II. Obstáculos y retos en educación superior: El tema de la inviabilidad de las políticas públicas y el financiamiento

Guadalupe Nancy Nava Gómez^*
Emilio Gerardo Arriaga Álvarez^**
Rosalba Moreno Coahuila^***

DOI: https://doi.org/10.52501/cc.212.02

Resumen

Como parte del estudio y revisión de la literatura seleccionada durante los simposios de actualización disciplinaria Financiamiento y movilidad social de la Educación Superior, en el marco del xvi Seminario Anual de la Red Nacional de Cuerpos Académicos en Educación, Políticas y Universidad-2023, se analizaron algunas de las principales problemáticas que obstaculizan la incorporación y el desarrollo de las políticas públicas de Educación Superior, sobre todo en las universidades públicas mexicanas: el financiamiento. Dicha temática representa no sólo una preocupación para el desarrollo de las tres funciones centrales de la universidad: la docencia, la investigación, la difusión y la vida universitaria, también constituye un elemento trascendental para que la instrumentación de políticas públicas y educativas nacionales e internacionales, como la gratuidad, la obligatoriedad y el acceso universal a la educación, puedan concretarse.

Entre los confines de las discusiones en materia de Educación Superior y vida universitaria estas políticas públicas hoy se siguen debatiendo. No obstante, en el centro de la problemática se identifica el tema del financiamiento a la Educación Superior: ¿El Estado es fuente del debate? o ¿será que la democratización en diversos ámbitos de la vida social ha planteado estos temas eje desde la perspectiva del derecho y del reconocimiento?

Con las siguientes notas, en el capítulo se esboza de forma detallada el estado de la cuestión de la Educación Superior en estos tres ejes analíticos, a saber: la obligatoriedad, la gratuidad y el acceso universal.

Palabras clave: Educación superior, política educativa, obligatoriedad, gratuidad, universalidad.

Marco teórico

Obligatoriedad desde el marco legal

Para abordar el tema de la obligatoriedad de la Educación Superior, es preciso volver al momento de la renovación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del año 2018, periodo en el que Andrés Manuel López Obrador planteó la posibilidad de revisar y legislar este asunto. El 15 de mayo de 2019 se promulgó la reforma constitucional que modifica el régimen del derecho a la Educación Superior en México. Del mismo modo, se formula la creación de una Ley General de Educación Superior y una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Dicha reforma incluye algunos aspectos, entre los que se encuentran: la distribución de las competencias, la gobernanza del sistema, el reconocimiento de los derechos humanos y la perspectiva de género. Además, se incorporan nuevos mecanismos de planeación, evaluación y control de la Educación Superior para el sector privado, así como disposiciones sobre el financiamiento de las instituciones públicas con el fin de alcanzar objetivos de obligatoriedad, gratuidad y acceso universal en educación.

Al respecto, el artículo tercero constitucional sufre modificaciones el 20 de abril de 2021 y se publica, en el Diario Oficial de la Federación (dof, 2021), la Ley General de Educación Superior, marco normativo en el que establece:

En el mismo sentido, se establece en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (pidesc) (Riva Palacio, 2012) que la educación es un derecho fundamental por tratarse de un objetivo prioritario y estar enfocado a un grupo fundamental y vulnerable, como son los niños. Además, la obligatoriedad se considera un principio básico para el desarrollo. Al respecto, Riva Palacio (2012) se señala:

La educación es al mismo tiempo un derecho humano en sí mismo y un medio indispensable para llevar a cabo otros derechos humanos. Como un derecho que empodera, la educación es el vehículo primario por medio del cual los adultos y niños marginados pueden salir por sí mismos de la pobreza y obtener los medios necesarios para participar de lleno en sus comunidades. La educación juega un papel principal en el empoderamiento de las mujeres, en la salvaguarda de los niños del trabajo explotador y de la explotación sexual, promoviendo los derechos humanos y la democracia, protegiendo el medio ambiente, y controlando el crecimiento poblacional. Cada vez más, se reconoce a la educación como una de las mejores inversiones financieras que los estados pueden realizar. Pero la importancia de la educación no es sólo práctica: una mente bien educada, iluminada y activa capaz de navegar a sus anchas, es uno de los goces y recompensas de la existencia humana. [p. 52]

Más allá de establecerse en este pacto el derecho humano a la educación, también se encuentra protegido desde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (unicef), tal como lo establece la observación número 11. Asimismo, en el pidesc se establecen algunos criterios mínimos de cumplimiento:

