IV. La lucha por los recursos mineros y la problemática social

Las concesiones de tierras

Según el Servicio Geológico Mexicano (sgm), en Guerrero están concesionadas, mediante 901 títulos, 1 354 156.1452 ha para ser exploradas y, de ser viable, explotar los recursos mineros. La superficie concesionada representa el 21.22% de la superficie total del estado.¹² De ese total de concesiones 56 son las que tienen las tres empresas de estudio (Leagold, Torex Gold y Peñoles), que comprenden una superficie de 181,387 ha en la parte centro noroeste del estado de Guerrero (Leagold Mining, 2019; unam, 2017; Peñoles, 2013). La minera que más superficie tiene concesionada es Leagold con 148 908 ha, ubicadas en los municipios de Eduardo Neri, Teloloapan, Apaxtla y Cuetzala del Progreso; Torex Gold posee tres concesiones con una extensión de 13 365 ha; y Peñoles posee nueve concesiones ubicadas en los entornos donde opera en el municipio de Teloloapan, con superficie de 3 479 ha, en pequeñas propiedades. Además, Peñoles ha adquirido en forma de propiedad la mayor parte de las áreas donde está trabajando, con lo que rodea los procesos complejos de relación para establecer convenios y permisos de trabajo con las comunidades. Las tres empresas están explotando metales, principalmente oro, pero también están extrayendo plata, cobre, plomo y zinc. Además de las explotaciones en operación continúan los estudios de exploración, que les indican las direcciones de reservas potenciales y costeables de los recursos, porque, no cabe duda, hay recursos mineros, lo que falta es explorar dónde es más costeable su extracción, para demoler y cavar cerros y montañas ahí.

La solicitud de concesión de un espacio de tierra determinado no es una acción a ciegas de un inversionista o una apuesta al azar para ver si hay minerales. El interés de una empresa minera que solicita la concesión de un determinado espacio, para realizar estudios de exploración, ocurre cuando esta tiene conocimientos de los antecedentes históricos relacionados con los minerales de la región. Por ejemplo, hay evidencias de la existencia de minerales, como serían: oro de placer en ríos en tiempos pasados; determinados tipos de roca y suelos, que en geología están asociados a metales preciosos; la existencia de huellas de extracciones y explotaciones mineras anteriores; socavones que hayan dejado buscones, etc. Con esos conocimientos de tipo natural y social, se formulan hipótesis que serán corroboradas con los estudios científicos y tecnológicos de exploración por parte de profesionales de la minería. Así, se entiende que la solicitud de una concesión de tierras no es una aventura o un albur al que quiere jugar un inversionista: debe estar precedida y apoyada en conocimientos tradicionales-culturales y evidencias geofísicas que le dan certeza para tomar la decisión de realizar inversiones.

La solicitud de concesión de un pedazo de tierra, para hacer estudios de inversión para la explotación minera, es el primer paso que da un inversionista. Esta gestión, según la ley minera, se realiza ante la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. La concesión no significa propiedad de las tierras por parte de las empresas mineras, tampoco despojo de las tierras en el caso de ejidos y comunidades agrarias. Se trata de un permiso que está regulado por las leyes y que el gobierno de México otorga a las empresas para explorar y explotar los recursos mineros del subsuelo por un tiempo de 50 años, prorrogables en caso necesario. Con el título de concesión en mano, los inversionistas proceden a realizar los estudios de exploración en espacios determinados. Para ello necesitan tener acceso a esos espacios, permiso que no está contemplado en la concesión, sino que tiene que ser obtenido de los usuarios superficiales de la tierra, o sea, los ejidatarios, comuneros o propietarios. Obtener el permiso de los usuarios superficiales es de los procesos más complicados para las empresas mineras, porque a menudo se politiza el proceso de negociación y se juzga a priori el trabajo de la minera interesada, con base en otras experiencias en las que se han dado accidentes o por empresas que han trabajado mal con las comunidades. Debido a ello se generaliza y se pronostican situaciones catastróficas para las comunidades y el medioambiente en caso de aceptar la acción minera.

Hay razón en la desconfianza y temores. Hay, también, mucha historia tras las relaciones que se han establecido entre empresas y comunidades agrarias en producciones mineras, las cuales se han caracterizado por el abuso de poder, saqueo de recursos, destrozos naturales, pobreza social, etc. Sobre todo, durante el porfiriato dominaron esas prácticas; ahora están más reglamentadas las relaciones, más acotados los poderes del dinero de los inversionistas y la influencia de los políticos, pero dejaron el trauma social. Ahora que los poseedores de las tierras tienen más poder de decisión y negociación, se ha convertido en un cuello de botella para el inversionista cumplir con el permiso comunitario. Este proceso tiene que ver también con las formas o estrategias que utilice la empresa para entrar y negociar con las comunidades. Hablar con la verdad, con apego a las leyes, asumir su responsabilidad con el medioambiente y solidaridad con el acompañamiento y búsqueda de soluciones a problemas sociales pueden ser estrategias que favorezcan en una negociación. Pero si se anteponen las amenazas con el poder del dinero, de la ley, de políticos y del clientelismo político, y si los integrantes del núcleo agrario ven la oportunidad para obtener beneficios fáciles, llegarán a un mal trato, con un convenio inconsistente, generador de conflictos y de consecuencias negativas en el trabajo. Por eso para las empresas mineras es un hito conseguir un buen permiso de las comunidades agrarias, porque de ello depende, no solamente realizar estudios de exploración, sino trabajar en la explotación o extracción mineral en caso de ser costeables.

Establecer buenos convenios de inicio de trabajo dará buenos resultados en las diversas etapas de operación: la exploración, la producción y el cierre de operaciones. También producen confianza una firme ética empresarial, un honrado desempeño de funcionarios de gobierno y una actitud honesta de las comunidades a favor de aprovechar sus recursos con responsabilidad.

A toda empresa minera le conviene trabajar el mayor tiempo posible en un área determinada. Para eso se deben establecer las bases con buenos convenios de trabajo, con buenas relaciones con las comunidades y un trato sustentable del medioambiente. El trabajo de una mina no termina con un proyecto de explotación. Por lo general, los proyectos son cortes programados, cuantificados y presupuestados, que responden a estrategias de cautela empresarial. Lo que se observa en las tres empresas de la región son estrategias de mediano y largo plazo, con exploraciones en las áreas aledañas y reservas cuantificadas que forman parte de nuevos proyectos de explotación.

Una regla de oro que han aprendido los buenos mineros es que, para el éxito y crecimiento de una empresa, esta debe sustentarse en una firme política de exploración, y en un sincero y honesto diálogo con las comunidades y autoridades, lo que dará seguridad al trabajo (Monreal y Hernández, 2015). Estas relaciones están reguladas por normas que cada parte debe seguir y cumplir, por el bien del trabajo de las empresas, el bienestar de las comunidades y el cuidado del medioambiente.

La exploración minera

Con posesión en mano de los permisos necesarios, las empresas proceden a explorar el área prospectiva que posiblemente contiene un yacimiento mineral. Para ello contratan personal y servicios profesionales especializados, servicios satelitales, servicios de información geográfica, laboratorios y desplazamiento de maquinaria pesada; abren accesos carreteros donde no los hay; construyen o arreglan servicios en las comunidades, contemplados en los acuerdos permisionarios; perforan pozos para definir extensión y profundidad de yacimientos; y realizan programas de barrenación distribuidos en las áreas de estudio para determinar la magnitud del yacimiento. Si los estudios arrojan resultados positivos y son costeables, se pasa al proceso de extracción y explotación de metales. En muchos casos los estudios exploratorios arrojan resultados negativos, es decir, son de muy baja ley y no son costeables las inversiones a realizar en la explotación de minerales. En esos casos las empresas se retiran y el permiso de exploración en un espacio determinado, que va de tres a cinco años, termina, pero la concesión por cincuenta años sigue vigente. Como bien dicen los estudiosos del tema: hoy la mina no se encuentra por casualidad. Es el resultado de estudios y el uso de tecnologías sofisticadas y aparatos avanzados (Monreal y Hernández, 2015).

