II. Contextos de la minería en México

México en el contexto mundial de la minería

México es un país minero. Está entre los 10 países que producen los 16 minerales más utilizados en el mundo, entre ellos los minerales preciosos, ferrosos y no metálicos. En el 2018, México se reveló como el quinto país en inversión minera a nivel mundial y el segundo a nivel latinoamericano, superado sólo por Perú. México destaca con la producción de seis minerales: es el principal productor mundial de plata, el segundo productor de fluorita después de Sudáfrica, el quinto productor de plomo, el sexto productor de zinc y el noveno productor de oro.

La extracción y producción minera en México es realizada por grandes empresas mundiales, cuyos capitales van desde el mexicano, pasando por el canadiense, el norteamericano, el chino, el japonés, el australiano y el belga, hasta llegar a otros con menores cantidades de inversión. Entre las empresas mineras de capital mexicano dominante se encuentran Industrias Peñoles, Grupo México y la Minera Frisco. En las empresas de capital extranjero destacan las de origen canadiense, con el 69% de la inversión externa, le siguen las empresas norteamericanas con el 17%, empresas chinas con el 3%, las japonesas con el 2% y el resto 9% de otros países. Se estima que la presencia de las empresas mexicanas es del 60%, aproximadamente, mientras que las empresas extranjeras inyectan el 40% de la inversión total en la minería nacional (Secretaría de Economía, 2018). Cabe aclarar que los capitales en el sector minero son muy movibles, variables o cambiantes, ya sea por la dinámica económica mundial, por los variantes precios de los metales o por la movilidad que existe entre las empresas, ya sea por concentración, centralización, fusión o alianzas de capitales, por lo que estos datos no indican tendencias, sino más bien, son referentes del contexto presente que caracteriza a la industria minera mexicana.

Las transformaciones de finales del siglo xx

La última década del siglo xx fue de grandes cambios mundiales a nivel económico, tecnológico y político, debidos a la globalización de mercados propiciada por la revolución tecnológica, electrónica y computacional de los medios de comunicación, información y transporte; la mayor liberalización de los mercados con la supresión de fronteras nacionales mediante la reorganización mercantil y los tratados de libre comercio regionales; el achicamiento de los Estados en la regulación e inversión de las economías; y la caída del sistema soviético y en consecuencia la liberación de nuevos mercados a los capitales occidentales en la Europa oriental. En suma, el siglo xxi llegó con un neoliberalismo generalizado y globalizado como filosofía de un sistema capitalista hegemónico mundial. Estos factores modificaron organizaciones económicas mundiales y nacionales, así como las formas de relación e integración de los mercados y capitales en una nueva división del trabajo mundial.

En ese nuevo contexto mundial y nacional de finales de siglo xx, la industria minera se transformó: modernizó tecnológicamente los procesos de producción y organización, mediante la aplicación de sistemas computacionales en los estudios de exploración y producción de metales; introdujo una potente y eficiente maquinaria en los procesos de extracción, transporte y molido de material minero, la cual sustituyó a la mano de obra; hubo reorganización y concentración de capitales que dieron mayor capacidad de competencia a unas empresas, pero desplazó a otras. Las medianas y pequeñas empresas mineras, herencia del pasado premonopólico cobijado por el Estado, vieron acercarse su final ante la nueva realidad que imponía el gran capital. Diversos gobiernos nacionales, entre ellos el de México, se apresuraron a adecuar las leyes a ese nuevo contexto neoliberal: modificaron las bases jurídicas y las adecuaron al nuevo contexto para el fomento de las inversiones de capital, con mayores y mejores condiciones de acceso a los recursos naturales, debido a lo cual tuvieron que quitar los obstáculos que el interés social, durante el siglo xx, defendió como patrimonio nacional.

La etapa de desarrollo que se observa en la minería de México es resultado de los cambios estructurales de finales del siglo pasado. Con el aterrizaje del neoliberalismo económico mundial en México, mediante las reformas llevadas a cabo por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en la primera mitad de los años noventa, se reformaron artículos constitucionales y diversas leyes sectoriales para ponerlas en sintonía con la filosofía neoliberal y las exigencias del libre comercio.

El 26 de junio de 1992 se promulgó la ley minera que aún continúa vigente, la cual sustituyó a la de 1961 (conocida como la de la “mexicanización de la minería”), que a su vez fue modificada en 1975 y que sólo permitía concesionar la tierra a mexicanos o a personas morales con más del 50% de capital mexicano. La de 1992 sigue restringiendo la concesión a extranjeros, pero se permite dar concesiones a empresas extranjeras, con la observancia que siempre y cuando la solicitud se haga mediante una filial establecida en México.

Para tal cuestión, se reformó el artículo 27 de la Constitución Mexicana, mediante lo cual se retiró el carácter inalienable de la propiedad social de la tierra y se canceló constitucionalmente el reparto agrario, aunque 10 años antes, se había declarado no existir más tierras que repartir. La reforma en cuestión buscó facilitar, fomentar y proteger el interés privado, incluido el externo o trasnacional, en detrimento del interés nacional y social tan canturreado por el discurso de la Revolución Mexicana. De la reforma constitucional, derivaron reformas a la ley minera, la agraria, de aguas, la ambiental, la laboral y de derechos humanos, adecuándolas a las exigencias del Tratado de Libre Comercio con América de Norte (tlcan), a fin de facilitar los movimientos de capitales y de dar seguridad legal, a través de, por ejemplo, la anulación de aranceles y el sometimiento de México a las reglas internacionales (Cravioto, 2019).

De esta manera, el gobierno salinista facilitó y amplió el régimen de libre mercado que garantizó a los capitales concesiones para la explotación de los bienes del subsuelo, y donde la participación del Estado como instancia de regulación y protección de los recursos nacionales se redujo a una mínima presencia. Con esos cambios de leyes y bajo el contexto neoliberal, se fue retirando el capital estatal en las áreas de la economía donde estaba presente y comenzó a aumentar la inversión de capital privado, nacional e internacional (Coll Hurtado, Sánchez y Morales, 2002). De esta forma, las condiciones estaban dadas para que las inversiones de capital, tanto extranjero como nacional, aprovecharan las ventajas que se ofertaban con los recursos naturales, por lo que pronto comenzaron a incrementarse las concesiones para la exploración y explotación minera, lo cual colocó a México en los primeros lugares de destino de los capitales mineros mundiales.

El paisaje minero mexicano

Todo México es minero, pero hay regiones que están siendo más explotadas que otras. En los estados del norte es donde se concentran las mayores inversiones y explotaciones mineras. En orden de importancia están Sonora, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Colima, Michoacán y Guerrero, que en forma descendente y de norte a sur son los estados que concentran las mayores inversiones mineras del país. Ahí se produce también la mayor cantidad de oro, plata, carbón, zinc, plomo y cobre. Guerrero, en los últimos cinco años, fue el tercer productor de oro, después de Sonora y Chihuahua (Cámara Minera de México, 2019).

Con base en información del 2017, la cual no ha tenido cambios significativos, en México había 25 425 concesiones, que comprendían 22 313 941 ha, para realizar exploraciones mineras, otorgadas a 2 847 sociedades inscritas en el Registro Público de la Minería, de las cuales 1 848 eran nacionales y 1 186 extranjeras. Asimismo, habían 1 558 minas en operación, 19 plantas metalúrgicas y 1 156 proyectos de exploración. Se estaban produciendo 52 minerales, de los cuales 29 eran los llamados concesibles de la canasta de metales de México y los restantes 23 no concesibles (cmm, 2017).

