo Nacional de Poderes Legislativos, los recursos presupuestales representan la cantidad de recursos financieros con los que cuenta determinada institución para retribuir el uso y aprovechamiento de los recursos con los que cuenta para el desarrollo de su función y actividades.

El primero de los indicadores presupuestales que hemos incluido en el índice es el de presupuesto anual solicitado por los congresos desde el proyecto de egresos de cada entidad.

Como se podría esperar, la varianza entre congresos en términos presupuestales es bastante amplia. Por ejemplo, la VI Legislatura de la Ciudad de México (2015-2018) solicitó un presupuesto de casi 2 000 millones de pesos para el ejercicio de 2017, mientras que la menor cifra presupuestal la reportó la LXII Legislatura de Yucatán (2018-2021) al solicitar alrededor de 150 millones para su ejercicio de 2019.

Siguiendo el principio de contrastabilidad que se definió como uno de los ejes metodológicos en nuestro índice, presentar las cifras presupuestales anuales en bruto podría ser una fuente de sesgo para los datos, por lo que cada ejercicio presupuestal de los congresos analizados fue dividido entre el total de legisladores. Esto nos permitió calcular un costo anual de las asambleas por diputado. Así, obtuvimos cocientes que oscilaron entre los 3 731 pesos por diputado en la LVIII Legislatura de Colima hasta los 28 800 pesos que costó un legislador en promedio, en la VI Legislatura de la Ciudad de México. Veamos la siguiente fórmula para el cálculo presupuestal por legislador:

Donde:

pres = Monto presupuestal solicitado por el Congreso local para sus ejer- cicios de 2017 y 2020

n = total de diputaciones en la asamblea

El otro indicador presupuestal empleado en nuestro índice consistió en calcular la “dieta” o sueldo bruto mensual promedio que recibieron las diputaciones de cada congreso local durante sus años de servicio. Según el Censo Nacional de Congresos Locales, este sueldo o dieta refiere a la percepción económica que recibe cada uno de los legisladores por el desempeño de sus actividades, la cual incluye su remuneración mensual, así como los gastos por concepto de asistencia legislativa, atención ciudadana, gestión parlamentaria y otros.

Importa decir que tanto los sueldos como las solicitudes presupuestales de los congresos se introdujeron en nuestra base de datos como cifras deflactadas a pesos corrientes de 2021, toda vez que eso nos permitió hacer contrastes entre montos monetarios de años diferentes en términos reales. Con ello controlamos fluctuaciones inflacionarias y pudimos establecer comparaciones en términos reales sobre los sueldos y presupuestos. Veamos la fórmula para calcular el indicador sobre salarios de los congresos locales:

Donde:

sb₁ = sueldo bruto por diputación en el año 1 de la legislatura

sb₂ = sueldo bruto por congresista en el año 2 de la legislatura

sb₃ = sueldo bruto por diputado en el año 3 de la legislatura

n = total de representantes en la asamblea

El tercer bloque de la profesionalización estructural tiene que ver con los recursos humanos con los que cuentan las asambleas locales y los legisladores, en lo particular.

Incluir como indicador de profesionalización a toda la estructura general del personal de un congreso podría resultar atractivo en términos metodológicos. Sin embargo, un estudio reciente del Instituto Mexicano para la Competitividad (imco) encontró un sobredimensionamiento en la nómina del Congreso local de Jalisco. De acuerdo con este reporte existe un desbalance en el número de empleados auxiliares administrativos y disparidad en sueldos para personal que tiene el mismo cargo o por nivel de escolaridad.⁹

Dicho reporte incluso motivó a los integrantes de la asamblea a hacer revisiones a la nómina con el objeto de hacer una reingeniería basada en el servicio civil de carrera (Rivas, 2023).

Teniendo en cuenta la posibilidad de casos como el arriba mencionado, nuestro índice ha optado por no incluir al personal general como un indicador de profesionalización. Sin embargo, estimamos pertinente considerar dentro del bloque de recursos humanos al personal que realiza tareas de consultoría y asesoría para los legisladores que integran la legislatura en funciones. Para obtener el dato de los equipos especializados en asesoría consideramos al personal adscrito a los grupos parlamentarios, a las representaciones legislativas y a los congresistas, excluyendo a los secretarios técnicos de los órganos de gobierno y dirección, direcciones administrativas, técnicas, jurídicas y de investigación, así como de órganos y unidades.

