III. Efectos de la reducción del financiamiento en universidades públicas mexicanas: Análisis pospandemia

Virginia Guadalupe Reyes de la Cruz^*
Ana Margarita Alvarado Juárez^**

DOI: https://doi.org/10.52501/cc.212.03

Resumen

Este capítulo analiza la situación financiera de las universidades públicas mexicanas en el contexto posterior a la pandemia de SAR-COV-2 (COVID-19), con el propósito de identificar las particularidades de la reducción del financiamiento gubernamental y su impacto en las diferentes funciones de la universidad: docencia, investigación, vinculación y gestión, a partir de la revisión de fuentes oficiales que incluyen documentos gubernamentales, de políticas públicas y artículos científicos publicados sobre el tema; además de las reflexiones como actores inmersos en esta problemática, derivadas de un proceso de Investigación Acción Participativa. Los resultados revelan desafíos financieros significativos que enfrentan las instituciones de educación superior a consecuencia de la suspensión de diferentes programas federales y la disminución de los recursos estatales. Esta dependencia financiera y la insuficiencia de recursos han afectado los procesos de enseñanza-aprendizaje, la investigación, los proyectos de vinculación con la sociedad, la difusión del conocimiento y la capacidad para ofrecer una educación gratuita. Ante este panorama, se subraya la importancia de diversificar las fuentes de ingresos, integrar la colaboración del sector privado, la eficiencia y transparencia en el manejo de recursos y, fundamentalmente, que el Gobierno Federal y los gobiernos estatales aseguren la sostenibilidad de las universidades públicas mexicanas.

Palabras clave: Financiamiento, universidades públicas mexicanas, políticas públicas, sostenibilidad de las universidades.

Introducción

En marzo de 2020, la Secretaría de Salud declara en toda la República Mexicana la cuarentena para evitar la propagación del COVID-19, de inmediato todas las instituciones educativas cerraron sus puertas y decidieron cerrar temporalmente sus actividades, sin embargo, el confinamiento se extendió más de lo previsto y, ante esta situación, las Instituciones de Educación Superior (ies) tuvieron que hacer uso de su creatividad para reorganizar sus actividades y dar continuidad a sus funciones sustantivas; la respuesta inmediata y apresurada fue trasladar los cursos de licenciatura y posgrado presenciales a un formato en línea como una acción urgente.

El repentino replanteamiento de la prestación de servicios educativos para dar seguimiento al desarrollo de aprendizajes supuso un fuerte impulso en el manejo de las herramientas tecnológicas descuidando el reajuste en los contenidos programáticos, en primera instancia, y otras actividades que se desarrollaban en los espacios universitarios, como la investigación y la vinculación. Este inesperado traslado a la virtualidad puso a discusión las capacidades de las ies en torno a la continuidad de las actividades sustantivas y, en segundo lugar, su sostenibilidad financiera, pues habría que realizar los ajustes necesarios para que el estudiantado no perdiera el ciclo escolar y dotar de infraestructura e insumos que permitieran continuar la dinámica vía remota. En ese mismo año el financiamiento se reasignó y se privilegió la adquisición de tecnología para la adecuación de los espacios de formación.

Después de dos años de confinamiento, tras el anuncio de las autoridades sanitarias, las ies iniciaron el retorno a las actividades presenciales. Este regreso a la normalidad, estuvo acompañado de desafíos y repercusiones que las ies debieron afrontar con estrategias adaptativas. Las manifestaciones fueron diversas, dentro de las que destacan: el aumento del abandono escolar, la exclusión de ciertos contenidos académicos, así como afectaciones en el desarrollo de competencias, generando la necesidad de diseñar planes de acción para contrarrestar estos efectos negativos.

Además, las ies enfrentaron la reducción del financiamiento público, por un lado, recortes al presupuesto ordinario y por otro, la eliminación de diferentes programas extraordinarios, perjudicando principalmente las tareas sustantivas que realizan las universidades, siendo éstas: docencia, investigación, vinculación y gestión. Impactando sobre la comunidad universitaria: profesores, personal administrativo y de servicios, así como los estudiantes, en su mayoría jóvenes vulnerables y de bajos recursos económicos.