1. Disponibilidad
2. Accesibilidad
3. Aceptabilidad
4. Adaptabilidad
   1. Accesibilidad sin discriminación
   2. Accesibilidad material
   3. Accesibilidad económica

Al mismo tiempo, estos contenidos están sujetos a algunos principios incluidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales son:

• Universalidad
• Interdependencia
• Indivisibilidad
• Progresividad

El último es importante, ya que a partir de éste se establecen los factores mínimos a partir de los cuales es posible evaluar el progreso tras la instauración de un derecho humano. Al continuar la búsqueda de elementos que aportan aspectos al planteamiento de la obligatoriedad de la Educación Superior es necesario recuperar lo que se estipula en la Ley General de Educación Superior (dof, 2021):

Hasta este punto de la reflexión, el cuestionamiento inicial sobre: ¿El Estado es fuente del debate? Por lo menos en el enunciado expresado en la Ley General de Eduación Superior (dof, 2021), la obligatoriedad sí es parte de las atribuciones y corresponsabilidades del Estado mexicano. Planteamientos de esta naturaleza abren espacios de discusión a las posibilidades reales de acceder a la Educación Superior.

Para este fin, a continuación, se recuperan los siguientes datos de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi, 2021), en relación con la población por grupos de edad que nunca han asistido a la escuela y sus posibles razones, las cuales se muestran en la tabla 1:

Tabla 1. Población por grupos de edad que nunca han asistido a la escuela, principales motivos

De 15 a 17 años			De 18 a 22 años			De 23 a 29 años
68.9%	Discapacidad física o mental		41.6%	Discapacidad física o mental		24.4%	Por falta de dinero o recursos
19.2%	Tenía que trabajar o entró a trabajar		15.7%	Tenía que trabajar o entró a trabajar		22.0%	Discapacidad física o mental
11.9%	Enfermedad o problemas de salud física o emocional (afecciones cardiacas, cáncer, depresión o ansiedad)		14.2%	Por falta de dinero o recursos		21.8%	Otro

Fuente: Obtenido del Comunicado de prensa núm. 709/22, publicado el 29 de noviembre de 2022 (inegi, 2022b).

En relación con la tabla 1, se puede observar que un factor importante respecto de las razones y motivos que reporta la población encuestada sobre por qué nunca ha asistido a la escuela es la falta de recursos. Los datos recuperados aluden a los sectores de población por edad en posibilidad de acceder a la educación en el nivel superior, lo que indica que un factor de alta incidencia es la escasez de recursos económicos como principal obstáculo para el acceso y permanencia en los estudios. Al respecto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (coneval), tras elaborar las indagaciones correspondientes, muestra cómo se distribuye la pobreza por sector en cuatro años diferentes (2016-2022) (ver figura 1).

En virtud de lo que puede observarse en la figura 1, se identifica que un porcentaje alto en los cuatro periodos que se analizan muestran una incidencia alta de población que se considera no pobre y no vulnerable. No obstante, en la revisión de los datos presentados de manera histórica en la figura 1, para el año 2022, se observa una disminución para la población con ingreso inferior a la línea de pobreza y pobreza extrema. Para el primer caso, en el año 2020 se registró un 52.8% de la población en pobreza. Mientras que en el año 2022 se reportó 43.5%; es decir, que las personas en pobreza en México disminuyeron en 9.3 puntos porcentuales. Ahora bien, en cuanto a la población en pobreza extrema, en el año 2020, fue de 17.2% comparados con los 12.1% que se registraron en el año 2022. Por lo tanto, el porcentaje de las personas identificadas en la línea de pobreza extrema se redujo 5.1 puntos porcentuales.

En suma, a partir del reporte Medición de la Pobreza presentados por el coneval (2022), sí se infiere una disminución de estas condiciones (pobreza y pobreza extrema) en la población mexicana. Estos resultados pueden asociarse con la política social “Construir un país con bienestar”, expresada en el Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024) y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019, en donde se destacan “programas de asistencia social prioritarios del gobierno federal”; a saber: el programa para el bienestar de las personas adultas mayores; el programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad; el programa nacional de becas para el bienestar Benito Juárez; Jóvenes construyendo el futuro, Jóvenes escribiendo el futuro.

No obstante, y a pesar de los esfuerzos documentados en informes y reportes (Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, 22 de febrero de 2022; inegi, 2022a, 2022b, 2023a, 2023b), durante los últimos cinco años, la política social en materia de educación no ha tenido los resultados esperados en cuanto a la obligatoriedad, gratuidad, acceso universal a la educación; así como en materia de cobertura, permanencia y disminución del rezago educativo observado en sexenios anteriores, a pesar que el énfasis fue la creación e impulso de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Con estas acciones, se sostiene que la Educación Superior no representa, en términos del discurso político actual, un proyecto estratégico para el desarrollo del país tal y como se describe en las siguientes páginas.