Las exploraciones son acciones de inversión de alto riesgo para los capitales mineros. Aunque, como ya se dijo anteriormente, las inversiones en exploración no parten de cero, no son un albur, sino que son decisiones que se toman con base y apoyo en conocimientos previos, los cuales dan pautas hipotéticas de la existencia de minerales y dan más confianza que duda a los inversionistas. Sin embargo, también hay algo de albur, en toda inversión hay riesgos por causas que están fuera de la planeación empresarial y que responden a diversos factores exógenos, propios de las relaciones de interdependencia de las economías mundializadas. Estos peligros pueden ir desde que los minerales existentes no sean lo suficientemente costeables, que factores mundiales descarrilen los precios de los metales en los mercados mundiales, que no haya acuerdos satisfactorios para trabajar con las comunidades agrarias, que haya cambio de gobierno y de políticas económicas, etc., todo lo cual puede afectar y hasta truncar un proyecto minero. Por ello, el inversionista debe estar consciente de estos y otros riesgos y tomar estrategias de prevención.

En los procesos de exploración minera, como etapa inicial de una inversión, se observa la movilización de capitales: se asocian, se fusionan unos con otros, unas empresas venden acciones a otras, otras más se reactivan y se modernizan asociándose con otras empresas, etc. La etapa de exploración se ve como el momento adecuado para reorganizar y transformar una empresa minera. Por ejemplo, el fenómeno de movilización de capitales es muy común en los casos de estudio presentados aquí. Las tres empresas tienen un historial, unas más largo que otras, de fusiones o asociaciones, de ventas parciales, de cambios de dueños, de cambios de razón social, etc. En general, las tres empresas son continuación y forman parte del historial minero regional; la Media Luna es la más reciente.

Por eso en la cultura de la minería, la situación de desconocimiento y aventura en la búsqueda de metales es cosa del pasado, de los tiempos originarios de la minería y de tiempos coloniales, cuando los factores presentes eran la casualidad, la aventura, los conocimientos tradicionales trasmitidos por generaciones, las fábulas y anécdotas relacionadas con los metales. Después vinieron el oro de placer, la observación de fenómenos naturales, de color y de tipos de piedras, la examinación de suelos y otros indicios que fueron dando evidencias y conocimientos científicos de mineralogía. En México, durante la Colonia, esos conocimientos en mineralogía tuvieron un importante desarrollo, asociados con toda una cultura de la minería.

Al respecto, existe una rica cultura de anécdotas, metáforas, leyendas, etc., en las regiones mineras, relacionadas con los pueblos y buscadores de oro y plata, la cual aflora y se enriquece con nuevas aportaciones, en procesos recientes de búsqueda y extracción. La disposición de tecnologías modernas no inhibe los indicios de información tradicional, generada a través de la larga experiencia mediante la búsqueda y observación del comportamiento de suelos y la localización de metales. Decía un informante del distrito de Taxco, a finales del siglo xix: “hay buscones que huelen el oro y la plata, porque donde escarban lo encuentran” (Velasco, 2014, pp. 455-456). Ahora con los estudios técnicos modernos, existe mayor precisión respecto a la existencia y ubicación de los metales buscados; pero, aun así, hay márgenes de error o de imprecisión.

En este sentido, un trabajador de las exploraciones recientes de Peñoles, en la región de Teloloapan, me comentó un caso que se relaciona. Los trabajos para descubrir incrustaciones de plata y oro, que los estudios geológicos, geofísicos y de laboratorio les decían que existían en el área determinada, debieron corroborarse con perforaciones o barrenado de suelos. De tal suerte, barrenaron hasta la profundidad en que, según los estudios, ya había indicios de la presencia de los metales buscados, pero ahí no había nada. Siguieron con el barrenado de exploración y la duda crecía, respecto a lo que indicaban los estudios, hasta provocar que los ánimos menguaran cada vez más en quienes dirigían la operación. Decían al operador de la máquina que pusiera más tubos para barrenar y continuara; así se superaron los dos mil metros de profundidad sin resultados. El desánimo, la decepción fueron en aumento y no podían creer lo que sucedía, pues los estudios indicaban que ahí debía haber oro y plata. Llegó el momento en que los técnicos tenían que tomar una decisión: continuar o parar. Decidieron suspender el trabajo de barrenación y dar por hecho que los aparatos, imágenes satelitales, sondeos, estudios de laboratorios, etc., habían fallado. Dieron la orden al maquinista de parar. Este, también inmerso en ese estado de ánimo, de duda y desesperanza, se dijo para sí, desobedeciendo la orden de sus jefes: “voy a poner un tubo más, que sea el último”. Cuál fue la sorpresa que ese último barreno llegó adonde estaba la incrustación de los metales buscados (oro y plata), y así se salvaron los trabajos de exploración realizados y se comenzó a trabajar la mina Capela de Peñoles. Con palabras más, palabras menos, fue como me contó la anécdota ese trabajador. Aquí la dejo para que forme parte del acervo anecdótico que existe en torno a la minería.

Ahora bien, las exploraciones, según la Camimex (2018), se llevan alrededor del 40% de la inversión total que requiere la explotación minera, para que en ocasiones no se extraiga nada. Si no se extrae mineral, esa inversión de millones de pesos o dólares se pierde. Por eso, una de las demandas de los mineros es que no se cobren los permisos de exploración, que los convenios con las comunidades se firmen hasta ver si van a extraer y explotar minerales. Piden compartir ese riesgo con gobiernos y comunidades, o con los propietarios de las tierras, porque si los resultados son favorables a la extracción todos serán beneficiados. Tiene lógica ese reclamo de los inversionistas, de compartir más los riesgos, de involucrarse más en el proceso minero, desde la etapa de exploración y desde el lugar que a cada actor le corresponde (a comunidades agrarias y gobiernos). Eso los llevaría a tomar mayor conciencia de que se trata de problemas complejos de producción y a asumir una actitud más responsable y comprometida con el cuidado ambiental; se superarían prácticas —en el caso de las comunidades— de sólo pedir prebendas y dinero a las empresas, con la idea de que estas sacan fácilmente carretadas de oro de sus tierras. Por su parte, estas no mueven un dedo en ese complejo proceso productivo, su función radica en ser ocupantes de la parte superficial de esos territorios de extracción minera.

El Guerrero minero esperó por mucho tiempo las condiciones adecuadas para la extracción de metales. Desde la época colonial se conocía la existencia de metales preciosos disponibles para ser explotados en distintas y remotas partes de la sierra. Quienes se aventuraron a hacerlo realizaron verdaderas odiseas a cambio de escasas extracciones, sobre todo por el transporte a los centros de beneficio y comercialización. En los años cincuenta del siglo xix, una empresa realizó estudios de reconocimiento en la región de Coahuayutla, al occidente del estado, por la desembocadura del Balsas en el Pacífico, y diagnosticó los siguientes minerales: El Morro, Santa Anna, Guadalupe El Tajo, la Providencia, Ánimas, Santa Eduviges y Plomosa. Entonces, por la cantidad y abundancia de metales es una de las regiones mineras más interesantes. También hay agua y madera suficiente para su fundición y el material puede salir por Zihuatanejo (Suárez, 1859). La accidentada topografía serrana, la ausencia de caminos que facilitaran el transporte, además de la inseguridad que privaba con los bandidos y asaltantes de caminos, desmotivaba la trabajosa actividad minera, cuyo producto podía ser robado en cualquier momento y lugar. Con la reanimación económica porfiriana, la minería también fue motivo de reactivación e inversión nacional, aunque a nivel regional la siguieron deteniendo los dos poderosos factores históricos: la incomunicación y la inseguridad social.