En la mayoría de las asambleas subnacionales la normatividad interna hace una distinción entre el personal de apoyo según el nivel de incidencia: asesores técnicos A, B y C o rango 1, 2 o 3. Sin embargo, para este trabajo investigativo se consideraron los asesores nivel B y C (2 y 3), dado que usualmente son los asignados para el apoyo a los grupos parlamentarios y a las diputaciones locales.

La cantidad de asesores por congreso varió entre los 33 y los 1 289. Al dividir la cantidad de asesores entre los legisladores de cada asamblea local observamos que en un diputado de la LXII Legislatura de Tabasco (2016-2018) tuvo en promedio 1.2 asesores. Mientras que un congresista de la I Legislatura de la Ciudad de México (2018-2021) se acompañó en promedio de 20 asesores durante su mandato.

Donde:

ase = asesores legislativos

n = total de congresistas en la asamblea

A manera de resumen de este segmento capitular se presenta el siguiente cuadro con los principales descriptivos generados para los indicadores estructurales de profesionalización de nuestro índice. Los valores reportados son, en todos los casos, los cocientes de la cifra bruta entre el tamaño de las legislaturas determinado por la cantidad de congresistas que los conformaron.

Cuadro 3.3. Descriptivos de los indicadores estructurales de profesionalización

Indicador	Observaciones	Media	Desviación estándar	Valor mínimo	Valor máximo
2.1. Parque vehicular	64	0.716	0.854	0.050	4.57
2.2. Telecomunicaciones	64	5.456	2.586	0.400	11.54
2.3. Equipo informático	64	8.953	4.501	2.600	27.09
2.4. Presupuesto*	64	11 980	6 332	3 731	28 834
2.5. Dieta**	64	85 040	27 710	44 480	169 890
2.6 Asesoría	64	4.17	2.84	1.18	19.54

* Costo promedio por diputado en miles de pesos corrientes de 2021.

** Sueldo mensual bruto promedio de las diputaciones en miles de pesos corrientes de 2021.

Fuente: Elaboración propia.

Metodología para la construcción del icpl

Habiendo generado los 11 valores arriba descritos para cada una de las 64 asambleas subnacionales de nuestro estudio el siguiente paso metodológico consistió en la construcción de un índice que califique tanto la profesionalización biográfica como la estructural de los congresos locales en México.

En dicha tarea recurrimos a técnicas de reducción de dimensionalidad que tienen por objeto hallar la estructura subyacente en una matriz de datos a partir de las interrelaciones entre un conjunto de indicadores (ítems) teoréticamente relacionados por la determinación de una serie de dimensiones comunes, conocidas como factores (Hair, 1999).

Para Comrey (1985), uno de los objetivos del análisis factorial es la conformación de medidas de un conjunto de variables a fin de poseer alguna idea sobre qué construcciones pueden usarse para explicar las correlaciones entre esas variables.

El análisis factorial resulta la técnica idónea para nuestra estructura de datos, toda vez que rastrea unos pocos factores (q) que linealmente permiten reconstruir o representar un conjunto original p de variables:

Donde:

y_ij es el valor de la i-ésima observación en la j-ésima variable,

z_ik es la i-ésima observación en el k-ésimo factor común,

b_kj es el conjunto de coeficientes lineales denominados cargas factoriales [factor loadings], y

e_ij es similar al residual de una regresión, aunque conocido como el j-ésimo factor único de la variable.

Asumimos que los indicadores que hemos seleccionado para medir cada una de las dos dimensiones de la profesionalización legislativa contienen una estructura subyacente capaz de generar un valor que aglutine todos los ítems en un solo índice que permita conocer el grado de profesionalización biográfica y estructural de cada congreso local.