Por un lado, se apuesta a la creación de dichas universidades, las cuales iniciaron sus actividades en el mes de marzo de 2019, contando con 100 planteles ubicados en 31 entidades. El objetivo de este proyecto de gobierno fue garantizar el acceso a Educación Superior, principalmente en zonas con alta densidad poblacional, alto índice de rezago social, marginación y violencia. En la actualidad, la oferta educativa cubre los estados de: Oaxaca (11), Ciudad de México (10), Veracruz (8), Chiapas y Guanajuato (6) planteles (dof, 2019). Asimismo, se observa que, para dar cumplimiento a los objetivos de las políticas sociales orientadas a los programas antes referidos, se partió de la idea de no ser un gestor de oportunidades, sino un garante de derechos de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (dof, 2019), a través de la eliminación de las barreras que separan a los grupos sociales y que reproducen condiciones de desigualdad entre la población. En contraste con los planteamientos anteriores, entre los indicadores de carencia social más recurrentes, se muestra que dentro de un porcentaje más alto se encuentra un sector de la población que se considera vulnerable por carencias sociales, tal y como se muestra en la figura 2.

En la figura anterior, se observa que la problemática de la obligatoriedad requiere de una multiplicidad de factores, tales como el derecho a la vida; a la salud; a la seguridad e integridad física; a la vivienda y a la alimentación que, en términos estructurales, tendrían que modificarse para dar paso a un sistema de educación por y para todos. Aunado a estas condiciones y derechos sociales, es vital señalar el tema asociado con la autonomía universitaria, la cual se vulnera tras la aprobación de la gratuidad de la Educación Superior debido a que, en el proyecto gubernamental para su realización y con el objetivo de garantizar la cobertura de la educación superior, éste implica la diversificación actual del financiamiento destinado a la educación superior, el cual no ha presentado mayor crecimiento en los últimos cinco años, reduciendo el presupuesto existente y sometiendo a las universidades públicas, principalmente, a auditorías externas e intervención de figuras administrativas ajenas a las propias instituciones de educación superior. Ante esto, Moreno y Cedillo (2023) argumenta que:

La brecha de desigualdad más pronunciada se manifiesta en el ámbito de la educación superior, a la que sólo cuatro de cada 10 jóvenes entre 18 y 24 años pueden acceder (43.5%); una cifra inercial apenas superior a la de 2018 (40%; la meta sexenal era llegar al 50%). Además, sólo un 14% del total de estudiantes en las universidades públicas proviene del primer quintil de ingresos, los más pobres, mientras que 41% pertenece a los dos quintiles más ricos (ieec, con datos de la enigh, 2023).

En cuanto a la política social del Gobierno Federal en materia de educación superior añaden:

En ese sentido, con las cifras oficiales en la mano, podemos afirmar que ni la educación superior ni la ciencia y la tecnología fueron prioridades para el Gobierno Federal. La transformación no pasó por los campus, las aulas, ni los laboratorios universitarios. Lo que hay es precarización y asfixia presupuestal. [Moreno y Cedillo, 2023]

Por lo anterior, es imperativo recordar que la implementación inmediata del marco legal señalado en esta breve descripción involucra acciones y sobre ellas aún queda mucho por hacer.

Entre algunas de las tareas que se vislumbran con la aprobación de proyectos e investigaciones vinculadas con la Educación Superior, se pretende:

• Ofrecer servicios de educación de Licenciatura, Técnica Superior Universitario, Profesor Asociado en sus modalidades escolarizada, no escolarizada, mixta o dual.
• Ofrecer servicios educativos en entidades federativas con una baja cobertura en Educación Superior.
• Desarrollar convocatorias para apoyar proyectos que pretendan la creación de servicios educativos.

Esta situación conlleva al siguiente cuestionamiento ¿Es preciso satisfacer la cobertura? o ¿es imperativo ofrecer Educación Superior que permita la formación integral de los estudiantes?