En el ámbito de la docencia, después de dos años de clases virtuales, se esperaba la organización de actividades para reforzar los conocimientos y habilidades del estudiantado, así como ofrecer la oportunidad de ampliar sus vivencias en sus campos de formación, sin embargo, esto se vio limitado ante la interrupción del financiamiento, como el Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (porfexe) que otorgaba diferentes apoyos para alcanzar la excelencia académica, sumado a la cancelación de becas y otros estímulos.

Otras afectaciones del recorte financiero se situaron en la precarización de las condiciones laborales del profesorado, la falta de recursos didácticos y tecnológicos, el deterioro de la infraestructura y el equipamiento, la reducción de las oportunidades de investigación innovación y movilidad. Aspectos que repercuten directamente en el desempeño y desarrollo profesional de los docentes, así como la satisfacción y el aprendizaje de los estudiantes.

La investigación científica también sufrió las consecuencias en aras de mantener los estándares de publicaciones; muchas disminuyeron en su calidad y cantidad; se perdió la oportunidad de colaboración internacional, lo cual provocó la desmotivación del personal docente e investigador, lo que indudablemente repercutió en los procesos formativos de los estudiantes y en el bienestar social y económico del país, puesto que se generó un vació y lagunas de conocimiento.

La disminución del presupuesto ha tenido un impacto negativo en la capacidad de las ies para establecer vínculos con otros actores sociales y económicos. Estos vínculos son fundamentales para el desarrollo de la investigación, la innovación, la transferencia de conocimiento y la formación de capital humano. Sin embargo, ante la escasez de recursos, las ies han tenido que priorizar sus actividades y reducir sus programas de vinculación, lo que limita su contribución al desarrollo nacional y regional.

Otro gran desafío para las ies es mantener su calidad y visibilidad en el contexto de la crisis económica y social provocada por la pandemia de COVID-19. La reducción del financiamiento público a las ies, anunciada por el Gobierno Federal para el año 2021, la cual afecta gravemente la capacidad para difundir sus actividades académicas, científicas y culturales, así como para fortalecer sus vínculos con la sociedad. Esta situación pone en riesgo el cumplimiento de la función social de estas instituciones y limita su aporte al desarrollo nacional.

Como se señaló en la conferencia magistral, dictada por Reyes (2023), la crisis de las universidades ha sido parte de una política pública global que ha ido desmantelando el funcionamiento de estos centros de formación, a través de las políticas educativas que dictan los organismos internacionales, e internamente son seguidas en aras de detonar el desarrollo de los contextos en los cuales se encuentran; en cambio, se ha generado un retroceso y la desarticulación en los territorios de los conocimientos en la búsqueda de un desarrollo que no llega. Por ello, afirmamos que la crisis financiera en las ies es un problema histórico que se profundizó en la pospandemia; en particular, para las universidades públicas en situación de crisis y con necesidad de recursos adicionales para su rescate económico y viabilidad. En este sentido, el presente trabajo reflexiona sobre las principales fuentes de financiamiento de las universidades públicas mexicanas, las repercusiones frente a la reducción y cancelación de programas de apoyo a la educación superior; que representaban uno de los ingresos primordiales para las mismas, en específico, el impacto en las funciones sustantivas de la universidad (docencia, investigación, vinculación y gestión), así como abordar algunas perspectivas y oportunidades que las ies se han planteado para hacer frente a esta crisis que se está viviendo en el tema del financiamiento.

Desafíos financieros de las universidades mexicanas

El financiamiento es un factor crucial para el desarrollo y funcionamiento de las ies en México. Sin embargo, en los últimos años, las universidades públicas mexicanas han enfrentado un conjunto de desafíos en este rubro, que ha puesto en riesgo el desenvolvimiento adecuado de sus tareas sustantivas. En este capítulo, reflexionamos sobre los principales problemas financieros que enfrentan las universidades, principalmente derivados del recorte de diferentes programas federales y la insuficiente aportación de los gobiernos estatales.