Todos los indicadores que arriba fueron descritos se codificaron como datos escalares que bien pueden indicar los años promedio de experiencia de los integrantes de una legislatura, el promedio de las dietas mensuales de los diputados, etc. En la gráfica 3.1 se muestran las distribuciones de cada uno de los cuatro indicadores que confirmarán el segmento biográfico del icpl.

En la gráfica 3.2 se pueden observar los 7 ítems que conforman la parcela estructural del icpl. Nótese que prácticamente los 11 indicadores que conforman el icpl describen una distribución susceptible de ser considerada normal, pues las líneas oscuras gruesas de las gráficas tienen una disposición muy similar a una distribución con funciones de densidad normales.

A lo largo de su trabajo sobre técnicas de análisis factorial en el campo de la psicología social, Domínguez Lara (2016) ha sugerido que el uso de la correlación producto-momento de Pearson es frecuente en un amplio número de estudios que emplean dicho recurso en el tratamiento de variables. Este acercamiento es en particular útil cuando se analizan ítems o variables escalares por sobre de categorías para la generación de índices, y cuando además dichos ítems describen distribuciones preponderantemente normales.

Por tanto, se asume la viabilidad de emplear métodos por matrices de correlación de Pearson. Los correlogramas que se observan a continuación proporcionan un acercamiento relativamente fidedigno a la comunalidad general de nuestros ítems. Mientras más oscuro es el relleno de los cuadrados, el coeficiente se aproxima más los valores de 1 o –1, y por tanto, mayor es el nivel de correlación que existe entre las variables referidas.

Para mayor precisión en este análisis inicial hemos recurrido a algunas pruebas específicamente diseñadas para conocer si las matrices antes expuestas son factorizables, partiendo del principio de que al haber relaciones inerciales significativas entre elementos habría posibilidades interesantes para una aproximación factorial (véase el cuadro 3.4).

Cuadro 3.4. Pruebas de viabilidad factorial de las matrices de datos sobre profesionalización

Prueba	Matriz
	Profesionalización biográfica	Profesionalización estructural
Determinante de correlaciones	0.435	.138
Esfericidad de Bartlett	50.675*	119.219*
Medida Kaiser-Meyer-Olkin	0.748	.709

* p<.00001

Fuente: Elaboración propia.

La primera prueba (determinante de correlaciones de la matriz de datos) se ha planteado como una forma de medición de multicolinealidad entre los ítems de cada matriz. El objeto de esta prueba es restringir la conformación de modelos estadísticos innecesariamente complejos y mantener la parsimonia. Es decir, hallar la estructura subyacente en un conjunto de datos con el mínimo necesario de elementos en su composición. En cuanto a sus valores, se asume conforme el volumen de correlación de una matriz decrece, el valor del determinante se aproxima a 1. Así, si el resultado del determinante fuera 1, esto se debería a una nula correlación entre los ítems o elementos de una matriz. Por ello son sujetas a ser factorizadas solo aquellas matrices cuyos resultados en el determinante de correlaciones, sean superiores a .00001. Nótese que para nuestras dos matrices el valor de la prueba es superior a la indicada por lo que, de inicio, se puede decir que nuestras matrices de datos son sujetas a ser factorizadas.

Por su parte, la prueba de esfericidad de Bartlett busca comprobar la hipótesis de que la matriz de correlaciones planteada no presenta correlaciones. La hipótesis nula a prueba plantea entonces que las variables o ítems no están correlacionados, por lo que un valor p >.0001 en dicha prueba permitiría rechazar la hipótesis nula de no interrelación. En ambas matrices el valor de la prueba de esfericidad de Bartlett arroja valores p por debajo del umbral de rechazo de hipótesis nula de .0001, lo que fortalece nuestra intención de practicar una reducción de elementos por el método factorial.

Por último, la medida de adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) compara la magnitud de los coeficientes de correlación observados con la magnitud de los coeficientes de correlación parcial. Si las correlaciones parciales son relativamente altas, en contraste con las correlaciones observadas, el valor de la prueba KMO tenderá a ser pequeño, indicando que una representación de menor dimensionalidad de datos no será realizable.