La minería mexicana es un sector productivo totalmente mundializado. Su comportamiento está determinado por los movimientos de los metales a nivel internacional, la oferta y la demanda que determinan los precios, las crisis económicas, los fenómenos ambientales, e incluso los movimientos sociales y políticos que influyen en el comportamiento y movimiento de los capitales.

La minería mexicana salió del siglo xx y comenzó el xxi con un proceso de crecimiento que, visto a mediano plazo, se ha mantenido con altibajos, pero con una tendencia ascendente, proceso que fue efecto de diversos factores como las reformas neoliberales de los años noventa, la apertura comercial con el tlcan, el aumento de los precios de los metales en 1996, la modernización tecnológica y la reorganización de las empresas.

Así, la minería mexicana entró en un agresivo, creciente e intensivo proceso de exploración, extracción y producción, el cual se vio afectado tangencialmente por la crisis o depresión financiera de los EE. UU. en 2008. Aunque los problemas fuertes se dieron en el sector financiero, también se generó incertidumbre en los mercados de metales, donde se buscó refugio en el oro y la plata, lo que trajo como consecuencia el incrementó de su búsqueda y exploración, y, por tanto, el fortalecimiento del precio de los metales, así como el incremento de la inversión minera mundial. El resultado fue que los precios experimentaron una clara recuperación en 2009 y en 2010, con crecimientos del 64% y el 32%, respectivamente. Esto estimuló la inversión de la exploración minera, la cual en 2009 fue de $7 700 millones de dólares y de $19 mil millones de dólares en 2012 a nivel mundial. América Latina y México, en particular, fueron destino de la mayor parte de esa inversión (Góngora, 2013). En 2011 se tuvieron los mejores precios para los metales de lo que va del siglo y con ellos las mayores inversiones en proyectos mineros. En México, en 2012, la inversión en la minería fue de $8 043 millones de dólares, monto que no fue superado sino hasta 2020. Pero ese buen sabor a que dio lugar la importante inversión minera duró poco; a partir de ese mismo año (2012) y los tres siguientes, los precios se fueron a la baja y con ellos las inversiones. Fue a partir del 2016 cuando comenzaron a repuntar los precios e inversiones. Desde entonces se ha mantenido, en los últimos cuatro años, una recuperación en los principales indicadores que revirtieron las pérdidas en su operación, con un crecimiento moderado pero sostenido hasta 2019, tanto de los precios como de las inversiones.

No obstante, la pandemia de la COVID-19 afectó a la minería, sobre todo con la decisión del gobierno de declarar a la industria como no esencial, a pesar de representar el 4% del pib y ser estratégica en el abasto de insumos a la industria médica. El impacto de esa declaración fue inmediato, al grado de que las grandes empresas mineras que cotizan en la BMV, en la primera semana de no ser esenciales (fines de marzo y principios de abril del 2020), perdieron en promedio más del 6% de sus capitales, lo que repercutió en sus operaciones. Hubo empresas, como Peñoles, que no acataron esa disposición; implementaron mayores medidas de seguridad anti-COVID y siguieron trabajando, con lo cual la economía regional no se vio afectada. No obstante lo anterior, la COVID-19 tuvo impactos positivos en la salud ambiental del mundo, pues con la cuarentena inicial, que puso en paro parcial a la economía, las actividades productivas y de servicios emitieron 25% menos partículas de dióxido de carbono a la atmósfera, gracias en parte a la disminución en la quema de combustibles, principal causante del cambio climático (BBC, 2020). En otras condiciones hubiera sido imposible limpiar de la noche a la mañana las principales ciudades contaminadas del mundo (Nueva York, San Paulo, Los Ángeles, Ciudad de México), cuyos cielos se vieron despejados en pocos días, hasta que el molesto rugir de aviones se transformó en paisajes sonoros de aves (El Financiero, 2020). A nivel general, sí hubo un desbalance en el crecimiento de la producción minera, pero se recuperó pronto, en la segunda mitad del 2020, debido a que los precios de los metales mantuvieron su tendencia favorable.

A partir del 2016 comenzaron a mejorar los márgenes de operación minera. Diversas empresas que habían estado en receso y en mantenimiento se fueron reincorporando gradualmente a la producción, mientras otras que no pudieron saltar el bache vendieron o se asociaron. En resumen, hubo un acotamiento y reorganización de empresas y proyectos, tras lo cual quedaron las más redituables y competitivas. En el 2017, en un ambiente económico y de precios de metales más favorable, se pusieron en operación nuevos proyectos mineros. En los últimos cuatro años se han recuperado los precios de los metales, pero no al nivel de 2011. Diversas empresas han mejorado sus condiciones de operación, han disminuido su carga de deuda, han mejorado su eficiencia y ahorrado gastos de operación. Hay, en general, un ambiente de optimismo moderado y cauteloso en el sector minero, que se ha mantenido durante 2018 y 2019 (Camimex, 2019); no obstante, este ambiente se está poniendo a prueba por los efectos de la pandemia de coronavirus, con la paralización parcial y temporal de la industria minera y sus impactos en la economía mundial en general.

La minería en México es producida por capitales de origen nacional e internacional. Hay información que otorga el 60% al capital nacional y el 40% al internacional. Hay otras que indican una proporción de 50% y 50%, aproximadamente. Pero para fines de este estudio sobre los impactos ambientales, este dato no es relevante, ya que el capital, como lo dijeron los clásicos, no tiene patria. Los dueños principales de las grandes mineras pueden ser de nacionalidad mexicana, canadiense, estadounidense, etc., pero lo que nos interesa destacar es la ética ambiental y social con que actúan, así como las diferentes prácticas, responsabilidades y el apego a las normativas nacionales e internacionales que su actividad manifiesta en relación con el cuidado del medioambiente.

Con información del 2018, los principales metales que forman la canasta minero-metalúrgica de México fueron 29, de los cuales cuatro aportaron el 80.7% del valor total nacional: el oro con el 32%, el cobre con el 22.3%, la plata el 17.3% y el zinc el 9.1%. México fue el noveno productor mundial de oro, el primero en producción de plata (con el 23% del total), el séptimo productor de cobre y el sexto de zinc. Con estos datos en mente, México se encuentra entre los 10 principales países productores de metales. En particular, por la importancia que se le ha dado a la búsqueda y extracción de metales preciosos, el oro y la plata cubren la mitad del valor total de la producción minera nacional. El año 2018, México lo cerró con 242 empresas mineras de capital extranjero, de las cuales 161 eran de Canadá, 32 de EE. UU., 11 chinas, nueve australianas y el resto de otros países (Camimex, 2019).

La minería es una industria extractiva y de transformación muy competitiva en los mercados internacionales, con importantes derramas de dinero en buena parte del país; sin embargo, su aportación al producto interno bruto en la economía es de sólo el 4%. En lo que va de este siglo y con una tendencia de crecimiento como sector, su participación en el pib de la economía nacional no ha sido significativa. Por ejemplo, en el 2001 fue del 0.31%; en el 2003 subió al 1.42%; en el 2004 alcanzó el 7.23%, que fue la participación más alta que ha tenido en este periodo; en el 2006, bajó al 5.19%; y en los últimos ocho años ha oscilado entre el 3% y 4% del pib nacional. Estos datos contrastan con los de mediados del siglo xx, cuando la participación minera en el PIB fue del 10% (Secretaría de Energía, 2007; Coll Hurtado, Sánchez y Morales, 2002).