El financiamiento federal que se asigna a las universidades públicas se divide en dos modalidades: ordinario y extraordinario. El primero incluye los recursos que se otorgan anualmente a las instituciones en el rubro de gasto corriente, como el pago de salarios, servicios y mantenimiento. El segundo se refiere a los recursos destinados para atender necesidades específicas como el fortalecimiento de la infraestructura o el desarrollo de proyectos estratégicos.

El financiamiento ordinario se establece considerando el número de estudiantes y docentes, las tendencias históricas y las negociaciones con cada institución. En este cálculo quedan fuera otros elementos como la excelencia académica, la pertinencia, la contribución al desarrollo o la vinculación con el mercado laboral de los programas educativos que ofrecen las instituciones educativas. El financiamiento extraordinario se otorga mediante convenios específicos entre la Secretaría de Educación Pública y las universidades; en ocasiones se condicionan a la realización de reformas estructurales o al cumplimiento de metas e indicadores que no siempre corresponden al contexto de cada universidad.

El financiamiento a las universidades públicas por parte del Gobierno Federal se programa en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (ppef), el cual ha experimentado variaciones significativas en los últimos años. El subsidio ordinario para las Universidades Públicas Estatales, (upes), las de Apoyo Solidario (upeas) y las Universidades Interculturales (ui) registra una dinámica de reducción. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp) en el año 2021, durante el periodo de la pandemia COVID-19, el subsidio registró una disminución de 3 062 millones de pesos, en relación al año 2020, con un déficit de 7 749 millones de pesos, respecto al año 2015, y para el año 2023 el déficit fue de 10 247 millones de pesos (Moreno, 2022). De estas cifras hay que considerar el impacto de la inflación y el aumento en los costos de operación de las instituciones educativas, lo que conlleva a una situación de incertidumbre en la aplicación de los recursos, en la realización eficiente de las actividades y en la prestación de los servicios.

Es importante mencionar que la asignación de recursos, por parte de la federación, a las universidades mexicanas se realiza de manera diferenciada. Por ejemplo, los montos que recibieron algunas universidades en el año 2023 fueron: la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), 17 mil 172 millones de pesos; el Instituto Politécnico Nacional (ipn), 5 mil 18 millones; la Universidad Autónoma Metropolitana (uam), 4 mil 98 millones; la Universidad Pedagógica Nacional (upn), 118 millones; El Colegio de México (colmex), 672 millones y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (uaaan), 1 083 millones (Infobae, 2022).

Al respecto, Sánchez (2020) sostiene que, en la asignación de recursos a las universidades, las disparidades no tienen una razón objetiva, no dependen de la capacidad económica de los estados, de la matrícula o de la calidad de las universidades; la determinación es producto de las negociaciones entre autoridades federales, locales y las propias universidades.

En lo que respecta a los fondos extraordinarios, son aprobados por la Cámara de Diputados; se definen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y se gestionan por el Gobierno Federal a través de la Subsecretaría de Educación Superior (ses) dependiente de la Secretaría de Educación Pública (sep); tienen el propósito de impulsar aspectos específicos del desarrollo de las instituciones educativas de nivel superior. Dentro de los que se pueden mencionar: la ampliación de matrícula, el mejoramiento de la calidad, regularizar plazas administrativas, apoyar el saneamiento financiero, desarrollo científico, equipamiento, publicaciones, fondo de pensiones, entre otros.