El presente ofrece mejores condiciones para los inversionistas de la minería. Existe infraestructura de comunicación y transporte, con carreteras que comunican a todo el territorio estatal y nacional, con puertos y aeropuertos; hay, también, toda una red eléctrica que trasmite energía suficiente a donde sea necesario. En los casos de estudio, existe, a pie de cerros de las explotaciones, una hidroeléctrica que alimenta el gran Balsas, lo que garantiza la energía suficiente a las empresas mineras; pero ahí donde no la hay se puede generar energía solar o eólica. Asimismo, hoy en día se dispone de eficientes y modernos medios de comunicación y transporte, que hacen de la minería y sus mercados una actividad económica plenamente mundializada. La inseguridad sigue siendo el gran reto que, igual que en el pasado, actúa a través de grupos y organizaciones criminales, las cuales también se han modernizado, con armamento, vehículos, medios de comunicación, formación de redes de informantes y cómplices que trascienden a la sociedad y las estructuras de gobierno.

Un reto nuevo para las mineras, que antes no era exigencia, es el cuidado del medioambiente, y aunque para eso hay leyes y reglamentos, estos no son suficientes, porque aquí entra lo cultural, la educación y la conciencia ambiental, aspectos que aún están en proceso, pero que no son parte de la ética y acción de todos los empresarios, tampoco es el sentir de los núcleos agrarios, de los propietarios ni de los funcionarios de gobierno. Las empresas mineras están asumiendo cada vez más diversos códigos ambientalistas, impuestos desde contextos internacionales y acotados por leyes y reglamentos nacionales. Hay empresas que están asumiendo consciente y voluntariamente las nuevas obligaciones ambientales; pero también hay las que adoptan esas acciones por obligación, más que por convicción, por temor a las sanciones y prohibiciones de los organismos reguladores.

El cuidado ambiental es una variable de trabajo que ha ganado espacio en la economía y política minera, pero faltan resultados. Hay empresarios, comunidades y gobiernos para quienes lo ambiental no es prioritario. En primer lugar, para las empresas, la sustentabilidad está presente en sus documentos básicos, pero más como discurso para cumplir con los requerimientos que exigen las dependencias que otorgan los permisos, que como responsabilidad a cumplir. Para diversas comunidades agrarias, los problemas ambientales aparecen sólo como bandera de demandas y exigencias de indemnizaciones. Mientras que, para el gobierno en turno, lo ambiental ha estado fuera de su interés político, porque es de los factores que no retribuyen votos en los procesos de elección, ni representa paliativos a los niveles de pobreza social rural.

Hay empresas mineras, como Capela de Peñoles y la Media Luna, que están dando evidencias de trabajo más responsable con el medioambiente. Estos son méritos propios y muestras de que es posible trabajar en una perspectiva más sustentable en la minería.

La disputa por los recursos mineros entre empresas y campesinos

El título de concesión que expide el gobierno federal a un prospecto inversionista minero no basta para tener acceso y trabajar el espacio de interés. Aunque se estipula que la concesión es para la exploración del subsuelo y que los recursos ahí existentes son de la nación, la realidad es otra. Para que una empresa entre a un espacio a realizar estudios, son los núcleos agrarios o poseedores de la tierra superficial quienes ponen las condiciones. Estos reconocen que el subsuelo es propiedad nacional, pero el suelo superficial es de ellos y para trabajar en el subsuelo deben pasar obligadamente por el suelo; por lo tanto, deben negociar con ellos, con los superficiarios, las condiciones de trabajo, aunque sean exploratorios o de tránsito obligado, y para eso deben pagar diversas prerrogativas, ya sea a individuos o a la comunidad.

Como ya se dijo antes, un permiso de exploración no significa explotación minera. Sin embargo, es común ver que los núcleos agrarios exigen condiciones donde se da por hecho, sin esperar resultados, que la minera explotará los recursos. Y para eso ponen sus condiciones. Si el núcleo agrario está unido, lograrán un trato con beneficios a la comunidad, estipulados en un convenio firmado ante autoridades. Lo más común es el afloramiento de ambiciones individuales y la formación de grupos de interés, que provocarán confrontaciones y luchas internas, para después llegar acuerdos con los cuales negociar con la empresa. Además, las comunidades agrarias son cosa del pasado, lo que hay son dominios parcelados en propiedad dentro de una figura histórica denominada bienes comunales o ejido. En ese territorio parcelado en propiedad, unos serán más beneficiados que otros, porque la minera interesada es posible que no ocupe todo el dominio de la comunidad, sino espacios delimitados, por donde transitarán con vehículos y maquinaria, construirán infraestructura de servicios y realizarán perforaciones. Según el uso de espacios, la minera propondrá rentar o comprar las parcelas, porque aquellos espacios que serán destruidos y transformados totalmente, las empresas prefieren comprarlos. Por lo tanto, aquí hay una diferencia, no todos los integrantes del núcleo agrario serán beneficiados o afectados por igual con los trabajos mineros. Este trato desigual, por lo general, tiene consecuencias diferentes también; la negociación se hace con el núcleo agrario, pero los beneficios son según las superficies de tierra rentada a cada integrante del núcleo. Esto se concilia cuando la empresa hace dos pagos por las tierras: uno a la comunidad y el otro a cada comunero o ejidatario. El primero es un monto acordado, que la comunidad agraria distribuye entre su empadronados en partes iguales. El segundo es el monto por hectárea que acuerdan previamente y va a cada propietario de la tierra.

Los procesos de negociación y de relaciones entre empresas, comunidades y la participación de funcionarios de gobierno son muy importantes. Cada caso tendrá características específicas; habrá núcleos abiertos y núcleos muy cerrados al diálogo, con posiciones intransigentes para dejar entrar a las mineras sin siquiera oír los argumentos de estas. En ese proceso de relaciones, influyen las estrategias de comunicación de los representantes empresariales y de gobierno, que deben saber cómo y qué tratar con los campesinos; informar y explicar de manera entendible y clara los objetivos, los pros y contras de lo que propone la empresa minera; no llegar con el rayado eslogan de que la inversión minera convertirá en un paraíso el lugar, con generación de empleos, derrama económica y bienestar social. Es importante que los representantes de la empresa den información clara y completa, que los campesinos entiendan lo que son las etapas del desarrollo minero, la etapa de exploración y la etapa de explotación de minerales, pero si esa información no es clara, ahí comienzan los problemas. Tampoco deben engañar con la delimitación de áreas a ocupar y después invadir otras fuera de convenio, ya que esta ha sido una práctica común de las empresas, lo cual ha dado lugar a movilizaciones campesinas en su contra que obstruyen los trabajos.

Hay empresas cuyas estrategias de penetración social son muy torpes, con personal que no tiene la mínima idea de cómo tratar y hablar a los campesinos, con exposiciones técnicas y jurídicas que complican y hacen incomprensible el lenguaje para los campesinos, con lo cual buscan que la comunidad acepte sin entender lo que firma. Y cuando sus discursos no convencen, recurren a estrategias como el pago de sobornos y regalías a quienes lideran la comunidad, o llegan a amenazas y amedrentamientos de aplicar la ley con los medios necesarios bajo el aval de funcionarios. Nada bueno se puede esperar de ese tipo de tratos. Si bien están en proceso de extinción, aún quedan reductos que se dejan sentir en empresas sin ética ni responsabilidad, las cuales buscan la acumulación de riqueza a toda costa.

Sobre los funcionarios de gobierno en turno, son pocos los casos donde tienen buenos desempeños. Su interés se centra en quedar bien con los políticos de ocasión y a quien se deben, producto de su ignorancia legislativa y su nula visión de futuro para lograr buenos tratos y relaciones sociales sustentables entre empresas y comunidades agrarias. En los diálogos entre campesinos y representantes mineros es común ver a los representantes de gobierno tomar bando por uno u otro actor, olvidando el papel que deben desempeñar como representantes de la ley, sin buscar ganadores y perdedores, sino beneficio a partir de los recursos naturales, pero cuidando el medioambiente y el bien social.

Con los acuerdos a que lleguen, empresa y núcleo agrario, se firmará un documento que debe estar avalado por el representante ejidal o comunal y el representante de la dependencia de gobierno indicada. Estos representantes deben avalar acuerdos que incluyan a la comunidad y no sólo a algunas personas. Si hay unidad, lograrán algunos beneficios comunitarios, aunque sea la etapa exploratoria. Para las empresas superar ese proceso de negociación y llegar a acuerdos es un gran logro, porque a menudo se ve contaminado por influencias de organizaciones políticas externas (campesinas y partidos), que llevan a otros niveles de interés el diálogo, que obstruyen o bloquean las negociaciones específicas y de interés entre empresa y núcleo campesino.