Gratuidad

Para abordar este asunto es valioso integrar un par de aspectos que permitan aclarar el tema relacionado con la fuente, es decir, con los recursos que se emplearán para dar cabida a uno de los planteamientos en materia de política educativa: la gratuidad en Educación Superior. Para ello, se recurre al pensamiento de Hannah Arendt (2012):

La política existe para garantizar un mínimo de confianza. La ley [...] crea un marco de fiabilidad en lo imprevisible. También las costumbres hacen eso; y por ello la política y las constituciones son tanto más necesarias cuanto menos podemos fiarnos de las costumbres, y así lo son particularmente en épocas de ampliación del mundo, en el que el choque de las costumbres y las moralidades arroja sobre todas ellas el cariz de lo relativo. [p. 349]

Arendt (2012) señala que en la práctica del aparato estatal hay una búsqueda para eliminar lo relativo y alcanzar la confianza. Para ello, se proyecta, en el ámbito normativo legal, el afianzamiento de la Educación Superior a partir de la variable gratuidad. A través de este principio se intenta dar cumplimiento a lo que Arendt llamó la acción política, la cual “… descansa en la presunción de que podemos producir la igualdad a través de la organización, porque el hombre puede actuar en un mundo común, cambiarlo y construirlo, junto con sus iguales y sólo con sus iguales” (Arendt, 2012, p. 301).

En esta búsqueda por plantear cambios y transformaciones es que el tema de la gratuidad sale a la luz. Al respecto, sobra decir que es una motivación que hace tiempo ya viene generando diálogos y reflexiones académicas. Una de las universidades públicas que más énfasis han puesto en este tema es la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), así como la Universidad de la Ciudad de México. Este último proyecto universitario fue creado el 26 de abril de 2001. Como ejemplo de la lucha por los derechos de gratuidad en las universidades, en 1999, en la unam se desarrolló una huelga con una duración de diez meses, la cual tuvo como causa el incremento a las cuotas de inscripción, lo que planteó la necesidad de dar observancia a la Constitución y a la normatividad establecida en esta materia. Situación que llevó a recuperar la cita que aparecía en el artículo 3º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos: “toda educación que el Estado imparta será laica, gratuita y obligatoria”. Expresión agregada desde la reforma realizada en 1945 a la Constitución.

De manera más reciente, el 15 de mayo de 2019, se reforma nuevamente el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con cambios importantes para la Educación Superior, los cuales apuntan a que ésta será obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. En resumen, a partir de esta reforma de ley, la Educación Superior es considerada un derecho humano; de acuerdo con el texto constitucional y la gratuidad de la Educación Superior es ampliamente reconocida, y corresponde al Estado garantizar y hacerla efectiva. Ahora bien, con el propósito de ampliar esta discusión, es necesario comprender qué es o qué implica la gratuidad.

En términos de su definición, la gratuidad representa un principio del derecho humano, aunque no es el único. Asimismo, la gratuidad es parte de la categoría de derecho social (anuies, 2021; Rodríguez-Gómez, 2022,). A propósito de este aspecto, la anuies publicó un documento respecto de la gratuidad de la Educación Superior como derecho, y expresa lo siguiente:

En el principio de la gratuidad se hace expreso que comprende acciones que promueva el Estado para eliminar progresivamente los cobros de las instituciones públicas de Educación Superior a estudiantes por conceptos de inscripción, reinscripción y cuotas escolares ordinarias, así como para fortalecer la situación financiera de las mismas, ante la disminución de ingresos que se observe derivado de la implementación de la gratuidad (artículo 6). • Regula el cumplimiento progresivo de la gratuidad, en un plano de corresponsabilidad y concurrencia en el ámbito financiero, entre la federación y las entidades federativas, para lo cual se considerará las necesidades nacionales, regionales y locales (artículo 62). [anuies, 2021, p. 9]

En términos del párrafo anterior, la gratuidad involucra la eliminación de los cobros de inscripción, reinscripción y algunas otras cuotas que se establecen de forma ordinaria, en el nivel superior. De acuerdo con las disposiciones legales, la gratuidad será aplicable de forma gradual, tomando en consideración que aquellas Instituciones de Educación Superior (ies), que cuenten con autonomía, recibirán financiamiento federal por parte de su entidad federativa. Por otro lado, del aparato estatal se generarán propuestas y mecanismos para integrar a la mayoría de los sujetos en posibilidad de incorporarse al nivel superior, sin menoscabo en las finanzas tanto institucionales como estatales. Para esto es importante recordar que al considerarse a la educación un derecho humano, tal y como se enuncia en este apartado, diversas normatividades le son aplicables en su desarrollo, por lo que se pretende que la gratuidad se brinde tomando en consideración “criterios de equidad, inclusión y excelencia (artículo 63)” (anuies, 2021, p. 9). A continuación se muestra en la figura 3, el caso de las universidades públicas estatales (upes), en donde se observa una gran divergencia en el porcentaje de participación estatal:

De las 35 upes, solamente nueve reciben una forma de financiamiento deseable (50% estatal y 50% federal), de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la Ley General de Educación Superior (dof, 2021). No obstante, y a pesar de que —en México— las Universidades Públicas Estatales (upes) concentran el 40% del total de la matrícula pública nacional (Moreno y Cedillo, 2021), el principio de gratuidad de la Educación Superior está lejos de cumplirse. A decir de Moreno y Cedillo (2021): “las políticas públicas que no se expresan en presupuesto son solo buenas intenciones, una narrativa sin instrumentos para su realización” (p. 1). Por ello, en el marco de estas disposiciones es necesario plantear las discusiones en materia de presupuesto. Al respecto, se observa la figura 4, en donde se identifica el monto estimado para el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023.

Figura 4. Recursos asignados por nivel educativo para la sep

Nivel educactivo	Monto estimado ppef 2023
Educación básica	74 107 mdp
Educación Media Superior	131 814 mdp
Educación Superior	142 341 mdp
Posgrado	7 342 mdp
Educación para adultos	1 766 mdp

Fuente: imco (2022).

En contraparte, se tienen los programas presupuestarios instrumentados por la sep en 2022, en los cuales se integran recursos que superan lo asignado a la Educación Superior (ver figura 5).

Diversos programas que se indican en la figura anterior ya se llevan a cabo; sin embargo, la crítica que se plantea de fondo tiene que ver con la disponibilidad de recursos para cada uno de los organismos estatales. De acuerdo con imco (2022):

En 2023, la sep destinará 106,613 mdp para los 31 estados, sin contar a la Ciudad de México. Las entidades con el mayor presupuesto per cápita son: Colima: $2,382; Sinaloa: 1,934 y Campeche $1,637. Mientras que el Estado de México $386; Guanajuato $540 y Veracruz $550 tienen el menor presupuesto per cápita. [imco, 2022]

Con esta revisión a los datos, es preciso dar vuelta hacia un aspecto del que poco se habla en estos ámbitos, las cuestiones de lo público vs. lo privado. Para Rabotnikof (1998), lo público, visto como un ámbito de conflicto, tiene tres elementos importantes:

1. Lo público como aquello que es común a todos.
2. Lo público como aquello que es visible para todos.
3. Lo público como aquello que está disponible para todos.

En este orden de ideas: ¿En efecto, las políticas implementadas dirigidas al cumplimiento de la gratuidad están dirigidas a todos? ¿Son visibles para todos? El carácter público de las ies implicaría que participan de la totalidad de los principios que el Estado promueve, sin embargo, parece que algunas políticas se encuentran en el ámbito de lo privado; es decir, entre aquello que es particular, que se sustrae del poder público de la colectividad. Como lo señala Arendt (2012):

La “vida privada” niega no sólo a la pluralidad humana, sino también, y como consecuencia de ello, a la acción. La “vida privada”, que bien puede definirse como “privada” de la pluralidad humana y de la acción, está privada también del mundo. Y el resultado de esta privación del mundo, que surge de la escisión de la vida humana en “privada” y “pública”. [p. 247]

Entre esta discrepancia es necesario identificar el factor libertad, ya que implica la interacción en una esfera pública con el resto de las personas, y ello implicaría la participación o no en el disfrute de las políticas implementadas por el Estado, lo cual nos lleva a plantearnos nuevamente una cuestión: ¿Es esto posible? ¿Efectuar un ejercicio de integración para que todos usufructúen la Educación Superior?

El reconocimiento de la gratuidad es ya innegable, sin embargo, este hecho, para materializarse requiere de un conjunto de indicadores de orden estructural para llevarse a cabo. Líneas arriba hemos observado que el presupuesto otorgado a algunas ies es inferior al de otras que igualmente lo requieren para el desarrollo de proyectos que permitan salvaguardar la gratuidad de la Educación Superior. Y como se trata de aspectos de orden estructural, entonces se requiere que factores como ingreso, trabajo, vivienda, alimentación, seguridad social y salud, sean igualmente considerados para la observancia de su mejora, de lo contrario enfrentamos un dilema que acentúe las diferencias, en lugar de vincular hacia el orden de lo público.