Al igual que los fondos ordinarios, el apoyo extraordinario ha tenido una marcada reducción en los fondos asignados a las upes, upeas y ui, en el transcurso de los años 2016 a 2023. En 2026, estas instituciones recibieron una asignación de 11 612.6 millones de pesos, pero esta cifra ha experimentado una disminución notable en los años siguientes. En 2017, la cifra se redujo a 4 541.6 millones de pesos; en 2019 a 1 599.6 millones de pesos; para el año 2020, el monto fue de 1 174.2 millones de pesos, y continuó disminuyendo hasta alcanzar tan solo 115.9 millones de pesos en 2021. Este descenso en la asignación de recursos destinados para estímulos docentes, expansión de la matrícula, desarrollo científico, infraestructura, equipamiento, movilidad docente, reconocimiento de plantilla, publicaciones, entre otros, puede tener consecuencias significativas en la capacidad de las instituciones educativas para llevar a cabo sus funciones esenciales, lo que indudablemente ha afectado negativamente la excelencia académica, la investigación y la contribución al desarrollo científico y tecnológico del país.

Para agregar más dificultades a las instituciones educativas, en el año 2021, varios programas financiados con recursos extraordinarios desaparecieron, entre los que destacan:

• Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (profexce). Surgió como Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (pifi) en el año 2001. En el año 2014 sufrió una serie de cambios y se convirtió en el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (profocie). En la convocatoria 2016-2017, éste se transformó en el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (pfce); posteriormente, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se denomina Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (profexce), y se propone para financiar acciones que contribuyan a “la construcción de un país con bienestar, con desarrollo sostenible y derecho a la educación, enfatizando en la mejora continua de los elementos que caracterizan a una institución de educación superior, reconocida por su excelencia educativa con bienestar social” (Secretaría de Educación Pública, 2021a).
• Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (pades). Se planteó como objetivo el desarrollo de proyectos para elevar la calidad de la educación superior, tales como “la profesionalización del personal académico, fortalecer la diversificación de la oferta educativa, la pertinencia de la educación superior, la vinculación con los sectores productivo y social, promover la difusión y extensión de la cultura, alentar la internacionalización de la educación superior, la innovación educativa e impulsar una formación integral” (Secretaría de Educación Pública, 2021b).
• Programa de Carrera Docente en Universidades Públicas Estatales (upes). Su propósito principal era incentivar la labor docente de aquellos profesores con categorías de tiempo completo, medio tiempo y de asignatura, dedicados a las actividades de docencia, investigación, tutorías y participación en cuerpos colegiados.
• Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. Su objetivo era contribuir al bienestar social e igualdad apoyando la infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento para facilitar la atención de la población que viviera en contexto de vulnerabilidad, eliminando las barreras para el aprendizaje que limitan el acceso a los servicios educativos.
• Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las upes. Se establecieron tres modalidades de apoyo para recursos económicos concursables: reformas estructurales (abatir los pasivos contingentes derivados del pago de pensiones y jubilaciones), reconocimiento de plantillas de personal administrativo y apoyo al saneamiento financiero.
• Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior. El financiamiento se orientó al desempeño institucional y a las mejoras en la calidad de los servicios y programas educativos de las instituciones. Se asignaban recursos anualmente considerando indicadores relacionados con la docencia y la investigación.

Actualmente, los programas vigentes que se financian con fondos extraordinarios son:

• Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo superior (prodep). Su propósito es contribuir a la formación y actualización del personal académico; se crea en el año 2014 como una transformación del Programa de Mejoramiento del Profesorado (promep), implementado desde 1996. Está dirigido a docentes de tiempo completo con el objetivo de brindar apoyo y estímulos para su desarrollo profesional, reconocimiento académico y mejora de la calidad educativa. Se ha destacado por respaldar diversas convocatorias, tales como proyectos de investigación, formación de recursos humanos, asesoría técnica, proyectos de desarrollo tecnológico e innovación educativa, entre otros. También aporta recursos al fortalecimiento de los Cuerpos Académicos, conformados por docentes e investigadores que comparten objetivos, proyectos de investigación y líneas de generación y aplicación del conocimiento, y fomenta la colaboración interdisciplinaria.
  Es importante destacar que los fondos de financiamiento de este programa destinados a las Universidades Públicas Estatales han sido suspendidos, como resultado del acuerdo 12/06/21. Este acuerdo establece que la cobertura del Programa se dirigirá exclusivamente hacia la Educación Superior Universitaria e Intercultural. En otras palabras, todos los respaldos proporcionados por prodep, incluidos los programas como el Programa de Carrera Docente en Universidades Públicas Estatales y el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, se asignan específicamente a los profesores de tiempo completo y a los cuerpos académicos de las universidades interculturales.
  La desaparición de los fondos prodep para las Universidades Públicas Estatales implica una pérdida significativa para los Profesores de Tiempo Completo y para los Cuerpos Académicos, porque desempeñaba un papel esencial en la promoción de la excelencia académica y la mejora continua, al proporcionar incentivos económicos y recursos para la realización de proyectos innovadores. Este programa contribuía no sólo a la productividad científica de las instituciones, sino también a la formación de estudiantes en ambientes académicos estimulantes y enriquecedores.
• Fondo de Aportaciones Múltiples (fam). Este fondo se destina a la construcción de edificios con módulos de aulas, laboratorios, áreas administrativas, entre otras; así como su equipamiento, para la operación de los programas educativos. Se orienta a Institutos Tecnológicos, Universidades Públicas, Tecnológicas y Politécnicas.
• Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales. El propósito de este programa consiste en “ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad”, es un programa transversal dirigido a Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario y Universidades Interculturales, mediante el envío de recursos federales que se utilizan en la operación de las mismas (Secretaría de Educación Pública, 2021c).
• Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior. Su objetivo consiste en “apoyar la política de incremento de la matrícula y la cobertura en programas de educación superior, mejorando la distribución territorial de la oferta educativa, así como avanzar gradualmente en la gratuidad de los servicios educativos que ofrecen las Instituciones Públicas de Educación Superior” (Secretaría de Educación Pública, 2021d).

Por otra parte, el financiamiento estatal que se otorga a las universidades públicas registra mayor inequidad que el federal. No se cuenta con una base de datos oficial que permita conocer con precisión el monto y distribución de los recursos que los gobiernos estatales destinan a sus universidades públicas. Sin embargo, algunos estudios estiman que el promedio nacional de financiamiento estatal, para el caso de las upe, las aportaciones oscilan entre el 10 y el 50% (Mendoza, 2022). Esta asignación de recursos, por parte de los gobiernos estatales, depende en gran medida de la capacidad financiera, de las prioridades presupuestales y del compromiso de los gobiernos locales con sus universidades. Es decir, no existen políticas generales relacionadas con la concurrencia de recursos entre los estados y la federación que garanticen una asignación equitativa, oportuna y eficiente de los recursos estatales a las universidades públicas.

Como se ha constatado, las instituciones de educación superior en México han experimentado una reducción significativa en su presupuesto, tanto a nivel federal como estatal, en cierta medida, frente a la cancelación de diversos programas de gran relevancia para su funcionamiento y para la realización de sus funciones sustantivas. Además de estos desafíos financieros, el surgimiento de la pandemia de COVID-19 generó una serie de presiones adicionales, que se analizarán en el siguiente apartado.

Impacto de la reducción del financiamiento en las funciones sustantivas de la universidad

El financiamiento de las universidades desempeña un papel fundamental en la realización de sus funciones sustantivas, que abarcan: docencia, investigación, vinculación y gestión. Estas funciones son esenciales para el desarrollo académico y científico de las instituciones de educación superior. En este apartado, se presenta el análisis del impacto de la reducción del financiamiento en cada una de estas áreas clave.

En el ámbito de la docencia, la calidad de la enseñanza y la formación de los estudiantes depende, en gran medida, de la disponibilidad de recursos y personal capacitado. Dentro de los elementos que se han afectado por la reducción del financiamiento, se encuentran: personal docente, materiales y tecnología, acceso a becas y apoyo estudiantil. Uno de los rubros que ocupa un papel relevante, en los pagos que tienen que realizar las universidades públicas mexicanas, es el relacionado con los sueldos y salarios; si el apoyo gubernamental es limitado, se restringe también el acceso a nuevas contrataciones de personal docente; esto aunado a las exigencias de incremento de matrícula, deviene en una sobrecarga de trabajo de los profesores activos, impactando negativamente la calidad de la enseñanza.