Cada empresa minera se enfrentará a casos diferentes, lo que exige a sus representantes habilidades y conocimientos específicos de las comunidades. Las experiencias indican que firmar un mal convenio es un error, porque no sólo se comienza mal y no se trabajará bien, sino que el trabajo se verá constantemente afectado por movilizaciones campesinas. Existen casos así, donde las mineras enfrentan constantes paros, bloqueos y diversas demandas de los campesinos, como en el caso de la minera Los Filos, con los campesinos del ejido Carrizalillo y la comunidad de Xochipala, cuyos conflictos giran en torno a la demanda de mejorar los convenios de trabajo.

Un convenio de exploración debe ser bueno, porque si los resultados son favorables, se debe firmar después el de explotación. A todos les conviene y les va mejor trabajar en un ambiente de buenas relaciones entre empresa, campesinos y gobiernos.

La minería pone a flote un recurso natural y con ello la disputa de su valor. En esa disputa los sujetos son: en primer lugar, los inversionistas de la minería; en segundo lugar, los propietarios superficiales de la tierra (comuneros, ejidatarios y propietarios); en tercer lugar, los gobiernos de los diversos niveles; y, en cuarto lugar, el crimen organizado. Entre los primeros se trata de una disputa entre propietarios, unos de capital y otros del suelo superficial, ambos tienen poder y está legislada tanto su existencia como las reglas con que deben participar, sin uno no funciona el otro, ya que son los componentes básicos y permanentes de todo el proceso de explotación de un proyecto minero, por lo tanto, debe haber acuerdos, diálogo y negociación entre ellos. Los terceros son sujetos externos y de paso, su poder se los da el puesto político y administrativo que ocupan temporalmente y son representantes de la ley, a la cual deben vigilar y hacer que se cumpla junto con el correcto aprovechamiento de los recursos naturales y el cuidado del medioambiente. Su carácter de sujetos temporales, muchas veces con desconocimiento sobre la trayectoria de las relaciones sociales de los sujetos básicos e ignorantes de las leyes, así como de diversas reglas de ordenamiento, los lleva a jugar un papel formal y decorativo, con poca significación en el proceso de producción y cuidado ambiental. Por último, el crimen organizado, que no es tan temporal ni tan externo, puede cambiar de protagonistas o de grupos y está infiltrado, voluntaria u obligadamente, en los sujetos anteriores; su poder está en el uso de la violencia, el chantaje y la violación de leyes

Entre los propietarios del capital y de la tierra (empresarios mineros y campesinos) no aparece en ningún momento la posibilidad de ser socios, de conjuntar recursos (tierra, capital y trabajo) para desarrollar un proyecto productivo conjunto, aunque la ley lo permita. Por el contrario, aparecen siempre como compradores, por un lado, y vendedores de recursos naturales, por el otro. Es una relación mercantil, donde los vendedores de la tierra (campesinos y propietarios) quieren venderla al precio más alto posible y los compradores (empresas o empresarios mineros) adquirirla al menor precio posible. En esa disputa del valor de los recursos mineros, el vendedor no tiene conocimiento de lo que hay bajo su suelo, lo único que sabe es que el inversionista necesita su superficie para buscar y llegar a lo que se oculta en el subsuelo. Quien valora lo que hay en el suelo superficial es el comprador —el minero—, también pone precio al uso diferenciado de los espacios que serán ocupados, transformados o destruidos, así como a la vegetación que será destruida, removida y replantada después. El vendedor, en un principio, negocia el precio de la venta de su espacio y algunos servicios para la comunidad. Generalmente, acepta el trato de vender o rentar sus tierras, pero en ese momento no sabe nada relacionado con el negocio minero ni con las consecuencias ambientales y sociales, sólo es deslumbrado por el dinero que recibe.

En esa negociación por el valor de los recursos, la variable ambiental es considerada por el comprador, no por el vendedor. Es el comprador quien está obligado por las leyes nacionales e internacionales a contraer responsabilidades y realizar acciones de cuidado al medioambiente, para lo cual debe seguir los estudios y manifestación de impacto ambiental (mia); también es este quien se compromete a poner en práctica programas de reforestación, de protección y cuidado de la fauna silvestre, de seguir los protocolos y respeto de los códigos en el uso de materiales químicos y peligrosos. Igualmente, al finalizar la explotación, debe poner en práctica un programa de cierre y mitigar lo más posible los impactos de transformación y destrucción ambiental. Las exigencias que ahora existen para la actividad minera, respecto a cuidar el medioambiente, son resultado del contexto mundial de crisis ambiental que se vive y que exige a los países, a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, modificar leyes y poner en práctica nuevas reglas en las formas de extraer y explotar los recursos de la tierra. Este proceso de conciencia ambiental no se observa como prioridad en el vendedor o el que renta la tierra (núcleos agrarios), la responsabilidad ambiental de los diversos pueblos donde están operando las mineras es más bien insustancial. Lo ambiental ha aparecido como bandera de lucha y reclamo de los campesinos cuando ven la contaminación de suelos, aguas y aire, la destrucción de árboles y transformación de su medio, pero no lo ven como problema ambiental, sino como exigencia de nuevos pagos o indemnizaciones. En esa relación con el capital, los campesinos valoran la tierra, los árboles y la fauna silvestre, pero desde una visión mercantil, es decir, lo que la naturaleza vale en dinero y no tanto por su importancia ambiental para la producción de alimentos o de agua, como reguladora del clima, el hábitat y los ecosistemas. En pocas palabras, se limitan a ponerle precio y venderla. “Nunca vi que mis paisanos de Xochipala quisieran y cuidaran tanto a la deteriorada vegetación, sino hasta que llegó la minera —Los Filos—, quien puso precio de mil pesos por cada árbol que cortaría. En el recuento de árboles por cobrar incluyeron hasta los matorrales”.¹³

El medioambiente no es todavía la preocupación y prioridad básica de los sujetos que intervienen en el proceso de producción minera. Los inversionistas son quienes más manifiestan avances al respecto, ya que cada vez están más obligados y condicionados por leyes y reglamentos a apegarse a prácticas empresariales en el cuidado ambiental. A mayor ética ambiental, las corporaciones obtienen más réditos como empresas responsables con el medioambiente, lo que les retribuye mayor competitividad en el negocio mundial de los metales. Por su parte, para los integrantes de las comunidades y propietarios de la tierra, siempre y cuando les paguen por los daños no hay problema; su grado de conciencia ambiental se mide por el precio que obtengan por cada cuerpo de agua que contaminen, por cada árbol que derriben y por cada espacio que se ocupe y se destruya. Finalmente, para el gobierno de los diversos niveles, lo ambiental, lo sustentable es la retórica con la que decoran los discursos con los que entretienen a sus electores, justifican su función y alimentan futuras aspiraciones políticas.

Este panorama trágico que se describe es el que domina en los procesos de producción minera regional. La minería en sí es una actividad de destrucción y transformación de la naturaleza y aunque se observan procesos de cambio, de avances en los cuidados ambientales, aún no son prácticas dominantes, hay impactos negativos en el medioambiente que pueden ser evitados y superados.

La historia debe registrar las formas de destrucción y transformación que se están haciendo de la naturaleza, con la explotación de los recursos mineros en las áreas geográficas de influencia de los municipios de Teloloapan, Cocula y Eduardo Neri. Ahí las empresas mineras Capela (subsidiaria de Peñoles, S.A., de capital mexicano), la Media Luna (subsidiaria de Torex Gold, S. A., de capital canadiense) y Los Filos (subsidiaria de Lea Gold, S. A., de capital canadiense), a partir del siglo xxi, desarrollan modernos y agresivos proyectos de extracción de oro, plata, cobre y zinc. Estos procesos de producción están contextualizados y responden a la demanda de los mercados mundiales de metales y son favorecidos por las políticas neoliberales de la economía mundial.