La producción de metales en México se destina a la exportación, con Estados Unidos y Canadá como los principales compradores. La captación de divisas por ese concepto se coloca en el sexto lugar de la economía nacional, después de la industria automotriz, electrónica, remesas, petróleo y turismo, con poco menos de $20 mil millones de dólares captados (Camimex, 2019). Aquí surgen diversas interrogantes relacionadas con la información financiera oficial del sector minero. Aunque es una actividad dinámica, competitiva y de utilidades debido al oro, la plata, el cobre y el zinc, su participación en la economía nacional es baja. ¿Como se explica este fenómeno? Aquí se esbozan unas hipótesis en busca de explicaciones: a) puede ser que no se está siendo transparente con la información real de los capitales invertidos, tanto por las empresas, como por las instancias de gobierno que dan seguimiento y control a esta actividad; b) puede responder a una estrategia relacionada con los impuestos, puesto que a mayor inversión, producción y venta, mayores impuestos; c) puede haber una relación con el dinero que va al crimen organizado por concepto de pago de extorsiones para que los dejen trabajar, el cual es un fenómeno que está presente en todos los lugares donde operan las empresas mineras del país, pues el crimen organizado es como una sombra que succiona la riqueza pero sin dejar registros, lo que puede empujar a que los inversionistas hagan invisible su dinero para no pagar impuestos; d) otra posible explicación más a este fenómeno de baja participación económica de la minería, puede ser porque la mayor parte de la inversión se encuentra en la etapa de exploración, ya que de 1 189 proyectos, 868 son en busca de oro y todavía no producen ni venden nada; este concepto en diversos momentos supera el 40% de la inversión total. Ante estas interrogantes trataremos de buscar una explicación con el apoyo de información empírica recabada en el trabajo de campo.

El trabajo es otro de los aspectos sociales importantes que tiene la minería. La generación de empleos y la disminución de la pobreza en las regiones mineras constituyen los grandes eslóganes en los discursos de gobiernos e inversionistas. Si bien, esto es relativo. En el 2001 se crearon 262 574 empleos directos, 18 años después no se dobla esa cantidad, ni siquiera llega a los 400 000 empleos directos en 2018, aunque los indirectos rondan los dos millones. ¿Cómo se explica este fenómeno de no crecimiento de la mano de obra empleada, a pesar de la tendencia creciente que ha manifestado la minería en lo que va del siglo? La explicación está en el impacto que ha tenido la modernización tecnológica, pues se ha ido sustituyendo la mano de obra humana por la maquinaria, con la robotización, los sistemas computarizados en los procesos de producción, el uso de largas bandas y potentes máquinas de transporte, los cuales han reducido el número de trabajadores empleados. En relación con la disminución de la pobreza, había de ser realidad si la derrama económica que hacen los capitales de la minería se tradujera en la puesta en práctica de programas productivos y de servicios, sin embargo, no hay dirección hacia esa perspectiva. Hasta ahora, en lo que más se traduce la utilidad económica es en un consumismo tóxico, que en otros casos es usufructuada por el crimen organizado. Visto así, la disminución de la pobreza no sucede en automático con la presencia de mineras, sino que debe ser una construcción social acompañada de políticas y programas de desarrollo regional basadas en las potencialidades naturales y sociales de las comunidades, las cuales pueden aprovecharse si se tienen los recursos económicos provenientes de la actividad minera.

El personal empleado en la minería es joven y cada vez más profesionalizado. Ahora ocupan trabajadores con estudios técnicos de ingeniería, licenciatura y posgrados o especializados. También existe movilidad de mano de obra calificada proveniente de las regiones con mayor tradición minera, que son las del norte, donde han funcionado instituciones públicas y privadas formadoras de profesionistas para la minería, o bien, se han capacitado en la práctica. Por ello, es común ver en las explotaciones mineras del sur, en este caso de Guerrero, que los trabajos calificados y especializados son realizados por trabajadores procedentes del norte (ingenieros en diversas ramas de la minería, operadores de maquinaria, minadores, soldadores, etc.) Las comunidades, asiento de las explotaciones, no tienen trabajadores capacitados, se ocupan en labores no esenciales y de servicios. Hay mineras que proponen a las comunidades dar empleo, pero primero deben ser capacitados en escuelas o centros de capacitación de las empresas. Por ejemplo, Peñoles tiene su escuela de formación y capacitación de mano de obra en Torreón, Coahuila, donde preparan a su personal durante dos años para las diversas actividades a desempeñar. La población regional se ocupa generalmente en empleos indirectos, en los servicios que demanda la actividad minera como son: el transporte, la construcción de viviendas para la renta de hospedaje, la venta de alimentos, la venta de insumos, etcétera.

Hay derrama económica donde hay empresas mineras, tanto por concepto de pago de renta o venta de tierras, como por salarios y consumo. Lo que más activan esas derramas de dinero son los servicios de consumo, más no proyectos productivos. No hay al respecto iniciativas o propuestas por parte de los pobladores o de las instancias de gobierno para invertir los ingresos comunitarios que reciben por la venta de sus recursos naturales. Tampoco existen proyectos que diversifiquen la ocupación y fomenten la producción agrícola, pecuaria, forestal u otras que surjan de estudios prospectivos de las localidades; es decir, en la práctica no se da el círculo virtuoso en la producción económica como efecto de la derrama económica minera, ni se impulsan actividades económicas que cambien las condiciones de vida de la población regional cuando se retiren las mineras. El destino que tienen los recursos que reciben las comunidades es el reparto individual a comuneros o ejidatarios, el cual se invierte, principalmente, en la compra de automóviles (incluyendo los de lujo), camionetas, coches, cuatrimotos, motocicletas y aparatos domésticos; otro destino son las fiestas de quince años y bodas ostentosas con la presencia de onerosos grupos musicales y consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Aunque estas actividades disminuyeron con su prohibición durante el tiempo de pandemia, a lo más que llegan las inversiones son a la construcción de casas con materiales duraderos que realizan los pobladores, por medio de las cuales se han ido transformando los paisajes de casas de adobe, teja o lámina, a casas de varilla y cemento. Por ello, al no encauzar la diversidad económica y productiva proveniente de las derramas mineras, cuando terminen sus labores y se retiren las empresas regresará el desempleo, la migración y la pobreza, hasta que muchos lugares terminen como pueblos fantasmas, donde se incrementará, sin duda, la delincuencia. Como botón de muestra de la dependencia económica respecto de las mineras están los paros de trabajo que realizan los campesinos de las comunidades. Al suspender el trabajo, se suspende el pago de salarios, el consumo, la movilidad, se desactiva el comercio etc., y deja de haber circulante, con lo cual se paraliza la economía local y regional.

El contexto del impacto ambiental de la minería

La minería, como actividad histórica que es, con la extracción de componentes metálicos de la tierra, tiene un fuerte impacto ambiental. Al excavar largos y profundos túneles, demoler peñas y cerros, al extraer, triturar y moler rocas, así como separar los elementos de grandes cantidades de material, se transforma, altera, modifica y destruye cualitativa y cuantitativamente un territorio, su ecología, la composición geológica, la flora y fauna, los mantos freáticos y las corrientes subterráneas de agua, al mismo tiempo que la fertilidad de la tierra, los paisajes y hasta los microclimas. Ahí donde opera una minera nada volverá a ser igual que antes; aunque la maquillen de verde y hermoseen lo destruido, dejará una cicatriz en el planeta, que aunque cierre quedará la marca para siempre y sólo en la memoria humana se borrará con el tiempo. No puede ser de otra manera, ese ha sido el destino humano, transformar y, muchas de las veces, destruir y dejar su huella en la naturaleza. Y lo ha hecho no sólo con la minería, sino con todas sus acciones: con la construcción de infraestructuras urbanas, con las ciudades, las vías de comunicación (carreteras y ferrocarriles), puertos y aeropuertos; con la infraestructura productiva, como presas, generación de energías, extracción de petróleo, entubamiento y canalización de aguas; con la extracción histórica y masiva de madera, etc. La historia humana es la de la transformación y destrucción de la naturaleza para lograr sus proyectos y ambiciones, tanto personales como colectivas, para realizar sus intereses de clase e interclase, de pueblos o naciones. La historia es la transformación y destrucción de los recursos naturales, de las luchas humanas por su disputa, control y dominio.