Los criterios estadísticos del tipo “regla formal” deben ser tomados con cautela dependiendo del objeto de investigación con el cual estemos lidiando. No obstante, según el propio Kaiser (1974), los valores de KMO pueden ser evaluados a partir de los siguientes parámetros de referencia: 0.00 a 0.49 = inaceptable; 0.50 a 0.59 = miserable; 0.60 a 0.69 = mediocre; 0.70 a 0.79 = regular; 0.80 a 0.89 = meritorio; y 0.90 a 1.00 = excelente.

Bajo los parámetros generales de la prueba KMO, nuestras dos matrices pueden considerarse como regulares. Ninguna cae en el rango de inaceptabilidad.

Con todo lo anterior se puede sostener que tanto nuestra matriz de datos de profesionalización biográfica como la de profesionalización estructural cumplen con los requisitos iniciales para ser tratadas mediante técnicas de factorización. El siguiente paso consiste en seleccionar la técnica factorial específica de reducción de dimensionalidad.

El método de factores por componentes principales (principal-component factor) es empleado como una manera de obtener combinaciones lineales no correlacionadas de p variables. Este método asume que las comunalidades son iguales a 1; es decir, presupone que no hay factores únicos o con alto grado de unicidad, tal como lo han demostrado nuestros datos hasta ahora. Este método está orientado a tratar de reducir el espacio dimensional de nuestro conjunto original de variables dando cuenta de la mayor cantidad de varianza posible, y no necesariamente de la covarianza entre los ítems originales. Como se verá más adelante, en nuestras matrices de datos no existen valores que presenten altos grados de unicidad.

Ahora bien, el primer componente calculado a partir de esta técnica se define teniendo en cuenta que este trate de ajustar o dar cuenta de la mayor cantidad de varianza de nuestros datos; posteriormente el segundo se define de forma similar, con la condición de que su eje deberá ser perpendicular al primero.

Después de la selección de la técnica se debe tomar una decisión sobre la matriz subyacente de correlaciones entre ítems. Para ello se recorre un camino peculiar dado por la rotación. En este caso hemos optado por una rotación de tipo ortogonal que se caracteriza por garantizar que los factores obtenidos no estarán correlacionados entre sí. Con este tipo de rotación se evitan los problemas de una varianza redundante, por lo cual es posible generar un factor final único cuyo resultado sea la suma ponderada de los factores retenidos para definir el grado de profesionalización de cada congreso local.

La primera matriz que empleamos para ajustar este proceso de reducción de dimensionalidad es la de profesionalización biográfica. Esta se observa en el cuadro 3.5.

Como paso inicial del análisis de factores por componentes principales mostramos los resultados del ajuste previo a la rotación. El valor raíz o eigenvalue del cuadro sirve como un indicio de la varianza asociada al factor. Como se podrá hacer notar los factores están ordenados de manera que cada uno de ellos aglutina cantidades decrecientes de varianza.

Por su parte, las últimas dos columnas expresan las proporciones o pesos relativos (individuales y acumulados) de cada factor en la varianza total de la profesionalización biográfica. Como se puede observar, el primer factor calculado expresa 52.1% de la varianza. Si a este se sumara el segundo, se explicará entonces el 76% de la varianza en los casos. Con miras a capturar una mayor proporción de la varianza hemos optado por retener los dos primeros factores en el modelo ajustando el valor mínimo de valores raíz a .9.

Finalmente, al pie de la tabla presentamos una prueba de hipótesis de verosimilitud (likelihood-ratio test), en la cual se contrasta que un modelo independiente o no factorial ajusta más óptimamente a la matriz de correlaciones observadas, en contraste con un modelo saturado o de ajuste-perfecto, donde: H₀ = Modelo_nf ajusta mejor; H₁ = Modelo_f ajusta mejor. Dado que el valor p de la prueba de hipótesis fue menor a .0001, con un valor chi cuadrado de 45.14, podemos asumir que un modelo factorial es viable para nuestra matriz de datos.