La producción minera responde a la creciente demanda humana de metales preciosos en los mercados mundiales; también en las industrias de la construcción, de la maquinaria, de electrodomésticos, automotriz y de aparatos diversos que dependen fundamentalmente de los metales; así como a las industrias de la medicina, los fertilizantes, la alimentación, etc., que dependen secundariamente de la industria minera. La minería es una actividad estratégica, cubre una función imprescindible de la vida humana. El daño que causa a la naturaleza no es intencional y tampoco es la única responsable, ahí está la sociedad o sociedades históricas con sus corresponsabilidades. La minería lo que hace es responder a una necesidad social, con los medios técnicos y científicos de que se dispone. Estos pueden mejorar y disminuir sus impactos ambientales, pero son procesos también determinados por el desarrollo social, y hasta ahora no se cuentan con los conocimientos que hagan posible la explotación de los recursos sin transformar ni destruir a la naturaleza. Por eso aquí no se trata de culpar a quienes hacen posible la oferta de esos materiales metálicos que la sociedad humana demanda, sino de comprender y explicar ese proceso productivo y contribuir con la búsqueda de opciones que integren lo ambiental y social en esos procesos de producción. La minería es un proceso de producción inevitable hasta ahora; de transformaciones y destrucciones de ambientes naturales, donde unos son más responsables que otros, unos más beneficiados que otros, pero todos vamos en el mismo barco, somos beneficiarios y responsables de sus consecuencias.

Pasaremos a la historia como la generación que derribó, removió y perforó cerros y montañas en las riberas del Balsas para extraer los pocos gramos de oro y plata que ahí se esconden entre los millones de toneladas de tierra. Se transformaron paisajes y se destruyeron ecosistemas, lo cual hará que tales espacios no vuelvan a ser iguales: todo en aras del desarrollo. Pero también se produjo un beneficio particular y social derivado del aprovechamiento de los recursos naturales. Será nuestra huella histórica en el proceso de transformación y destrucción de la naturaleza.

La minería y el crimen organizado regional

Uno de los problemas de los que se quejan constantemente los inversionistas mineros es la inseguridad que se padece en las diversas zonas donde trabajan, la cual es provocada por el crimen organizado. Antes, la inseguridad estaba vinculada a la incomunicación y la accidentada topografía, eran los aliados naturales de los bandidos. Hoy, las nuevas tecnologías de comunicación, los vehículos, las armas modernas y las nuevas formas de relaciones son los medios de los que se vale el crimen. Los criminales están donde hay y se mueve el dinero: ahí actúan y perpetran sus crímenes.

La región de influencia minera se la disputan diversas organizaciones del crimen organizado. En estos momentos se sabe que la organización denominada Guerreros Unidos (gu en adelante) ejerce control en el área de influencia económica de la minera Peñoles, en los municipios de Teloloapan, Apaxtla, Ixcateopan y Cuetzala del Progreso, donde tienen puestos de vigilancia y retenes en las diversas carreteras; cabe mencionar que también se disputan el área de Iguala. Por otro lado, están los denominados Tlacos, cuyo centro de operaciones se encuentra en Tlacotepec y cuya área de control coincide con las zonas de las mineras Los Filos y la Media Luna, que comprenden parte de los municipios de Cocula, Eduardo Neri y Leonardo Bravo. También en esa área tienen retenes con enormes topes en las carreteras, donde, con actitud prepotente y armas de gran calibre, revisan e interrogan a los transportistas que circulan; además, se disputan con los gu el área de Iguala, que incluye a Tepecoacuilco y Huitzuco, puntos estratégicos de comunicación con el estado de Morelos. El dominio de la Familia Michoacana (fm), por su parte, es hacia la región de Tierra Caliente, entre Guerrero, Michoacán y el sur del Estado de México, donde tienen el control en el área de influencia de la mina de Campo Morado, en el municipio de Arcelia. Por el lado norte, los gu se disputan territorio con la fm y por el sur y oriente con los Tlacos. Estos, a su vez, se disputan el área de Chilpancingo con los Rojos y los Ardillos.

Estos grupos criminales cambian constantemente: se eliminan mutuamente, pero también se fusionan, fracciones de un grupo se desprenden y se incorporan a otro; se disputan territorios, pero también hay fusiones de territorios. También sucede que los jefes e integrantes de un grupo y otro se conocen bien: en algún momento fueron del mismo grupo o aliados. Por ejemplo, los Tlacos surgieron como policía comunitaria de Tlacotepec, bajo la influencia y apoyo de las policías comunitarias de Apaxtla y la Tecampanera de Teloloapan. Por razones que serían de peso, se dividieron y después se han enfrentado y se han matado. En el caso de los gu y la fm que operan en esa zona, también se conocen bien y existen relaciones entre ellos, incluso familiares, pues los líderes de ambos grupos son o eran (algunos ya no viven) de Teloloapan. Actualmente, ante la rivalidad que existe entre los gu y los Tlacos, hay indicios de cierta alianza entre gu y fm, la cual se promueve y favorece con la colaboración de elementos, de ambos grupos, en el gobierno del estado de Guerrero. Los gu y la fm se han disputado, hasta la actualidad, después de que se dividieran, la ruta de trasiego de enervantes de la sierra que va de Tlacotepec hacia la frontera norte. ¿Cuáles son sus diferencias? Se entiende que es la ambición por tener el control del negocio, el cual da poder y dinero; lo que los divide y enfrenta es la ley de la selva, la del más fuerte, ver quién domina a quién; o bien, las rivalidades responden a intereses de poder externos a la región, de los cárteles con los que están vinculados.

Cabe agregar que el crimen organizado está dividiendo una región que ha tenido históricamente identidad cultural, a saber, la zona de influencia de Iguala, Teloloapan, Tierra Caliente, Apaxtla y Tlacotepec. Región de rancheros que han compartido rutas comerciales, vías de comunicación y poblaciones; los unen gastronomía, folclor musical y los sombreros de Tlapehuala. Las familias están muy interrelacionadas desde Iguala hasta Ciudad Altamirano: ahí están emparentados quienes comparten los apellidos Salgado, Cuevas, Urióstegui, Brito, Abarca, Bahena, entre otros más. Esto puede explicar las relaciones contradictorias que se manifiestan entre criminales: son adversarios en los negocios criminales, pero conviven en lo social y en lo político, que son dos dimensiones de manifestación del crimen organizado. Los grupos criminales tienen sus presidentes municipales, diputados, senadores, funcionarios de gobierno estatal y federal afines, así como partidos políticos que apoyan y ayudan en los procesos de elección de funcionarios. Por tal razón, esos funcionarios públicos y representantes sociales, a la vez criminales, tienen que manifestar buenas relaciones entre vecinos geográficos. Ejemplo de ello, son los eventos de toros que realizan, generalmente a comienzos del año. El más reciente, a principios del 2022 en la población de Ixcaputzalco, donde se reunieron los presidentes municipales de Teloloapan, Acapetlahuaya, Apaxtla, Ixcateopan, Tlapehuala; el anfitrión, de Iguala, no fue pero mandó su toro. Ixcaputzalco es territorio de la FM, organización que tuvo a su cargo la seguridad del evento y la seguridad personal de los representantes municipales. Además, realizan otros eventos, como bailes, ferias tradicionales. Todo aquello donde hay acuerdos previos entre grupos se lleva en orden. En los eventos, de manera atenta y respetuosa, característica comunicativa de la gente regional, dicen los anfitriones a los asistentes: “Por favor, nada de armas, ni celulares, los pueden dejar en sus autos, no serán necesarios, aquí todo está en orden”. Efectivamente no se han dado actos de violencia en esos eventos, donde controlan también la injerencia de bebidas alcohólicas; pero eso sí, la vigilancia es de todos contra todos.