En el tema de los materiales y tecnología, el recorte de diferentes programas federales, ha detenido la adquisición de artículos didácticos, tecnología educativa y recursos de aprendizaje. Todos ellos necesarios frente al contexto pandémico, donde se requirió de computadoras, Internet y equipo para las sesiones en línea o híbridas. Situación que, indudablemente, tuvo mayor impacto en los estados de la República mexicana que viven desigualdad económica, pobreza y carentes de equipamiento informático.

La falta de acceso a becas y apoyo estudiantil, en el contexto de la pospandemia es un problema que ha tenido consecuencias negativas para el estudiantado, especialmente para aquellos que provienen de familias con bajos recursos. Muchos de ellos han interrumpido sus planes académicos por la crisis sanitaria y económica que ha generado el COVID-19, aunado a los recortes presupuestales del Gobierno Federal y de los estados, que ha limitado el acceso a becas. Observándose en el abandono escolar, por no contar con el apoyo financiero necesario para cubrir los gastos de matrícula, transporte, alimentación y materiales; en el bajo rendimiento académico por dividir su tiempo entre estudiar y trabajar para solventar sus gastos. Además, una mayor desigualdad educativa impide que los estudiantes con talento y mérito académico puedan acceder a las mejores instituciones educativas, a programas de movilidad o intercambio. En el ámbito emocional, las manifestaciones fueron estrés, frustración y desmotivación. Lo anterior, supone un obstáculo para el desarrollo profesional y profesional de los jóvenes que se ven privados de una formación de calidad.

En México, en materia de ciencia, tecnología e innovación, el financiamiento ha sido escaso, históricamente limitado por sus montos, así como por las lógicas de asignación de recursos y, en general, por la ausencia de políticas de Estado que no han definido con claridad cómo hacer de la producción de conocimientos científicos una herramienta estratégica para el crecimiento y desarrollo del país (Canales, 2011). De esta manera, como se señaló anteriormente, el presupuesto ordinario para el sector educativo está orientado principalmente al pago de sueldos y estímulos, en formación de recursos humanos y en infraestructura, por lo que la inversión para financiar proyectos concretos de investigación científica y de desarrollo tecnológico es muy limitada (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2018).

Respecto de la investigación, esta función implica la generación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos; en la mayoría de las ocasiones, se logra a partir del desarrollo de proyectos de investigación. Para llevar a cabo proyectos exitosos, se requieren diversos recursos, dentro de los que se encuentran, los monetarios, instrumentales, infraestructura y personal calificado. En lo que respecta a los recursos monetarios, la falta o reducción de fondos (como lo ha sido desde el año 2021, con la eliminación de programas destinados a diferentes rubros del desarrollo de investigaciones) ha limitado la capacidad para obtener equipos, materiales y financiamiento de proyectos. Esto, a su vez, ha impactado en la calidad de las investigaciones y ha disminuido la competencia en esta materia, a nivel nacional e internacional. La infraestructura adecuada es esencial en muchas disciplinas. Los laboratorios, las bibliotecas, las instalaciones de cómputo y otros recursos físicos deben mantenerse y actualizarse constantemente. La disminución del financiamiento ha impedido la actualización del equipo y la infraestructura, en perjuicio del desarrollo de los proyectos de investigación.

Otro de los rubros que se ha visto afectado por la reducción del presupuesto es la difusión de resultados. Los recortes de los programas que financiaban la participación en congresos, seminarios o actividades académicas han limitado la asistencia de los investigadores a estos eventos o el uso de recursos propios para solventar los gastos de transporte, hospedaje, alimentos y el costo de participación, en detrimento del ingreso familiar. Además, a partir del año 2021, los fondos para publicación han desaparecido, con lo que también se ha perdido la oportunidad de publicar los resultados de investigación en libros, capítulos de libros o revistas. Esto reduce, indudablemente, los avances de la ciencia y la tecnología, y los espacios abiertos y gratuitos para la difusión son cada día más competidos, lo que implica que la circulación de conocimiento también tenga sus efectos.