Acceso universal a la Educación Superior

Como se expresa en páginas anteriores, por parte del Estado mexicano existe un compromiso con la ciudadanía para garantizar el derecho universal a una educación de calidad y excelencia de acuerdo con el marco legal referido. Asimismo, se establece que “El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos” (dof, 2023, p. 5). Sin embargo, de acuerdo con las estimaciones derivadas de la Medición de la Pobreza 2022 desarrolladas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2018 a 2022, el porcentaje total de la población en situación de pobreza multidimensional pasó del 41.9 al 36.6 %. No obstante, y a partir de estos datos que observan una disminución en 5% de la población en situación de pobreza, se deduce que actualmente 36 de cada 100 personas presentan obstáculos y retos para el goce de sus derechos sociales: alimentación, agua y saneamiento, vivienda adecuada, salud, seguridad social, trabajo y educación.

Ahora bien, de acuerdo con los resultados correspondientes al segundo trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), elaborada por el Instituto Nacional de Geografía (inegi, 2023a), en 2023, la población de 15 años y más en edad de trabajar se estima en 100.1 millones de personas, de las cuales la población económicamente activa (pea) es de 60.2 millones (60.2%), con 58.5 millones de personas ocupadas equivalente al 97.2% y 1.7 millones de personas desocupadas, correspondiente al 2.8%. Mientras que la población no económicamente activa (pnea) se calcula en 39.8 millones (39.8%), de los cuales 5.2 millones (13%) se identifican como disponibles y 34.7 millones (87 %), como no disponibles. Estos datos apuntan al factor económico (ingreso de las familias), como un factor determinante para el acceso y permanencia escolar de las personas.

Si bien, y como parte de la política pública mexicana, se apunta al acceso universal a la educación y la obligatoriedad en todos los niveles educativos, estas metas están lejos de cubrirse de manera generalizada derivado de las condiciones socioeconómicas de las personas, y en este caso particular de la población joven en edad escolar, tal y como se describe en párrafos anteriores. Asimismo, en materia de Educación Superior, se observa la siguiente distribución de la población matriculada para el ciclo escolar 2022-2023, de acuerdo con datos reportados por el inegi (2023b) (ver tabla 2).

Tabla 2. Matrícula escolar en Educación Superior total, en el ciclo escolar 2022-2023

Entidad federativa	Sexo	Educación Superior ciclo escolar 2022/2023
Estados Unidos Mexicanos	Total	4 032 931
	Hombres	1 901 523
	Mujeres	2 131 408

Fuente: inegi (2023b).

De acuerdo con Censo de Población y Vivienda, 2020, el total de la población de personas jóvenes entre 20 a 24 años en el marco del Día Internacional de la Juventud, se reportó un total de 27.6 millones 2020 (inegi, 2022a). Como resultado, se tiene una comparación entre la población matriculada en Educación Superior y los datos proporcionados por el inegi (2022a), en la cual se obtiene una aproximación sobre el nivel de rezago educativo entre la población juvenil de 23.5 %. Es decir, del total de la población mexicana entre 20 a 24 años de edad estimada en 27.6 millones, solo el 4.03 millones están matriculados en Educación Superior.

A la luz del análisis de estos datos, en el presente apartado también se observa que, a pesar de la instrumentación de las políticas públicas traducidas en programas sociales para el fortalecimiento del ingreso de las familias, y de manera particular, el de la población joven y adulta, el gasto público en educación ha disminuido de manera considerable los últimos años, afectando, con ello, la posibilidad de alcanzar metas e instrumentar políticas en materia educativa. De acuerdo con Moreno y Cedillo (2021), “en los últimos seis años, el peso y la relevancia de la educación siguen cayendo respecto al pib nacional; en los hechos no parece ser una prioridad nacional” (p. 3) (ver figura 6).

Por ello, resulta crucial replantear el modelo para el desarrollo de la Educación Superior, la ciencia y la tecnología desde una perspectiva de largo aliento y no limitada a planes sexenales. De la presente reflexión, se deriva el siguiente cuestionamiento: si la política de acceso universal refiere a la igualdad de oportunidades educativas para todos los integrantes de una sociedad, y constituye, además, un componente central para el desarrollo social y económico: ¿Cómo instrumentar dichas políticas en un país cuya tasa tributaria respecto del producto interno bruto es de 16%?, el cual está por debajo del promedio de otros países de América Latina y el Caribe (alc) (ocde, 2023).

En este sentido, el acceso universal a la Educación Superior representa uno de los mayores retos que enfrenta la universidad en tanto que éste representa un proyecto nacional, pero en el análisis y revisión de las condiciones de financiamiento se muestra que al acceso universal a la Educación Superior no se le considera como parte de los proyectos estratégicos de la administración actual. Por lo tanto, se debe considerar el impacto social y académico que tiene la desigualdad como problema estructural en nuestro país.