El crimen no siempre ni en todos lados significa inseguridad. En determinados momentos y lugares, en el pasado y en el presente, el crimen ha dado y sigue dando “seguridad” contra otros criminales, mediante el respectivo cobro del servicio, tanto a inversionistas, a la sociedad y a las propias instancias de gobierno. Este fenómeno no fue del pasado solamente, sigue estando en el presente, pero con formas camufladas y otras no tan camufladas de extorsión y succión económica.¹⁴ El crimen es inseguridad, pero también es “seguridad,” es “protección” en su territorio de control ante otros criminales. Seguridad que se extiende a castigar a otros infractores de la ley y el orden social. Es decir, hay acciones “buenas” del crimen. En diversos casos han castigado y eliminado a robavacas y robacasas, han prohibido la tala y el tráfico de madera, así como la caza de animales silvestres en su territorio de influencia. A través de las policías comunitarias, ponen orden en problemas sociales, como son robos, peleas, deudas, etc., e incluso llegan a ser más eficientes sus métodos de convencimiento y corrección social que el de los jueces.

Entre los grupos criminales hay prácticas comunes. Por ejemplo, las policías comunitarias de unos y otros, con sus retenes, hacen lo mismo: botean (ponen su bote a los conductores para que den cooperación); observan quiénes van y qué llevan en los vehículos (llegado el caso, los detienen), interrogan a los conductores, para saber hacia dónde van, qué hacen, dónde viven, etc. Una violación total al derecho de libre circulación. En ciertos momentos y rutas hay tantos retenes en las carreteras que no se sabe a qué grupos pertenecen. El argumento que dan los policías comunitarios siempre es que están para proteger a la comunidad de la delincuencia; es decir, de la otra delincuencia. Porque cada retén de policías comunitarios está vinculado a grupos criminales, los cuales les dicen qué funciones deben realizar, les pagan un sueldo diario, les suministran armas y motocicletas para hacer recorridos y les proporcionan medios de comunicación para estar informando. Ahí es cuando el crimen, emplea y recluta, sobre todo a jóvenes.

Me comentó un empresario, que podría ser lo mismo de Teloloapan, Iguala o Mezcala, porque todos ahí viven el mismo problema:

Tenemos el problema de falta de empleados, los jóvenes no quieren trabajar. ¿Las razones? Prefieren emplearse en las policías comunitarias, ahí les dan $200 pesos por día, un celular, les asignan las tareas a realizar, que por lo general es informar de lo que sucede en un área determinada, ese ingreso lo complementan con las becas del gobierno del programa Construyendo el Futuro. Cuando trabajan no se les puede decir nada porque se van. Habiendo mucho dinero en movimiento con las minas, varios negocios están cerrando o están en venta, suena contradictorio, pero así es la realidad que estamos viviendo, resultado de las políticas del gobierno de López Obrador (9 de enero de 2022).

El control de territorios es para la distribución, venta de drogas y extorsión, con el llamado “cobro de piso”. Este cobro se lo aplican a los ayuntamientos, a las organizaciones gremiales de taxistas, transportistas urbanos, sindicatos, comerciantes, a empresas y otros más. La cantidad de dinero la asigna el crimen, aunque aceptan negociar o que les regateen. A cambio les ofrecen “seguridad” contra otros grupos criminales. Los ayuntamientos de la región, en su mayoría pagan el cobro de piso, están bajo el control criminal y, en su mayoría —si no es que todos—, son parte de él, ya por pertenencia a un grupo, por corrupción, por compromisos contraídos en los procesos electorales o por sometimiento.

Los municipios que conforman la región están bajo control criminal de los gu, la fm y los Tlacos. Ahí la extorsión municipal se va institucionalizando cada vez más. Primero, el dinero mensual que daban al crimen salía de las obras y servicios municipales; ahí abultaban presupuestos y facturaban, era dinero público el que se usaba y las burocracias lo justificaban. Ahora las administraciones municipales cargan los montos del “pago de piso” a sus empleados. Este pago se compromete desde los momentos de campaña electoral y se debe cumplir si gana el candidato o la candidato. El descuento que se hace es dependiendo el salario. Según información reciente, a un salario de $3 000 le quitan $500, a un director o jefe de área le quitan $1 000. Esta colecta es negociada, controlada y entregada mensualmente donde el crimen indica y la autoridad municipal tiene a la (o las) personas que se coordinan con el crimen. Lo que se sabe es que esa bolsa de dinero que se hace, va no sólo al crimen organizado, sino que es, más bien, un reparto entre dirigentes municipales y criminales, que a final de cuentas son parte de la misma estructura.

Pero la extorsión criminal no se limita a lo anterior, son diversas las estrategias y fuentes que aplican para dicha práctica. Hay municipios en que el crimen organizado es quien controla la venta y distribución de diversos productos de consumo masivo, como refrescos, cerveza, harina, carne y otros más; también con quién se hacen arreglos para realizar eventos públicos cómo ferias, bailes y corridas de toros. En estos casos, el grupo criminal que tiene el control de ese territorio es quien cobra una cuota o un porcentaje de lo que entre, a cambio de dar “seguridad” y vigilancia para que haya orden.

El crimen organizado regional tiene dos caras: una como grupos criminales y la otra como policías comunitarios. Los primeros son los “no tolerados” abiertamente por el gobierno, el cual dice combatirlos; mientras que los segundos son los tolerados por el gobierno y no los combate, aunque reconoce que están fuera de la ley. Los primeros son de choque violento, son quienes defienden y disputan territorios y liderazgos; actúan camuflados y embozados; son sicarios, de quienes no se conoce su identidad y están equipados con modernas tecnologías armamentísticas, vehículos motorizados y medios de comunicación. Los segundos, actúan sin camuflaje, descubiertos, dan la cara, están en los retenes y andan por las carreteras en camionetas y motocicletas, con su celular o radiocomunicación y armas reglamentarias; dicen proteger a su comunidad y a la sociedad del crimen organizado. Las caravanas del ejército, en sus rondines rutinarios, pasan por esos retenes de civiles armados, y no pasa nada, son el crimen organizado tolerado.

El crimen organizado y los poderes formales

El crimen organizado regional no sólo delinque, también ejerce el poder público y detenta el orden social. Es un poder que actúa entre la ilegalidad (la fuerza y la violencia) y la legalidad (quieren orden), haciendo que se respeten las normas legales y las que ellos ponen en suterritorio. Es poder tras el poder formal y legal: aprovecha vacíos o debilidades del poder institucional; a veces actúa como poder paralelo, abiertamente o a través de los poderes formales, según le convenga. Por lo general, controla las áreas básicas donde se manejan los recursos y la seguridad municipal (obras, comercio, seguridad, mandos policiales, de tránsito y organizaciones gremiales); decide donde realizar obras y a quién comprar los materiales y servicios de maquinaria. En el orden social, el crimen hace lo que los gobiernos no pueden o no quieren hacer. Hay ejemplos: con la pandemia de COVID-19, en la región donde actúan las policías comunitarias, ellos hicieron obligatorio y vigilaban el uso del cubrebocas; ahí donde se practicaba el robo de madera para el mueble colonial, el crimen frenó esa práctica; en relación con la justicia, problemas relacionados con deudas, robos, agresiones, etcétera, es del dominio público escuchar “vayan con los comunitarios, el juez no va arreglar nada o él los va a mandar con los comunitarios”. En un poblado me comentaron “aquí, cuando es necesario realizar una labor social, como limpiar calles, quitar escombros, carros que estorban el tránsito público, etcétera, el comisario anuncia por el sonido del altavoz a la comunidad lo que deben hacer: nadie le hace caso y todo sigue igual. Pero cuando se anuncia y dice: es orden de la autoridad, todo mundo se mueve y todo se pone en orden”. La autoridad es el representante del crimen organizado y quién controla a la policía comunitaria. La disciplina y obediencia a lo que el crimen dispone, a través de los comunitarios, se impuso mediante penas y castigos (barrer las calles a los infractores y otras actividades que les ordenaban; o bien, son azotados con tablas, son tableados).