Sin embargo, en ese proceso histórico de transformación y destrucción natural, la actividad minera, a pesar de su importancia para el desarrollo humano y a diferencia de otras actividades, es de las más criticadas y satanizadas por su impacto ambiental. No así, por ejemplo, una autopista o una vía férrea, que a su paso rebanan y barrenan cerros, demuelen y unen montañas, destruyen bosques, ecosistemas, valles y modifican paisajes, etc. No obstante, a estas obras se les ve con buenos ojos, generalmente como sinónimos de progreso y desarrollo, son deseables y elogiadas, aunque su impacto ambiental sea igual o mayor que el de las minas.

A la minería, al igual que a otras extracciones de recursos naturales, por ejemplo, la madera, se les señala el lado negativo, pero no se renuncia a su consumo. Todos se sirven de lo positivo que tienen, todo mundo necesita y hace uso de sus productos finales, como son el oro, la plata, el cobre, el hierro (joyas, dinero, decoraciones, herramientas, clavos, varilla, alambres, etc.), productos de madera para las habitaciones, decoraciones y muebles, entre otros. A menudo se ignora que sin la minería no se puede hacer ninguna infraestructura moderna, ya que dependemos por completo de ella. Por lo tanto, no es prohibiendo, obstaculizando y satanizando la extracción y producción minera como podemos mejorar nuestra relación con este recurso natural, sino pensando y proponiendo formas de producción y uso más equilibrados y planificados. La opción, entonces, no pasa por la extracción y producción indefinidas que impone la lógica de los mercados (la cual busca extraer más y a menor costo), sino asumir y trabajar por una forma racional, responsable y sustentable de producción y consumo. Debemos recordar que los minerales son recursos abundantes, pero limitados y agotables, y su producción indefinida e irresponsable llevará a transformar el planeta en chatarra y en un cuerpo sin estructura que le dé resistencia y consistencia para resistir las fuerzas universales a que está sometido el planeta Tierra.

Diversas empresas mineras y sus organizaciones nacionales e internacionales, han tomado como eslogan definitorio el de minería sustentable. En diversos casos se ha impuesto, más como una moda que como una realidad, hablar de este tipo de minería. Diversas empresas mineras se asumen como sustentables y los gobiernos les han dado los reconocimientos respectivos por las diversas acciones que realizan en favor del medioambiente. Por ejemplo, cuando operan para resarcir la flora y la fauna que impactan con sus actividades o se comprometen a remediar las condiciones ecológicas destruidas, e incluso, de ser posible, cuando toman la responsabilidad de reconvertir esos espacios en otros usos posibles según las condiciones geonaturales; todo ellos compromisos que se establecen en los programas de cierre de la mina. Al respecto, veremos diferentes actitudes en el caso de las mineras de estudio en cuanto a las responsabilidades éticas de la organización del trabajo y la aplicación tecnológica con diversos impactos ambientales.

La sustentabilidad no es solamente cuidar el medioambiente, es sobre todo una producción minera equilibrada y perdurable, que aproveche los recursos mineros necesarios, pero también piense en el futuro humano y en la persistencia de las condiciones naturales de la vida y de nuestro planeta. Ello debería implicar una programación y planeación razonada y fundamentada científicamente respecto al aprovechamiento responsable de los recursos existentes, tanto para el medioambiente, como para las generaciones futuras de la humanidad. De esto no hay nada. Lo que hay es una explotación y destrucción geográfica despiadada y avorazada, con la explosión, remoción y perforación de cerros y montañas mediante el uso de tecnologías ultramodernas, con el fin de sacar la mayor cantidad de, digamos, gramos de oro escondidos, en el menor tiempo posible. Pero si no les importa destruir y debilitar la estructura de nuestro hogar, la Tierra, a eso no se le puede llamar modo de producción sustentable.

La minería está inmersa y responde a la lógica de acumulación del capital y no es fácil ni posible trabajar con perspectiva de responsabilidad ambiental. Ese es el gran reto, y no sólo para la minería sino para la construcción de grandes obras y servicios: ¿como extraer recursos sin afectar y destruir a la naturaleza? ¿Cómo hacer que sea negocio la explotación minera y al mismo tiempo sea sustentable? ¿Cómo remover la corteza terrestre de la litósfera, succionar sus componentes metálicos de interés económico y al mismo tiempo mantener los sutiles equilibrios naturales que hacen posible la vida y nuestra existencia? Todas estas son interrogantes que han sido motivo de viejas reflexiones y siguen sin tener respuestas satisfactorias.

La minería, como actividad antigua que es, acumula muchos conocimientos y ha sido referente para un sinfín de los adelantos científicos y tecnológicos de la humanidad. Su normatividad también es histórica y ha respondido a los procesos de producción dominantes, con legislaciones que han visto intereses particulares, más que sociales y ambientales. Pero hoy la minería se encuentra ante otras exigencias, no solamente la que le impone la competencia en un mercado mundializado, sino también las sociales y ambientales. No puede seguir produciendo como antes, porque ahora existen poblaciones por todas partes que se ven afectadas por su actividad, igualmente, hay mayor exigencia por cuidar y preservar el medioambiente. Ante estas demandas, hoy la minería es de las actividades económicas más legisladas, de las más vigiladas y controladas a nivel nacional e internacional. No obstante, abundan las expresiones y protestas contra sus prácticas de fuerte impacto ambiental, violaciones a los derechos humanos y afectaciones a la salud. Esto sólo deja ver que existen incumplimientos a esa abundante legislación y reglamentación de la actividad minera. Si bien no podemos decir que es una práctica generalizada, sigue siendo una característica del sector, donde pesa la tradición depredadora y extractiva del recurso sin responsabilidad con la naturaleza.

Hoy en día, estamos ante un proceso de desarrollo económico en el que proteger el medioambiente y asegurar el crecimiento de las utilidades del capital no son compatibles y tienden a ir en sentidos opuestos; sin embargo, hay esfuerzos por hacer que el cuidado ambiental sea también negocio. La determinación de los mercados internacionales de los metales, la competencia y las agresivas tecnologías colocan a las empresas en la exigencia de extraer la mayor cantidad posible de recursos naturales y con el menor costo, lo que deja en segundo término el cuidado ambiental. A esa ley del mercado, de oferta y demanda, se agrega que las explotaciones mineras requieren grandes inversiones de capital para hacer funcionar la producción, la cual, por los riesgos y la competencia mundial que existe, demanda márgenes de utilidades grandes para recuperar sus inversiones. Por ello, según la visión tradicional de la economía, invertir en cuidados ambientales es restar utilidades. Sin embargo, esto no es así: invertir hoy en responsabilidad social y ambiental es agregar valor a una empresa, ética y económicamente.