Cuadro 3.5. Factorización por componentes principales de la profesionalización biográfica

Factor	Valor raíz	Proporción	Acumulada
1	2.084	0.521	0.521
2	0.951	0.238	0.759
3	0.598	0.150	0.908
4	0.367	0.092	1.000

Prueba LR: independiente vs. saturada: chi² (6) = 52.52; prob>chi²=0.0000

Fuente: Elaboración propia.

Adicional a la anterior salida presentamos un segundo cuadro con el desglose de cargas factoriales y varianzas únicas asociadas a cada variable. Conviene destacar que las soluciones obtenidas no han sido sometidas a una alternativa de rotación. Estas únicamente indican los pesos y las correlaciones entre cada variable y el factor. Mientras más grande es la carga, más relevante es la contribución de la variable en la definición de la dimensionalidad del factor.

Por su parte, la unicidad es comprendida como la varianza única asociada a la variable y que no está relacionada con algún otro de los ítems del conjunto original. Esta se puede deducir a partir de la noción de 1-comunalidad, donde la comunalidad es la varianza compartida con otras variables. Mientras más grande sea la unicidad, más baja será la relevancia de la variable correspondiente en el modelo factorial.

En el cuadro 3.6 se presentan las cargas rotadas tras haber optado por la selección de dos factores en el modelo.

Cuadro 3.6. Cargas factoriales y varianzas únicas (posteriores a rotación ortogonal) de la profesionalización biográfica

Variable	Factor 1	Unicidad
Experiencia en administración pública	0.835	0.303
Experiencia legislativa previa	0.479	0.770
Experiencia partidista	0.839	0.297
Escolaridad	0.674	0.546

Fuente: Elaboración propia.

Ahora seguiremos este mismo proceso para ajustar un modelo de reducción de dimensionalidad a la matriz de profesionalización estructural. Del cuadro 3.7 amerita destacar que bajo los preceptos del criterio Kaiser-Guttman (que sugiere retener los factores con un valor raíz superior a 1), hemos decidido retener los primeros dos factores del modelo que en su conjunto explican 66% de la varianza referente a la profesionalización estructural.

Asimismo, la prueba de hipótesis, con un valor p inferior a 0.0001, valida el uso del método para la construcción de un modelo de reducción de dimensionalidad como forma eficaz para explicar el fenómeno de la profesionalización estructural en los congresos locales de México.

Cuadro 3.7. Factorización por componentes principales de la profesionalización estructural

Factor	Valor raíz	Proporción	Acumulada
1	2.665	0.444	0.444
2	1.289	0.215	0.659
3	0.944	0.157	0.816
4	0.484	0.081	0.897
5	0.396	0.066	0.963
6	0.222	0.037	1.000

Prueba LR: independiente vs. saturada: chi² (15) = 121.20; prob>chi²=0.0000

Fuente: Elaboración propia.

La salida final de este proceso expone las cargas rotadas tras haber optado por la retención de dos factores en el modelo. La tabla omite las cargas inferiores a .3.

Cuadro 3.8. Cargas factoriales y varianzas únicas (posteriores a rotación ortogonal) de la profesionalización estructural

Variable	Factor 1	Factor 2	Unicidad
Parque vehicular		0.842	0.290
Telecomunicaciones	0.735	0.511	0.198
Equipo informático	0.558	0.605	0.323
Presupuesto	0.817		0.330
Dieta		0.533	0.716
Asesoría	0.885		0.189

Fuente: Elaboración propia.

Tras haber realizado los cálculos de factores rotados es posible predecir los valores únicos posteriores a la reducción de factores, para cada congreso. Dado que desde un inicio decidimos generar dos matrices independientes (una para cada dimensión de la profesionalización legislativa), el resultado final de la profesionalización estará dado por la suma de los valores factoriales asignados a cada legislatura en las dos matrices.

A continuación se presentan los resultados de cada proceso de factorización, así como la suma de ambos valores para los 64 congresos bajo estudio, lo cual genera una calificación final o Índice Compuesto de Profesionalización Legislativa (icpl).