La pandemia COVID-19 y la inviabilidad para lograr el acceso universal a la Educación Superior

Aunado a lo anterior, y a tan sólo 6 años de distancia de revisar el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y de manera particular, la evaluación sobre la política del acceso universal a la educación, planteada por la unesco (2021), se identifica como principal obstáculo el impacto de la pandemia COVID-19 causada por el SARS-CoV 2. En diciembre de 2021, en el informe The State of the Global Education Crisis: A Path to Recovery (vol. 2), se reportó una crisis en el aprendizaje y la educación en todo el planeta.

Previo a la pandemia, en el mundo había casi 258 millones de niños, niñas y jóvenes que se encontraban fuera de la escuela en todo el mundo. De esta cifra, el 53% de los niños y niñas de 10 años de edad que vivían en países de ingresos bajos y medianos ya registraban algún tipo de pobreza de aprendizaje, lo que significa que no eran capaces de leer o comprender mensajes simples, de acuerdo con los estándares de lectura apropiados a su edad, y tampoco podían hacer cálculo con operaciones básicas (World Bank, 2021). Ante esta problemática, en el informe se expresa el siguiente cuestionamiento: ¿Cómo podemos recuperar el aprendizaje perdido después de la pandemia de COVID-19, y transformar la educación para mejorarla a partir del acceso universal a la educación? ¿Se cuenta con la capacidad en las instituciones educativas públicas cada vez más debilitadas para instrumentar políticas como el acceso universal a la Educación Superior?

La pandemia de COVID-19 generó un replanteamiento en las políticas públicas con el propósito de recuperar y mejorar las condiciones actuales en las que se encuentran millones de jóvenes, particularmente del abandono y rezago educativo registrado durante el periodo de confinamiento. Ahora bien, en el Reporte The State of Global Learning Poverty 2022 Update (Worldbank, 2022), se estima una pérdida del aprendizaje significativo en varias regiones del mundo. Entre los países que se consideran para estas estimaciones resaltan aquéllos donde se registran ingresos bajos y medianos, entre ellos: México.

Asimismo, se identifica que las causas de estas estimaciones sobre la pérdida del aprendizaje durante la pandemia COVID-19 se acentuaron debido al cierre de escuelas y a la ineficiencia de los diversos procesos de enseñanza-aprendizaje vía remota o asistidos por la tecnología, siendo la falta de recursos la razón principal para el abandono o interrupción de los estudios. Esto último obedece principalmente a la insuficiencia en los recursos tecnológicos y económicos tanto de docentes como de estudiantes; es decir, la desigualdad como parte de una problemática estructural. De manera específica, se observa el caso de la región América Latina y el Caribe, en donde las estimaciones de la pérdida del aprendizaje alcanzan hasta los 80 puntos porcentuales comparada con la media global de 70 puntos porcentuales.

El presupuesto para Educación Superior, no ha presentado cambios mayores de 2021 a la fecha. Sólo en algunas instituciones de Educación Superior —como el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Agraria Antonio (uaaa)—, para el año 2022, el presupuesto de la primera tuvo un aumento real del 1.1% correspondientes a 44 823 8 millones de pesos respecto del 2021. Mientras que la segunda, el presupuesto incrementó en 1.6 % equivalente a 1 140 millones de pesos. En comparación, el subsidio federal para las Universidades Públicas Estatales (upeas), las Universidades Interculturales (ui) y las Universidades de Apoyo Solidario (uas) presentan reducciones importantes, a pesar de que éstas concentran el 40 % de la matrícula pública nacional.

Este panorama no es nada alentador para el 2024, sobre todo cuando se revisa la propuesta de proyecto para Educación Superior y Posgrado (ppef) 2024. Al respecto, Moreno y Cedillo (2023) subrayan que “por segundo año consecutivo, la inversión para educación del nivel superior representa apenas 16. 8 % del gasto educativo total; en 2015 era 18.1%”. Esto representa una pérdida de 1.3%, equivalentes a 13.000 millones de pesos, en términos monetarios. En comparación con el 2023, el incremento en el gasto educativo que se proyecta para el 2024 es de (3. 04%); mientras que el incremento para la Educación Superior es de (0. 51%). Con este incremento casi inercial, los autores señalan que “nos encontramos en una situación peor que al inicio de la actual administración” (Moreno y Cedillo, 2023).