Así, el personal académico se enfrenta a restricciones significativas en el desarrollo adecuado de sus funciones; a esto se suman las exigencias establecidas por organismos como el Conahcyt, prodep y Programas de Estímulos al Desempeño Docente. Este escenario crea una tensión en la que, por un lado, se espera que los académicos cumplan con estándares y criterios rigurosos en sus diversas responsabilidades y, por otro lado, la falta de recursos adecuados obstaculiza su capacidad para llevar a cabo sus funciones de manera efectiva. La presión resultante no sólo impacta la calidad de la educación superior, sino que también compromete la capacidad de las universidades para contribuir de manera significativa a la investigación, la formación de profesionales y la conexión con el entorno socioeconómico. En este sentido, se requiere un financiamiento adecuado que permita al personal académico cumplir con sus responsabilidades de manera integral y, al mismo tiempo, promover el avance del conocimiento y la excelencia en la formación de los estudiantes.

La disminución en el presupuesto asignado a las universidades mexicanas ha generado un impacto significativo en su capacidad para llevar a cabo, eficazmente, la función de vinculación. La falta de recursos ha repercutido directamente en la realización de proyectos de investigación en colaboración con organizaciones externas, limitando el potencial de innovación y el intercambio de conocimientos. Además, esta limitante ha dejado en estado de desatención áreas cruciales, como la educación continua, los servicios comunitarios y el desarrollo económico, que son pilares fundamentales para el fortalecimiento de la conexión entre la academia y la sociedad. Este escenario plantea un desafío para el desarrollo integral de las instituciones educativas y para su capacidad de contribuir al progreso socioeconómico del país. La urgencia de reevaluar y aumentar el apoyo financiero destinado a la educación superior se hace evidente, no sólo para preservar la excelencia académica, sino también para impulsar la colaboración efectiva entre las universidades y su entorno social y económico, como hoy lo demanda la nueva Ley General de Educación Superior creada en 2021, lo cual es contradictorio, porque, por un lado, se legisla que se realice y, por otro, se retira el financiamiento para impulsar acciones de incidencia.

Adicionalmente, se ha mermado significativamente la capacidad de estas instituciones para establecer conexiones sólidas con empresas y organizaciones. Por ejemplo, se han afectado directamente los programas de prácticas profesionales y pasantías, esenciales para que los estudiantes y egresados adquieran experiencia laboral relevante. La vinculación con el sector empresarial no sólo enriquece la formación académica, sino que también facilita el tránsito de graduados al mercado laboral al ofrecerles oportunidades de aplicación práctica de sus conocimientos teóricos. La limitación de esta capacidad de conexión no sólo perjudica a los individuos en su desarrollo profesional, sino que también impacta negativamente en la competitividad y el dinamismo de diferentes organizaciones del país. Frente a este panorama, resulta imperativo reconocer la importancia estratégica de estas colaboraciones y asignar los recursos necesarios para fortalecer esta interacción vital entre las universidades y el mundo laboral.

En este escenario problemático, la pandemia de COVID-19 agregó más complicaciones a las universidades mexicanas en su función de vinculación. Las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria limitaron significativamente la capacidad de las instituciones educativas para llevar a cabo eventos presenciales, seminarios y otras actividades de colaboración con empresas y organizaciones externas. Las medidas de distanciamiento social dificultaron la organización de ferias de empleo, encuentros, conferencias y simposios que fomentan la vinculación académica y el mundo exterior, elementos clave para fortalecer la relación entre la academia y los sectores sociales y productivos.

En el tema de la gestión, dentro del contexto universitario, la conjunción de los recortes al presupuesto y la pandemia por COVID-19 ha infligido un impacto considerable. La falta de apoyos financieros ha socavado la capacidad de las instituciones educativas para llevar a cabo una planificación estratégica robusta, vital para anticipar y adaptarse a las cambiantes dinámicas educativas y sanitarias. De la misma forma, la organización institucional se ha visto afectada en la adaptación ágil a nuevas modalidades de enseñanza y en las medidas de seguridad necesarias. Otro punto relevante es la gestión de recursos financieros con impactos en la capacidad para cubrir gastos operativos, mantener salarios competitivos y financiar proyectos estratégicos. Al igual que las otras funciones, la gestión también se encuentra en una encrucijada, requiriendo un enfoque integral que aborde tanto la falta de recursos como los desafíos específicos generados por la pandemia, para garantizar la efectividad de las universidades mexicanas.