El cuidado ambiental, a pesar de estar bastante legislado, no es prioridad en la práctica para muchas empresas y gobiernos; es más un asunto de retórica en los discursos de políticos y gobernantes, que vigilancia y aplicación de las leyes; es más justificación y señuelo de muchos empresarios, que compromisos de respeto con las condiciones ambientales; es, también, un escudo y bandera de demandas campesinas, más que la defensa real de sus recursos y medioambiente local y regional. La verdad oculta en los discursos de defensa ambiental de los diversos sectores que intervienen en la economía minera es la lucha y disputa por los recursos del subsuelo, los cuales, una vez extraídos y convertidos en riqueza, motivan a que cualquiera reclame una mayor tajada, incluyendo el crimen organizado.

El desarrollo sustentable y la minería

Estamos en un proceso inicial y reciente de toma de conciencia de la problemática ambiental, lo que se explica porque también son recientes los estragos que el desarrollo está causando en los recursos naturales y ambientales. Es con el mundo de crecimiento económico, social, científico y tecnológico después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se alcanza una mayor tensión en las relaciones entre recursos y fuerzas productivas, ya que el nivel de desequilibrios provocados por los procesos productivos ponen en peligro determinados espacios y sectores de la vida terrestre, los cuales se manifiestan principalmente en la contaminación del agua, erosión de tierras, contaminación del aire, deforestación y muerte de ecosistemas. Todos estos fenómenos son respuestas a la acelerada explotación de recursos, a la producción y sobreproducción de bienes de consumo y su conversión en desechos contaminantes que impactan negativamente en las condiciones de vida del planeta. El conocimiento de esa problemática, a partir de los años setenta del siglo pasado, permitió un proceso de toma de conciencia gracias al cual comenzaron a fomentarse acciones para cambiar la cultura y las formas de relación entre la sociedad, los recursos y la naturaleza.

La onu comenzó a dar pasos a favor de analizar y cambiar estrategias de desarrollo y se comenzó a argumentar que el crecimiento económico debía tener límites ante la finitud de los recursos. Esto empezó a derrumbar mitos decimonónicos sobre la existencia y capacidad indefinida de renovación de los recursos naturales y, en cambio, se entendió que el planeta Tierra y sus recursos tienen un límite, por lo que su explotación y producción no podían seguir indefinidamente. Desde la onu se crearon condiciones para estudiar, analizar, discutir y llegar a compromisos para impulsar estrategias de desarrollo más responsables con el medioambiente y el planeta. De ahí surgió el desarrollo sustentableen 1987, que implicaba trabajar por un desarrollo más equilibrado y perdurable, que respetara las condiciones naturales de reproducción de la vida para lo cual las generaciones presentes debían aprovechar los recursos con más responsabilidad, es decir, sin poner en riesgo la existencia de vida de las futuras generaciones.

El desarrollo sustentable se vio como el nuevo paradigma y se convirtió en el referente generalizado para la actualización de leyes y reglamentos nacionales, sectoriales, regionales y locales para el aprovechamiento de los recursos. A partir de ahí, teóricamente, la naturaleza debería ser más cuidada y sus recursos aprovechados más responsablemente. El desarrollo sustentable se hizo presente y permeó el discurso de los diversos niveles de gobierno, líderes empresariales y organizaciones sociales, pero con la ausencia generalizada de lo que ello significaba, lo cual hizo del desarrollo sustentable, a finales del siglo pasado, una retórica discursiva de moda más que el conocimiento real de la problemática ambiental y la aplicación de acciones para remediarla.

En el último medio siglo las políticas de desarrollo han estado rodeadas por discusiones en eventos mundiales, foros, conferencias y encuentros donde representantes de la mayoría de las naciones, expertos y estudiosos de la problemática ambiental analizan, debaten, toman acuerdos y asumen compromisos para contrarrestar y mitigar los factores humanos causantes del deterioro ambiental. Sin embargo, muy poco se ha avanzado con esos acuerdos, debido a que la responsabilidad y compromiso de gobiernos y sociedades son desiguales debido a las diferentes formas de ver, valorar y actuar con la naturaleza. Hay gobiernos y sociedades comprometidos, ya que el cuidado ambiental forma parte de la vida, la cultura y la forma de gobernar; los países nórdicos y desarrollados de Europa son los que más han avanzado en ese sentido, por ejemplo, en la generación de energías limpias y renovables, la limpieza de aguas, aire, reforestación y reciclado de materiales. Otras naciones ricas (Japón, Canadá y las europeas) muestran avances ambientales en diversos aspectos, como la limpieza de aguas usadas, de aire y de tierra, con el uso de tecnologías más limpias o la implementación de educación y cultura ambiental. El caso de EE. UU., además de ser uno de los principales contaminadores del mundo hasta hace poco con el gobierno de Donald Trump, era reacio asumir compromisos pronatura, porque, según sus argumentos, las medidas ambientalistas atentan contra la libre economía. La política del presidente en turno, Joe Biden, tiene otra visión y discurso, más a favor del cuidado ambiental. Sin embargo, falta ver si el peso de las grandes corporaciones, principales contaminadoras, le permitan tener resultados en la perspectiva ambiental. Por su parte, la sociedad norteamericana da mayores muestras de movilización proambiental, dado que es la que puede representar una mayor fuerza de cambio, antes que su gobierno. Otra de las grandes economías, China, que también es de las más contaminantes del planeta, está dando muestras, en las últimas dos décadas, de reconversión tecnológica e industrial a favor de hacer más sustentable ambientalmente su economía. La mayoría de los países también firman acuerdos y asumen compromisos de protección al medioambiente, pero no hay políticas sustentadas en programas de desarrollo, con presupuestos ad hoc y resultados evidentes. México es uno de ellos.

El avance de una cultura ambiental y de un modelo de desarrollo alternativo, que revierta y evite los impactos de la destrucción ambiental, es lento, desigual e inseguro. Lo rescatable de ese proceso son los intentos que se hacen y que van permeando la educación y cultura de sectores sociales cada vez mayores. No obstante, siguen dominado las fuerzas económicas, políticas e ideológicas que se han beneficiado con el estado de contaminación y destrucción que provoca el paradigma de desarrollo económico y de vida existente.

Muchas riquezas se han hecho a costa de la contaminación ambiental y destrucción de la naturaleza. Las tecnologías, las políticas y las formas de vida dominantes, tanto de las personas como de las naciones, han respondido a esa lógica, por lo que modificar esas tendencias históricas no será fácil ni rápido. Además, no se cuenta con el bagaje teórico que conforme un paradigma alternativo con el cual sustituir el sistema depredador capitalista. El desarrollo sustentable pretendía ser esa opción: la de hacer posible el modelo capitalista de desarrollo sobre bases más racionales de relación y aprovechamiento de los recursos, pero sin destruir sus condiciones de reproducción y funcionamiento natural, gracias al apoyo de tecnologías más amigables con el medioambiente. En esa perspectiva, diversas naciones y políticas económicas han trabajado en la sustitución de energías basadas en hidrocarburos y su sustitución por energías limpias y renovables, con el fin de mitigar el efecto invernadero y la contaminación atmosférica; asimismo, se ha trabajado en la limpia y reciclado de agua, en el uso de materiales alternativos y el consumo responsable, entre otras acciones más. Todas estas acciones se dan en el marco de las fuerzas productivas del capitalismo: es decir, en hacer negocios ambientalistas, pero sin tocar las relaciones sociales en que se basa el capitalismo. ¿Que tan sustentables serán estas estrategias? Debemos considerar, en primer lugar, que sus impactos no son para transformar el sistema, ya que no es su fin, sino mitigar los impactos ambientales a fin de dar un respiro al sistema económico. Al pragmatismo capitalista tampoco le interesa definir el horizonte a largo plazo del desarrollo humano, ese es un problema que se lo deja a la filosofía y la academia.