Cuadro 3.9. Valores del Índice Compuesto de Profesionalización Legislativa (icpl)

Legislatura	Periodo	Profesionalización biográfica	Profesionalización estructural	icpl
AGSLXIII	2016-2018	0.174	–1.050	–0.876
AGSLXIV	2018-2021	–0.487	–0.799	–1.286
BCSXIV	2015-2018	–1.830	–0.213	–2.043
BCSXV	2018-2021	–1.737	0.016	–1.721
BCXXII	2016-2019	0.921	0.754	1.675
BCXXIII	2019-2021	–1.032	1.355	0.323
CAMPLXII	2015-2018	0.314	–1.175	–0.861
CAMPLXIII	2018-2021	–1.182	–0.967	–2.149
CDMXI	2018-2021	–0.132	2.498	2.366
CDMXVII	2015-2018	–1.270	2.123	0.853
CHIHLXV	2016-2018	0.301	0.463	0.764
CHIHLXVI	2018-2021	0.004	1.419	1.423
CHPSLXVI	2015-2018	–0.835	–0.848	–1.683
CHPSLXVII	2018-2021	0.108	–0.787	–0.680
COAHLX	2015-2017	0.896	–0.961	–0.065
COAHLXI	2018-2020	1.274	–0.885	0.389
COLLIX	2018-2021	–0.001	–0.733	–0.735
COLLVIII	2015-2018	0.343	–0.657	–0.314
DGOLXVII	2016-2018	–0.079	–0.813	–0.891
DGOLXVIII	2018-2021	–1.566	–0.678	–2.244
GTOLXIII	2015-2018	1.419	–0.432	0.987
GTOLXIV	2018-2021	0.993	0.177	1.169
GROLXI	2015-2018	–0.678	–0.358	–1.037
GROLXII	2018-2021	0.601	0.284	0.885
HGOLXIII	2016-2018	0.546	–0.195	0.351
HGOLXIV	2018-2021	0.253	–0.224	0.029
JALLXI	2015-2018	0.374	1.596	1.970
JALLXII	2018-2021	–0.012	1.237	1.225
MEXLIX	2015-2018	–0.150	0.210	0.060
MEXLX	2018-2021	–0.641	–0.205	–0.846
MICHLXXIII	2015-2018	0.125	1.593	1.718
MICHLXXIV	2018-2021	0.004	1.238	1.241
MORLIII	2015-2018	0.283	0.343	0.626
MORLIV	2018-2021	–2.305	0.994	–1.311
NAYXXXI	2014-2017	–1.342	–0.646	–1.988
NAYXXXII	2017-2021	–1.850	0.257	–1.592
NLLXXIV	2015-2018	2.247	–0.343	1.904
NLLXXV	2018-2021	0.982	0.115	1.097
OAXLXIII	2016-2018	0.355	–0.236	0.119
OAXLXIV	2018-2021	0.046	–0.162	–0.116
PUELIX	2014-2018	0.509	–1.210	–0.701
PUELX	2018-2021	–0.293	–0.898	–1.191
QROOXV	2016-2019	0.223	0.904	1.126
QROOXVI	2019-2022	–0.453	0.816	0.363
QROLIX	2018-2021	–0.548	0.434	–0.114
QROLVIII	2015-2018	0.625	0.312	0.937
SINLXII	2016-2018	0.700	–0.477	0.222
SINLXIII	2018-2021	–0.477	–0.170	–0.646
SLPLXI	2015-2018	0.805	–0.398	0.407
SLPLXII	2018-2021	0.807	–0.290	0.517
SONLXI	2015-2018	2.196	0.002	2.198
SONLXII	2018-2021	–2.148	–0.048	–2.196
TABLXII	2016-2018	1.321	–0.735	0.586
TABLXIII	2018-2021	0.662	–0.899	–0.237
TAMLXIII	2016-2019	0.223	–0.673	–0.449
TAMLXIV	2019-2021	0.333	–0.787	–0.454
TLAXLXII	2016-2018	0.577	–0.231	0.346
TLAXLXIII	2018-2021	–1.185	–0.262	–1.446
VERLXIV	2016-2018	–0.213	0.124	–0.089
VERLXV	2018-2021	–1.127	0.346	–0.781
YUCLXI	2015-2018	1.061	–0.784	0.277
YUCLXII	2018-2021	–0.078	–0.584	–0.662
ZACLXII	2016-2018	–0.512	–0.341	–0.853
ZACLXIII	2018-2021	0.457	–0.216	0.241