Por todo lo expuesto arriba, podemos asegurar que el crimen está presente en la estructura de gobiernos municipales, aunque decir esto no sea nuevo; más bien, han sido y siguen siendo dos elementos del mismo proceso, como bien lo analiza Domínguez (2015). Aquí se ve cómo los funcionarios, unos más discretamente que otros, están subyugados por el crimen o son parte de él (presidentes municipales, diputados, jueces, mandos policiales, líderes sociales). Se reúnen, dialogan, comen, se emborrachan, bailan con la música de bandas; estas reuniones no son secretas, pero tampoco abiertas al público: son organizadas y los asistentes son controlados. En la región están presentes el Ejército, la Guardia Nacional y policías del estado, pero son una decoración del gobierno, sin acción, sin combatir al crimen; en casos determinados su actuar se limita a hacerla de árbitro: con su presencia en los lugares de conflicto, separan a los grupos confrontados, pero no los combaten, sólo los ahuyentan. ¿Cómo se explica esta actitud pasiva de los cuerpos policiales? Se puede especular hipotéticamente que son las órdenes superiores que reciben, que puede haber contubernio entre mandos policiales y militares con el crimen, que responden a las estrategias políticas de no balazos con el crimen del presidente López Obrador.

El crimen es un fenómeno histórico y social, que actúa asociado a la corrupción de funcionarios públicos y se alimenta por la pobreza en que viven amplios sectores sociales. Crimen y corrupción no se limitan a esta región por la fluidez del dinero minero; son fenómenos que han estado en la vida de México y siguen en el presente. Con intensidades diferentes, permean a gobiernos y sociedad, y forman parte activa de la cultura del mexicano. También debe entenderse que se trata de un fenómeno connatural a las sociedades con bajos niveles de educación y altos niveles de pobreza. Por tal motivo, los problemas profundos no se van a erradicar con discursos anticorrupción o políticas de beneficencia social. Exige cambios más profundos de la economía, basados en el trabajo y la producción, la redistribución justa de la riqueza y, con ello, la disminución de la pobreza; exige fomento y estímulo al trabajo como base del bienestar individual, familiar y social; requiere el desarrollo de procesos intensos de educación formal y no formal de la sociedad, motivada y guiada por el respeto y cumplimiento de las normas públicas de convivencia social.

El crimen como fenómeno social es adaptativo a los tiempos y lugares en que actúa, es expresión de su época e innovador también; sabe esquivar leyes y camuflar sus acciones. Supone una tarea compleja y de altos riesgos, donde se requiere valor, pero también inteligencia, pues no es cosa sólo de criminales empistolados y analfabetas. Ahí hay —voluntariamente o bajo coerción o coacción—, conocedores de las leyes, de la política, de la administración pública, de las tecnologías, que saben cómo se mueve el comercio y el dinero. Esto explica que, en diversas circunstancias, el crimen supera en estrategia de evasión a los gobiernos. El concepto de crimen organizado tiene esa connotación: es la integración y acción de redes que se establecen entre criminales y estructuras de gobierno y sociedad. No actúan solos, arrastran y criminalizan a sociedades y gobiernos cuando no se aplica ni opera el “imperio de la ley”.

En la historia del crimen organizado de México abundan las evidencias de esas relaciones entre criminales y funcionarios de gobierno de alto nivel, que ha incluido a presidentes, gobernadores, secretarios de Estado, senadores, diputados, altos mandos militares y funcionarios menores (Valdés Castellanos, 2013). La sociedad, o diferentes sectores de ella —para no generalizar—, son activos participantes de las organizaciones criminales, ya sea por parentesco (lo que para los criminales es más confiable y seguro) o por paisanismo, amiguismo o compañerismo generacional, etc. Son diversas las estrategias usadas y los niveles de vinculación y participación con que se vincula a la sociedad, que van desde ser informantes, dar protección, ser prestanombres en el lavado de dinero, hasta actuar directamente en actos criminales. La sociedad apoya, consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, a las organizaciones criminales.

El crimen organizado y las empresas mineras

El crimen ha intentado y es posible que tenga injerencia en las minas a través de subsidiarias. Las minas sacan a concurso las obras y servicios que requieren y ponen las condiciones a que deben sujetarse, las cuales están sustentadas en la legislación nacional y en códigos internacionales de seguridad en el trabajo, el cuidado de la salud y el medioambiente. Ahí es donde puede entrar a la mina una empresa vinculada al crimen. Estas han intentado entrar a la fuerza, exigiendo obras para sus empresarios afines, concesiones de transportes de carga, de pasajeros, pero no quieren reglas. Aceptar que se violen y no se respeten sus ordenamientos, desacatando sus principios y filosofía de trabajo, es inadmisible para una empresa minera con ética, aunque habrá mineras que sí lo hagan. En los casos de estudio regional, no hay evidencias de contubernio, asociación u omisión de normas a favor de subsidiarias vinculadas al crimen. Hubo un caso, donde el crimen exigía para una empresa afín, construir pilas de lixiviación, pero al ver la normatividad que la minera exigía, desistieron; otra exigía la concesión del transporte de trabajadores, pero, al ver las condiciones y exigencias, también desistieron. Han existido momentos en que las minas han parado o suspendido, parcialmente trabajos, cuando han tenido fuertes presiones y amenazas del crimen organizado, el cual, por naturaleza, no trabaja con reglas formales ni puede ser parte de la estructura minera y empresarial como tal, pues no se somete a la normatividad de leyes y reglamentos nacionales e internacionales.

Mineras y organizaciones criminales comparten un espacio territorial, pero afirmar por ese hecho que son aliados es muy simplista. Sería expresión de miedo y debilidad de los empresarios apoyarse para su trabajo en lo peor y más inestable de la sociedad, como son los grupos criminales, que están hoy, pero mañana quién sabe. En este caso no se dispone de las evidencias para afirmar que entre mineros y crimen existe una relación organizada e intencionada.

Lo que se observa en los estudios y proyectos de operación, en los estudios de impacto ambiental y en los permisos oficiales de operación, es que las tres mineras son empresas formales y legales, con trayectoria histórica de trabajo, cuya acción está avalada y sancionada por las leyes e instituciones reguladoras de esa actividad en México. Cubren los requisitos de ley y pagan los impuestos respectivos, por lo que tienen derecho a ser protegidas por el gobierno para que su actividad se realice dentro del orden jurídico y no tengan la necesidad de andar haciendo tratos con criminales manifiestos. Además, las empresas mineras como instituciones privadas que son, tienen sus propios sistemas de seguridad, profesionalmente organizados y técnicamente bien equipados. No se puede entrar y salir de las minas sin ser identificado y controlado, mediante uno o dos puestos de control de seguridad, donde se identifican a las personas, se revisan equipos de mano u otros objetos. Asimismo, se dejan los autos en lugares indicados, se pasa por escáner y cámaras de seguridad, y se conduce y guía al visitante al destino de interés. No hay libre circulación de personas por las diferentes áreas de trabajo sin justificación. Las mineras son empresas que se rigen por una organización con rigurosos índices de seguridad y orden, los cuales se deben cumplir sin excepciones.

La actividad minera tiene diversos impactos en las sociedades regionales: dinamiza la economía, el comercio, la generación de empleos directos e indirectos y hay quienes saben aprovechar esa circulación de dinero para hacer negocios. Lamentablemente, el crimen organizado es uno de los beneficiados con esa derrama económica. Por eso la lucha y disputa de esos territorios son a muerte entre los grupos criminales. Los territorios mineros de Guerrero también son del crimen organizado. Las organizaciones criminales se enfrentan, se dividen, se desplazan, se aniquilan, pero los triunfadores siguen imantados a las minas, a la succión del dinero que derraman. Al mismo tiempo, operan tanto en el cultivo, compra y trasiego de enervantes como en la distribución de drogas y otras actividades ilícitas. Se observa que una de las prioridades que persigue el crimen, con la defensa y protección de sus territorios, es el dinero que circula y las formas de extraerlo. De tal suerte, el control de un territorio donde circula dinero significa una fuente de extorsiones y venta de drogas, pero también una fuente de poder para controlar sectores de la economía, para someter a su control autoridades municipales y regionales, y disputar los beneficios de las inversiones públicas.