Siguiendo las reflexiones de si es posible un capitalismo ambientalista, al decir de estudiosos en el tema no es posible. Capital y medioambiente se mueven en lógicas diferentes (O’Connor, 2001). Por su naturaleza, desarrollo y cuidado ambiental es una contradicción o, como lo definían los griegos, un oxímoron. El desarrollo sustentable tiene esa connotación teórica, “de satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer las suyas” (Coalición Internacional del Hábitat, 1991, p. 58). En esa inclusión generacional futura, ¿cómo hacer que los recursos, en casos limitados, se estiren y alcancen para satisfacer las insaciables y no definidas necesidades humanas? ¿Bajo qué sistema de relaciones de producción y distribución de bienes y riquezas? Son interrogantes que siguen sin tener respuestas sustentables.

Naturaleza y humanidad se han movido en sentidos opuestos históricamente; la primera, definida y limitada, con sus potencialidades de cambio, pero siempre en apego a sus leyes naturales; la segunda, indefinida e ilimitada en cantidad y necesidades siempre en aumento, lo que las ha confrontado históricamente, hasta llegar a situaciones de riesgos y de fuertes impactos ambientales, como el calentamiento global, las guerras por el agua y por otros recursos territoriales. De esta situación se culpa, generalmente, al sistema capitalista por su carácter depredador de recursos y acumulador de riqueza, pero esa tendencia de confrontación histórica entre sociedades y naturaleza no comenzó ni es exclusiva del capitalismo. Es un producto humano surgido y desarrollado con las contradicciones sociales, con la formación de estamentos y la división jerárquica de clases; con la escisión entre pueblos dominantes y dominados, entre ricos y pobres, desarrollados y atrasados, etc. La diferencia es el nivel o el grado de confrontación, cuya tendencia va de menores a mayores impactos ambientales. En eso destaca el sistema de vida capitalista, que con su altivez de desarrollo técnico y científico llegó a tener la convicción que podía (y puede) llegar a tener el control de los procesos naturales y de la naturaleza misma.

La historia humana es de contradicción con la naturaleza, va sobre las formas de apropiación de los recursos y eso continuará así, pues no puede existir sociedad sin vivir de la naturaleza, el problema es cómo deben ser las relaciones sociedad-naturaleza, sin poner en riesgo de inmolación a una u otra. Es donde estamos faltos de teorías y huérfanos de paradigmas alternativos al capitalismo. Sin embargo, en la realidad hay intentos por hacer posible una mejor convivencia entre el modo de producción capitalista y el cuidado del medioambiente. No se trata de mantener a la naturaleza prístina, sino de tomar de ella lo necesario y transformarla, pero al mismo tiempo cuidar y mantener sus condiciones naturales de reproducción, no destruirla. Estas enseñanzas deben tomarse de otras especies animales y vegetales, lo que no significa que la humanidad debe regresar a tiempos originarios de su desarrollo (en la historia no hay retornos), sino responder al instinto natural de conservación como especie y actuar en esa determinación dialéctica entre naturaleza, recursos y formas de vida, donde la naturaleza es finalmente, hasta ahora, la que ha establecido los equilibrios, en algunos casos catastróficos, pero al fin necesarios para la continuidad de la vida.

No es optimista el horizonte del desarrollo humano, basado en el paradigma de crecimiento económico indefinido, pues bajo el dominio de la irracionalidad y la sobreexplotación de recursos, que llevan a la sobreproducción de bienes y la sobreproducción de contaminantes y desechos, está la base de los desequilibrios entre producción y reproducción de los recursos naturales. Actualmente, no se respetan los tiempos de las leyes naturales, se rompen las condiciones que deben tener los recursos para su reproducción, y existe prisa por acabar y transformar las condiciones que hacen posible la vida en el planeta, en otras palabras, domina la obsesión por acumular riqueza y poder, no importa que se haga a costa de las bases materiales y ambientales de la vida. Así, vivimos una etapa del desarrollo en el que se ha progresado en la comprensión de la problemática ambiental y se conocen sus causas, pero poco se ha avanzado en las soluciones. Por tal motivo, mientras existe resistencia a cambiar las formas de vida de alto consumo y confort, hay estrés en diversos recursos por la sobrexplotación, contaminación y destrucción, lo que provoca que las crisis ambientales continúen.

En la búsqueda de soluciones y alternativas a la problemática ambiental, además de la sustentabilidad, se han barajado otras opciones e ideas. Por ejemplo, hacer negocios cuidando el medioambiente o hacer del cuidado ambiental un negocio y con ello mantener las relaciones capitalistas de producción. Otros han hablado de un crecimiento o desarrollo económico cero, para dar tiempo a la naturaleza de recuperarse y reproducirse, lo cual sale de la lógica capitalista (no habría acumulación de riqueza) y tendría que ser bajo otras condiciones de vida. Otros más sugieren un cambio de estilo de vida (cultural y material), donde se disminuya la extracción y explotación de recursos naturales, así como la producción de bienes y el consumo, para bajar los volúmenes de contaminantes y desechos. También se plantea el rehúso de materiales y el uso de energías limpias y perdurables.³ Otros más hablan del socialismo como la alternativa, pero el socialismo conocido hasta ahora se centra en lo humano, es antropocéntrico, no atiende la naturaleza. Si bien trata de evitar la acumulación individual de la riqueza para darle un destino más social, continúa bajo la lógica de succión de recursos que deriva en la depredación; es decir, sigue extrayendo y explotando los recursos naturales, igual que el capitalismo. Aunque la riqueza es socializada, sigue siendo una sociedad de consumo.

Estamos ante un fenómeno de orfandad paradigmático y alternativo de vida, que otorgue las condiciones para vivir bien y, al mismo tiempo, mantenga sanas las condiciones naturales de vida. Ante tal dilema humano de hacia dónde avanzar, lo seguro es que el planeta, con su sistema de regulación del funcionamiento que lo conserva y preserva (Tamames, 2010), es quien determinará el rumbo y las condiciones de vida futuras, nos guste o no. Ahora bien, ante los dilemas teóricos del desarrollo, ¿qué nos dice la realidad? Aquí es donde tiene que ver la minería, como actividad extractiva relacionada estrechamente con los recursos de la naturaleza y sus transformaciones.

En el sector minero permea el discurso del desarrollo sustentable como política que se impuso a nivel mundial. Pero la actitud de las empresas mineras es diversa frente a la filosofía de la sustentabilidad. La minería no es un gremio homogéneo y que actúa, por ejemplo, en este caso, a través de la Cámara Minera de México (Camimex); tampoco son iguales las leyes y reglamentos nacionales y regionales que los regulan. Son diversas las prácticas y actitudes que muestran las empresas, respecto al medioambiente, con los procesos de extracción, procesamiento metalúrgico y el trato a los materiales residuales. Hay empresarios, tanto nacionales como extranjeros, que dan muestras de mayor responsabilidad ambiental que otros: innovan y ponen en práctica tecnologías menos agresivas, toman en cuenta el medioambiente en la organización, extracción y producción de metales y el destino de los materiales residuales. Esas empresas mineras son reconocidas como socialmente responsables (esr), lo que significa que se apegan mejor a los marcos normativos de las leyes nacionales e internacionales.