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

En este capítulo hemos analizado con detenimiento las bases teóricas, conceptuales y metodológicas necesarias para construir un instrumento de medición que permita conocer y evaluar el nivel de profesionalización de los congresos locales en México. El resultado de nuestro esfuerzo es el Índice Compuesto de Profesionalización Legislativa (icpl), una herramienta innovadora y sólida diseñada para proporcionar un referente confiable en futuras investigaciones sobre la profesionalización legislativa.

La construcción del icpl se apoyó en técnicas de reducción de dimensionalidad, específicamente en el análisis factorial de componentes principales. Esta técnica nos permitió identificar la estructura subyacente en la matriz de datos que comprende un conjunto de indicadores teóricamente relacionados. Al emplear el análisis factorial, encontramos factores comunes que explican la mayor cantidad de varianza posible en nuestros indicadores de profesionalización legislativa, lo que nos permitió construir un índice compuesto que agrega las dimensiones biográficas y estructurales para obtener una visión panorámica de la profesionalización legislativa en los congresos locales.

Reconocemos que el icpl es un proyecto ambicioso y hemos enfrentado ciertas limitaciones en su desarrollo. La disponibilidad limitada de datos sobre los congresos locales y las restricciones de acceso a la información parlamentaria representaron desafíos significativos. Por lo tanto, es esencial considerar el índice como una valiosa herramienta metodológica, pero no como una medida definitiva de la profesionalización legislativa.

Nuestro enfoque teórico se sustenta en dos dimensiones analíticas fundamentales: las propiedades biográficas de las diputaciones y las condiciones estructurales y de desempeño del órgano parlamentario. Al considerar la experiencia legislativa, partidista, administrativa y la escolaridad de los legisladores, buscamos comprender cómo estos atributos impactan en su capacidad para reconocer y atender las necesidades de la sociedad y generar resultados institucionales que satisfagan las demandas ciudadanas.

De igual importancia, hemos reconocido el papel esencial de la estructura de los congresos locales en la profesionalización legislativa. Un congreso bien profesionalizado proporciona los recursos y la estructura administrativa necesaria para que los legisladores puedan desempeñar sus funciones de manera efectiva. Estos recursos incluyen aspectos financieros, materiales y humanos, y se combinan con incentivos adecuados que motivan a los legisladores a dedicarse a tiempo completo a sus labores parlamentarias.

En el proceso de definir y medir la “asamblea profesional” en el contexto de las democracias contemporáneas, hemos adoptado una perspectiva gradualista. Reconocemos que la profesionalización no es un concepto binario, sino un continuo en el que los atributos y las estimaciones de incertidumbre nos permiten clasificar los congresos en un espectro de mayor a menor profesionalización.

Además, hemos diseñado el icpl para ser una herramienta replicable, que pueda aplicarse en diferentes contextos parlamentarios, tanto a nivel nacional como subnacional, y en diferentes periodos históricos. La naturaleza de la información y el tratamiento metodológico de los datos han sido rigurosamente establecidos para asegurar la consistencia y confiabilidad del índice.

En resumen, el icpl representa un valioso aporte metodológico para el estudio de la profesionalización legislativa en México. A través del análisis factorial de componentes principales hemos logrado reducir la dimensionalidad de nuestros datos y encontrar factores comunes que explican la varianza en nuestros indicadores. El icpl busca proporcionar un referente sólido para investigaciones futuras, brindando una visión completa de cómo la preparación y experiencia de los legisladores, junto con la estructura de los congresos, influyen en la toma de decisiones y en la calidad de la legislación que impacta en la sociedad mexicana. Si bien reconocemos las limitaciones del índice, confiamos en que será una herramienta útil y replicable para futuras investigaciones en el ámbito de la profesionalización legislativa.