En los últimos años, después de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, en el 2014, el crimen organizado bajó su impacto de violencia con la sociedad (secuestros, asaltos o extorsiones públicas) y se ha centrado en el negocio del cobro de piso, de la extorsión y el control de la distribución comercial. No existe en la región un ambiente social de terror, de inseguridad y violencia extrema como ha existido en otros momentos. La violencia y muertes que se han dado son entre los grupos criminales, en sus luchas, disputas de plazas y control de territorios.

El crimen organizado y las comunidades

El crimen organizado regional actúa también a través de las comunidades aledañas a las minas. Existe cercanía entre grupos criminales y pobladores de las comunidades, puesto que diversos líderes criminales son oriundos de esas comunidades, en las cuales ha ganado clientela el consumo de drogas, principalmente entre los jóvenes, lo cual los vincula también con el crimen. Es sabido que, en las comunidades los jóvenes prefieren trabajar en las policías comunitarias y no en las minas. Además, muchos que lo han intentado en las minas no han aprobado el examen antidoping. Mientras que en las policías su trabajo es andar en una camioneta o en una moto, con un celular, y haciendo rondines por las calles de comunidades e informando lo que ven.

Formar policías comunitarias es reclutar comunidades para los grupos criminales. La propuesta de formar una policía para proteger a la comunidad de la inseguridad es el anzuelo. Una vez aceptada la propuesta, esa comunidad ya se involucró con un grupo criminal, quien les proporcionará apoyo con armas y los relacionará con otras policías comunitarias de la región, con quienes interactúan y conocen las actividades a realizar. Una de esas actividades es poner un retén en carretera, donde piden cooperación (botean) y siguen la encomienda de ver quién pasa y qué transporta. Un informante, que conoce muy bien a la gente de su comunidad porque ha sido en diversas ocasiones comisario, me comentó que la policía de su comunidad sí les da seguridad y la costean con lo que recolectan de cooperaciones de la gente del pueblo y con lo que juntan del boteo. Las armas y celulares son de cada quien. Pero no se dice cómo costean las camionetas en que se mueven, las armas de alto poder que sacan en ocasiones, los aparatos de comunicación y los salarios o apoyos que reciben, pues sólo se dedican a eso, no trabajan en otra cosa. Se oculta la relación que tienen las policías comunitarias con el crimen organizado, que son utilizadas y provistas por este para cumplir su función. En suma, ignoran que son la cara tolerada del crimen por el gobierno; muchos pobladores desconocen la función real de las policías comunitarias de la región.

Tiene explicación la confusión a que da lugar la idea de policías comunitarias. Su origen, a comienzos del siglo en curso, en comunidades de la región Costa Chica-Montaña, obedeció a la necesidad de defenderse del crimen organizado, pero también para proteger sus recursos naturales, principalmente contra los intentos de algunas empresas que querían realizar estudios para la explotación minera. Nacieron como organizaciones de autodefensa comunitaria. Su expansión, los llevó a acciones ofensivas de empoderamiento regional, a divisiones como organización y a confrontaciones entre “comunitarios”, que terminaron penetradas y controladas por el crimen, hasta el grado de no distinguirse las policías de autodefensa y las que respondían al crimen. Esta confusión persiste y se complementa con la duda de a que grupo pertenecen diversas policías comunitarias. Por eso, tienen razón quienes afirman que darles cooperación a quienes están boteando, además de obstaculizar el libre tránsito, nos vuelve cómplices y apoya la existencia de esas organizaciones delincuenciales que han perdido su naturaleza realmente comunitaria. Pero no darles y transitar continuamente por esas rutas también es peligroso, te convierte en sospechoso y enemigo potencial.

El crimen organizado actual de la región, a diferencia de hace 10 años, que era extensión de los cárteles del noroeste y del noreste del país, tiene raíces locales. Es producto de las organizaciones que dejaron escuela delictiva, con el cultivo de marihuana, primero, y amapola, después, cuando los lugareños de las partes serranas se hicieron productores, para después volverse traficantes al servicio de cárteles con presencia nacional e internacional. Ahí adquirieron experiencia y relaciones criminales que les dieron capacidades para comenzar y tejer sus propias redes y organizaciones criminales regionales. Primero actuaban como apéndices, con acciones a la sombra de organizaciones mayores; pero ahora, aunque siguen teniendo vínculos y dependen de cadenas criminales nacionales y trasnacionales, comenzaron a defender su derecho de territorio y naturalidad regional. El hecho de que existan diversos grupos criminales en la región responde a su origen a comienzos del siglo: unos descienden y tienen vínculos con el cártel de Sinaloa; otros están vinculados a los Beltrán Leyva; y otros más con los Zetas o cártel del Golfo. Esa herencia, manifestada en organizaciones como los gu, la fm y las divisiones de estas (en Tlacos, Rojos, Ardillos y otros más que van surgiendo), forma el paisaje actual criminal de la región minera del centro-norte de Guerrero.

Ahora bien, sí hay una relación social y económica entre las empresas mineras y los componentes de la sociedad regional, entre ellos, el crimen organizado. La actividad minera implica la liberación de importantes cantidades millonarias de dinero que circula a través de los salarios y el pago de diversos servicios necesarios y de consumo. Es ahí, en la circulación del dinero, donde actúa el crimen organizado, apropiándose de una parte mediante prácticas ilegales y violentas, como el “cobro de piso” a comerciantes o la exigencia de cuotas periódicas a los transportistas, a las organizaciones gremiales y sindicales. También interfieren en las cadenas de distribución comercial, cuando imponen precios arbitrarios al consumidor: la alteración de precios al consumo básico final y cautivo es una forma de extorsión disimulada. Así, una parte del pago de cada producto va al crimen organizado que controla ese territorio: a mayor consumo, mayor pago; a mayor circulación de dinero, mayor consumo, mayor succión de dinero y mayor contribución con el crimen (similar a la Sicilia italiana bajo el dominio de las mafias del siglo pasado).

En ese ambiente de economía regional, la minería es la gallina de los huevos de oro a la que hay que cuidar, pues en ella coinciden intereses entre crimen y empresas. Es el caso de la comunidad de Carrizalillo que paró por más de tres meses los trabajos de la mina Los Filos, a finales del 2020. Terminaron sin lograr nada de lo que pedían porque el crimen les ordenó levantar su paro, ya que no circulaba dinero y comenzaron a exigir el pago de las cuotas. Esta presión fue para toda la sociedad que depende, directa o indirectamente, de la minera Los Filos, donde hay miles de habitantes. En este caso se vio que el crimen fue el instrumento que hizo el trabajo a favor de la mina, pero lo hizo porque así le convenía: cuidar la gallina de los huevos de oro. En otra ocasión anterior, la comunidad de Carrizalillo también paralizó los trabajos de la mina Los Filos, pero la comunidad de Mezcala presionó y obligó a los de Carrizalillo a levantar su paro. Mezcala es el paso obligado para los pobladores de Carrizalillo y centro de operación y servicios de la minera, por lo que su economía depende por completo del trabajo y circulación del dinero que mueve la mina. Aquí Mezcala apareció como la que hizo el trabajo sucio para la mina. Caso similar fue el paro promovido en la minera Media Luna por un grupo de trabajadores que disputaban la titularidad del contrato de trabajo, y que estaban influenciados externamente por líderes del sindicato minero de Taxco (en huelga desde hace 15 años), con influencia de Napoleón Gómez Urrutia. Ahí fue el pueblo de Balsas el que se organizó y rompió el bloqueo a la mina, porque asfixiaba la vida económica de la población que depende del empleo y la derrama económica que esta produce.

En conclusión, dentro de la región minera hay una lucha por la apropiación del valor que está generando la explotación minera. El crimen organizado es uno de esos actores en disputa y para ello se vale de la fuerza, de las debilidades y corrupción del poder público y de la sociedad. El crimen es de los mayores beneficiados con el dinero que hace circular la actividad minera en la región. En sus accionar tiene como aliados a los gobiernos y la población de las comunidades, antes que a las empresas mineras. El crimen es un poder regional que, ante las deficiencias de gobernabilidad y vacíos de poder institucional, se coloca como el poder real (de facto).

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