En las empresas mineras (vamos hablar de los casos en Guerrero, que son el motivo de este estudio) participan tres sujetos o actores principales que interactúan directamente en el proceso de producción y que son responsables directos de los cuidados o no del medioambiente: los empresarios, los poseedores de la tierra (campesinos) y el gobierno. Cada uno tiene reglamentada sus funciones en la Constitución y en la legislación minera mexicana. Ahí se establecen los derechos, responsabilidades y obligaciones que tienen, y que deben cumplir y hacer cumplir, en relación con los beneficios de la extracción del recurso natural y también con la preservación ambiental. En estos actores cae la responsabilidad de lo que se haga o no se haga en relación con el cuidado ambiental. Hay casos en que los gobiernos son los que mejor defienden el medioambiente, mediante la vigilancia y el cumplimiento de las leyes; en otros casos son los campesinos o poseedores de los recursos; pero también hay casos donde son las empresas las que están realizando prácticas más responsables.

Generalmente se culpa y sataniza a los inversionistas de la minería de todos los problemas ambientales y sociales que ahí se generan. Pero los inversionistas operan bajo un contexto legislado y reglamentado por los gobiernos, y son los legisladores quienes han hecho y sancionado las leyes que hacen posible la explotación de los minerales; son los gobiernos los responsables de aplicar y hacer cumplir esas leyes y toda la normatividad respectiva. El inversionista sólo actúa hasta que tiene la aprobación de los representantes institucionales de las normas legales; por lo tanto, si esas leyes no son las mejores para el medioambiente, para la sociedad y la nación, quienes las hicieron, las aprobaron y las aplican son quienes tienen la mayor responsabilidad de sus consecuencias. Por otra parte, el inversionista minero no entra a trabajar a un espacio territorial de interés sin el permiso de las leyes y, sobre todo, de los pobladores dueños de esas tierras. Se da un proceso de diálogo, negociación y convencimiento para que los núcleos agrarios acepten usar sus espacios para la explotación de los recursos del subsuelo. Sólo cuando existe ese acuerdo comienzan los trabajos de la empresa minera. Si no hay acuerdos, no hay trabajos mineros. Por lo tanto, los núcleos agrarios, generalmente campesinos, avalan la operación de las mineras y con ello se hacen también responsables de las consecuencias sociales y ambientales que ello implica. En este punto, se argumentan fallas de procedimiento, de no información, de vacíos legales, de presiones políticas, de sobornos, etc. Todas ellas estrategias comunes en ese tipo de relaciones, así como las confrontaciones y negociaciones, propiciadas por los niveles de ignorancia respecto a las leyes por parte de los campesinos y debido también a los contextos de corrupción política, los cuales son aprovechados por las mineras para lograr el aval deseado de los campesinos. Esto podrá justificar fallas de procedimiento, pero no de la responsabilidad que tienen las comunidades agrarias con las consecuencias ambientales que generan las mineras. Con su anuencia a la explotación minera, consciente o no, se hacen corresponsables de esa actividad y sus consecuencias.

El contexto legal de la minería mexicana

Las bases jurídicas sobre las que se asienta la actividad minera están dadas por la Ley Minera de 1992. En ella los legisladores mexicanos establecieron las condiciones y reglas a las que deben apegarse los inversionistas y que el gobierno mexicano debe hacer cumplir.

Hoy, con sus 30 años de operación, se observan diversas fallas en esa legislación minera, las cuales son necesarias reformar y cambiar. Entre los cuestionamientos que se le hacen a la ley de 1992 destacan: la violación de principios básicos de la Constitución; los pagos fiscales nada más simbólicos que hacen las empresas mineras a la federación; el cobro no en función de la cantidad de minerales extraídos, sino por las hectáreas de tierra concesionada; el privilegio de los intereses de los concesionarios para explotar los bienes del subsuelo y no los intereses de la Nación; la incomunicación de la legislación minera con la legislación agraria, la ambiental, la de aguas, la laboral y la de derechos humanos, a pesar de la relación directa que tiene con estas; finalmente, la función del Estado relegada a su mínima expresión en la defensa de un recurso estratégico. En síntesis, el marco legal de la minería fue determinado en ese momento por el contexto de neoliberalismo económico globalizante, debido al cual gobierno y legisladores vieron más hacia afuera que hacia adentro de México y, en consecuencia, dieron prioridad al libre mercado (Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, EE. UU. y Canadá), ofertando recursos baratos a la competitividad e inversión de los capitales globales, pero con altos costos ambientales y sociales para México. Se trata de una ley para despojar a la nación de sus recursos mineros (Cárdenas, 2013; Cravioto, 2019).

La propuesta para reformar la Ley Minera de 1992, con base en los argumentos y críticas que existen (como los antes citados), busca reivindicar los principios de la Constitución mexicana, expresados en el artículo 27, el cual mandata al Estado ser el regulador del beneficio social del aprovechamiento de los elementos naturales, para lo cual debe cuidar su conservación y desarrollo equitativo. Asmimismo, el Estado tiene el dominio de todos los recursos minerales, posee el dominio inalienable e imprescriptible sobre los recursos mineros y ejerce la rectoría económica para que el desarrollo nacional sea integral y sustentable, soberano y democrático. Estos principios constitucionales —según las críticas— en su mayoría son infringidos, olvidados o ignorados por la legislación minera de 1992 y las enmiendas reglamentarias de la inversión extranjera de 1993, 1996 y 1999 (Cárdenas, 2013; Coll Hurtado, Sánchez y Morales, 2002). Esta crítica y recomendación tiene dedicatoria para los legisladores y gobernantes, son ellos quienes deben analizar el tema con mayor responsabilidad y sabiduría, quienes deben establecer las reglas de operación, cuidando los equilibrios medioambientales, la justicia económica y la salud, tanto social como empresarial.

Las malas leyes tienen consecuencias, dan lugar a diversos problemas de tipo social, como los conflictos con las comunidades poseedoras de las tierras; o de tipo ambiental, con la contaminación, destrucción de recursos naturales y la contaminación con los desechos tóxicos, entre otros. De esas consecuencias, generalmente se culpa a las empresas mineras, quienes no hacen más que aprovechar los vacíos, las fallas y debilidades de las leyes que norman la actividad minera. La responsabilidad es de quienes hacen las leyes y quienes las aplican.

De acuerdo con las críticas y propuestas de estudiosos y expertos en el tema, dos serían las razones de peso para revisar y reformar la legislación minera de México: 1)viola y confronta preceptos básicos constitucionales, no es garantía de defensa y protección de los recursos de la nación y ve más hacia afuera que hacia adentro respecto a los beneficios de esa industria productiva; 2) es una legislación que corresponde a un momento del desarrollo que tuvo como principal estrategia el impulso del neoliberalismo político y económico para México (libre mercado, dominio de capitales globales y estado mínimo de regulación), así como la consolidación hegemónica de las empresas multinacionales (mineras). Su diseño fue para mejorar las condiciones competitivas de las inversiones, enfocándose más en la promoción de la minería que en su control, evidencia de ello es la prioridad de la minería sobre otros usos de la tierra (Fundar, 2002). El presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado el final del neoliberalismo, pero siguen vigentes las leyes que le han dado sustento en México. Es el caso de las leyes mineras.

Por todo lo visto hasta ahora, la ley minera debe revisarse y mejorar, pues la minería va a perdurar. De igual manera, la dependencia de los metales es estratégica para la economía y la vida en general, por lo que se deben mejorar las condiciones sociales de su proceso de producción, los consensos de la distribución de su aprovechamiento, con justicia y responsabilidad medioambiental. En suma, debemos ser conscientes de que los minerales son un recurso limitado, por lo que los beneficios de su explotación no pueden ser ilimitados para unos u otros actores que intervengan en su producción.