Y agregan:

Las universidades públicas estatales (upes) —el subsistema público con el mayor número de estudiantes y que más han incrementado su matrícula— así como las universidades interculturales (ui) y las de apoyo solidario (upeas) continúan en franco deterioro presupuestal y precarización institucional. [Moreno y Cedillo, 2023]

En conclusión, mientras la matrícula en Educación Superior aumenta, el presupuesto para la mayoría de las upes, ui, y upeas continúa registrando caídas presupuestales año con año, y con ello se precarizan las instituciones y la vida universitaria. Por lo tanto, se subraya la siguiente hipótesis de trabajo para futuras investigaciones, si se continúa enfatizando y responsabilizando a las Instituciones de Educación Superior (ies) por la instrumentación de las políticas como la gratuidad, la obligatoriedad y, particularmente el acceso universal a la Educación Superior, y no así al Estado, el resultado será el detrimento y decadencia del modelo de universidad actual.

Reflexiones finales

A partir de los datos presentados en este capítulo, se advierte la inviabilidad de las políticas públicas orientadas al cumplimiento de mandatos constitucionales, a saber: la obligatoriedad, la gratuidad y el acceso universal a la educación. Ante esto, y a partir del análisis de las condiciones de la obligatoriedad, gratuidad y acceso universal a la educación, algunos de los principales retos y obstáculos que causan la inviabilidad de las políticas públicas en materia de Educación Superior en México, así como el incumplimiento del objetivo 4 de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030 “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos”, así como el acceso universal a la Educación Superior: (a) la disminución de año con año de los recursos ordinarios; (b) la Educación Superior no representa un proyecto estratégico para la actual administración y, por lo tanto, la universidad sigue siendo un proyecto a corto y mediano plazo; es decir, sexenal, y no así un proyecto de largo aliento para el Estado; (c) en el caso particular de las universidades públicas estatales (upes), la disparidad en la participación financiera de las entidades obliga a generar condiciones de desigualdad entre la población universitaria; (d) los fondos extraordinarios desaparecieron a partir del 2016, lo cual ha provocado el debilitamiento de las instituciones públicas de Educación Superior, y por último, (e) la pandemia de la COVID-19 y el periodo confinamiento de casi 2 años derivó en un aumento del 50% al 80% en pérdida de los aprendizajes, abandono y rezago educativo no solo en México sino en escala planetaria.

Por lo tanto, es imperativo hacer un replanteamiento del proyecto Educación Superior, así como para el sector científico y tecnológico en el país, no solo en cuanto al marco jurídico que refiere, sino un modelo de educación, cuyos esfuerzos se concentren en elevar la tasa de recaudación fiscal, por una parte, y por otra, en aumentar el gasto público en materia de educación y particularmente en Educación Superior, innovación, ciencia y tecnología. De lo contrario, las políticas educativas sólo quedarán en enunciados que expresan buenas intenciones (Moreno y Cedillo, 2021).

La principal observación que se destaca en las siguientes páginas es que la distribución del gasto programable en México, y de manera particular en el rubro de educación, cultura y deporte para todos, ha sido importante pero insuficiente para lograr los niveles de bienestar planteados por el Gobierno Federal, cuyas acciones principales han sido la inclusión educativa enfatizando las estrategias de educación media superior y superior obligatoria y gratuita como prioridad de la administración actual. Asimismo, los programas para el Sistema de Becas para el Bienestar representan una prioridad para atender principalmente a la población que se encuentra en vulnerabilidad, riesgo y situación de pobreza. En conjunto, estas políticas públicas tienen por objetivo central “alcanzar gradualmente la cobertura universal en ambos niveles” (educación media superior y superior) (shcp, 2023a, p. 16). Sin embargo, y a partir de los datos presentados, esta última meta está lejos de cumplirse.

Finalmente, para el 2024, se observa en el Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Artículo 42, Fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (shcpa, 2023), que en el Ramo 11, se observa la siguiente estimación para la educación pública, contenidas en el Anexo iv de dicho documento:

En esta programación no se especifica mejora o apoyo sustancial a la Educación Superior pública mexicana; sí como política social, pero no se considera una mejora al gasto público para las universidades públicas estatales (upeas), universidades interculturales (ui) y universidades de apoyo solidario (upeas) que, como ya se había referido en páginas anteriores, concentran el 40% de la matrícula pública de Educación Superior. En este contexto y a la luz de los datos presentados, resulta incuestionable el impacto que tiene el binomio universidad-gobierno para el desarrollo de cada país. Por ello, se esperaría que en el nivel más alto de toma de decisiones se generen las condiciones para replantear la situación, modelo y rumbo actual de las políticas educativas en materia de Educación Superior de lo contrario se ocasionará un grave retroceso en materia educativa, científica y tecnológica en todo el país.