La legislación minera debe actualizarse y corresponder al contexto de mayor responsabilidad con el cuidado ambiental; tampoco puede permitir un paraíso de evasión de reglas ambientales, refugio de capitalistas depredadores, sin ética ni responsabilidad empresarial con el medioambiente y el mejoramiento social. La legislación debe velar, sobre todo, por la nación, sus recursos, su salud ambiental y social. Es el imperio de la ley el que debe garantizar el aprovechamiento, pero también el cuidado de los recursos naturales de la nación. No son las comunidades agrarias, como a menudo se quiere ver, los garantes y defensores del medio ambiente. Estas, por las condiciones de cultura y pobreza en que viven, son vulnerables y ceden ante el poder del dinero: ponen precio a los recursos y a las condiciones de las relaciones que establecen con los inversionistas. Por lo general, en la mayoría de los lugares donde se está trabajando, los recursos naturales se negocian —con el signo de pesos de por medio— entre empresas y comunidades, como si se tratara de un mercado. Los problemas ambientales no son prioridad para las comunidades agrarias, quienes usan tales problemáticas como formas de presión para lograr mejores indemnizaciones económicas, pero no para no destruir. Es decir, le ponen precio a los recursos, y cuando logran negociar dicho precio se desvanece el conflicto ambiental.

Aspecto importante de una reforma legislativa minera debe ser el análisis de lo más conveniente para los mexicanos. Los gravámenes mineros deben estar en proporción razonable con los rendimientos obtenidos en los procesos de producción, manteniendo una salud financiera en la operación empresarial, en las condiciones de trabajo y contribuyendo con el bienestar de la nación. Sobre el destino de esos recursos procedentes de la minería, habría dos posibles opciones: su ingreso a las arcas federales (donde el gobierno decidiría su uso); o bien, su inversión directa para financiar proyectos y programas de desarrollo vinculados con las comunidades que están bajo la influencia de las producciones mineras, donde la planeación, seguimiento y evaluación se realizaría con la participación de los diversos actores de esa producción (inversionistas, poblaciones y gobiernos). La primera opción responde a criterios impositivos: es lo que existe, no se sabe cuánto aportan las mineras y en que se usa. La segunda es más democrática y de corresponsabilidad. A empresarios y comunidades les convendría más la segunda opción, al gobierno no, porque se le quitarían fuentes de ingresos. Para los inversionistas, estrategias de ese tipo son muy rentables, pues las capitalizan en medios bursátiles, en organizaciones gremiales nacionales e internacionales, y las convierten en puntos a su favor en tanto ESR y con cuidado ambiental.

Sí, es necesario reformar la ley minera, pero con rumbo social, ambiental y nacional, no reformar por reformar y sólo con el propósito de quitar mayor tajada al pastel minero. En la perspectiva de tener mejores leyes, la legislación minera debe orientar el destino de los capitales que derraman las empresas y fomentar la capitalización y diversificación de las actividades económicas de las regiones. En ese sentido, los apoyos e indemnizaciones que las mineras hacen a las comunidades deberían ser destinados, prioritariamente, a programas de conservación natural y ambiental, a programas agropecuarios y de servicios que generen y den empleo regional. El reparto y entrega de dinero directo a los pobladores, como se hace actualmente, no es la mejor forma de ayudar a las comunidades, es un estímulo al consumismo superfluo que no hace más que reproducir las condiciones de pobreza social. La ley debe exigir mayor iniciativa y movilidad a las instancias de gobierno regionales, ya que se han convertido en cargas presupuestales que sostienen inútiles burocracias neoliberales, controles políticos partidarios y cazadores de votos en periodos electorales. Lo más emblemático del destino de las inversiones comunitarias y de los apoyos que reciben de las mineras es, hasta ahora, la construcción de majestuosas iglesias en cada pueblo y la pavimentación con cemento de calles que antes eran caminos.

Es urgente mejorar las leyes para el aprovechamiento social de los recursos nacionales, para ordenar mejor las relaciones entre inversionistas y comunidades agrarias, para aprovechar los recursos naturales con racionalidad ambiental y sustentable, y para desactivar las prácticas de corrupción, así como la participación activa y decisiva del crimen organizado. Hacer de las leyes el medio para gobernar y para que exista un estado de derecho es tarea y responsabilidad de quienes hacen las leyes y las aplican en México.

Problemas de la minería en México

Históricamente la minería en México ha tenido dos grandes problemas: el difícil acceso y la falta de comunicación a los lugares donde están los minerales; y la inseguridad del negocio. Un problema natural y otro social. El natural se ha superado con la apertura de nuevas vías de comunicación y mediante novedosas tecnologías que superan casi cualquier obstáculo geofísico; pero el problema social continúa y sólo ha cambiado de forma. Primero fueron los bandidos y asaltantes de caminos después; después los secuestros y las extorsiones a propietarios; lo último es el crimen organizado, con el control de territorios y sus “cobros de piso o cuotas de seguridad”, ante los que no queda población exenta de ser víctima. Aunque el gobierno tiene los medios y los recursos para evitar y poner orden, no lo hace. Vivimos un periodo de inseguridad y de extorsiones impuestas por el crimen organizado.

Otro tipo de cuestiones que reitera la Cámara Minera de México, en sus informes anuales, son los siguientes: demanda la deducción del 100% de impuestos en los gastos de exploración; pide modernizar y profesionalizar la Dirección General de Minas en la expedición de trámites, pues tarda demasiado tiempo en tramitar y liberar los permisos administrativos; pide que las empresas sean subsidiadas con la compra de diésel; sugiere orientar adecuadamente a las comunidades agrarias en relación con la explotación minera, eficientar los trámites agrarios y que la consulta en las comunidades se realice previo a la ejecución de proyectos y no previo al otorgamiento de concesiones; demanda una política tributaria estable y que dé certeza al inversionista; y exige al gobierno otorgar seguridad a las empresas mineras (Camimex, 2019). Estas son, entre otras demandas, las que el gremio minero plantea al gobierno de México.

Por otra parte, un frecuente reclamo que se hace al sector minero tiene que ver con su poca participación con el erario público en el reparto de beneficios obtenidos de esa producción. Al respecto, se encuentran los ejemplos de las mineras Los Filos y Media Luna, quienes declaran en sus estudios técnicos que esa obligación está regulada por el Tratado de Libre Comercio de México, Canadá y EE. UU., por lo que se apegan a él en el pago de sus obligaciones tributarias, las cuales rondan el 2.6% de las utilidades mineras. Otras informaciones son, por ejemplo, que en 2020 los impuestos que pagó la minería en México representaron el 63% de la utilidad total. Los altos impuestos le restan competitividad al país para la atracción de nuevas inversiones en la minería. En un estudio comparativo de la industria minera en México, Canadá, Chile, Perú y EE. UU., nuestro país tiene la mayor carga impositiva (Sánchez, 2021).

Entre las razones que se argumentan para la reforma de la ley minera está que la actividad reporta exiguos beneficios económicos a la nación. Por ejemplo, entre el 2005-2010 el valor de la producción minera fue de más de $552 millones de pesos y los derechos cobrados fueron de $6.5 millones de pesos, lo que equivalió al 1.2% sobre el valor de la producción minera (EE. UU. y Canadá cobran entre el 3% y 5%). El problema radica en que el objeto gravable no es el mineral extraído, sino la extensión de tierra concesionada (Cárdenas, 2013). Ante este tipo de observaciones es urgente revisar y corregir las graves deficiencias que padece la legislación minera. Los legisladores y gobierno deben hacer su trabajo.

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