En suma, la reducción del financiamiento a las universidades mexicanas y los efectos de la pandemia por COVID-19 han tenido un impacto multifacético, afectando la calidad educativa, la investigación, la vinculación y la gestión de las instituciones educativas. Esta situación resalta la necesidad urgente de reevaluar y aumentar el apoyo financiero para garantizar el desarrollo integral de las instituciones educativas y su contribución al progreso académico y científico del país.

Perspectivas y oportunidades de financiamiento de la política educativa

Las perspectivas y oportunidades de financiamiento para las universidades mexicanas en el contexto posterior a la pandemia por COVID-19, y con recortes presupuestales a partir del año 2021, plantean un desafío significativo que requiere una cuidadosa consideración y acción estratégica. De acuerdo al impulso que el Gobierno quiere dar a las universidades, se destacan, en primer lugar, la crisis sanitaria que ha evidenciado la necesidad de invertir en tecnologías educativas, investigación científica y adaptación a modalidades de enseñanza híbridas o completamente virtuales. Este escenario demanda nuevas fuentes de financiamiento para garantizar la calidad y accesibilidad de la educación superior en México. Agenda que ya se venía construyendo desde 2019 por la anuies, denominada Agenda Digital.

En segundo lugar, los recortes presupuestales pueden impulsar a las universidades a explorar oportunidades alternativas de financiamiento, como asociaciones público-privadas, alianzas estratégicas con la industria, y la búsqueda de fondos de investigación tanto nacionales como internacionales. Estas alianzas pueden ser catalizadoras de proyectos de investigación, innovación y transferencia de conocimiento que generen beneficios mutuos, contribuyan al desarrollo económico del país y proporcionen a las instituciones educativas recursos financieros adicionales, impulsados por la adaptación del modelo dual para México; esto, en el mejor de los casos, aunque muchas universidades han incrementado los costos de inscripción, cuotas y diversos materiales para seguir operando en tanto transitan a una nueva forma de organización y trabajo, lo cual trae una serie de efectos colaterales.

En tercer lugar, se detecta la participación activa en convocatorias y programas de cooperación internacional; también emerge como una estrategia clave. Estas iniciativas ofrecen recursos financieros, técnicos y humanos que impulsan la movilidad académica, la formación de redes de colaboración y el intercambio de buenas prácticas, facilitando así la internacionalización de la educación superior mexicana como parte de las políticas globales que debemos orientar. Aunque en su momento hemos participado en estos proyectos, por la misma dinámica de recorte al financiamiento se ha visto afectada.

Además, la diversificación de las fuentes de ingresos propios se presenta como una medida necesaria. La oferta de servicios educativos, culturales y científicos de calidad y pertinencia no sólo amplía los recursos disponibles, sino también fortalece la conexión de las universidades con las necesidades del entorno. La calidad y pertinencia de estos servicios adicionales deben estar en consonancia con los estándares académicos establecidos, y su implementación debe ser guiada por la visión y valores fundamentales de cada institución, con una gestión cuidadosa para evitar desviaciones que puedan afectar la esencia misma de la misión universitaria. Esto ha sucedido en nuestra universidad en la que se impulsó un diagnóstico del interoceánico para legitimar su presencia en la entidad, pero va en contra del modelo educativo que cuestiona los proyectos depredadores y globalizadores que ha traído aparejados otros fenómenos como el migratorio y la violencia en la zona.

Otra estrategia que se nos plantea para enfrentar la pospandemia es fomentar una cultura de donación entre egresados, empresas, fundaciones y sociedad en general, para crear fondos y becas que mitiguen los efectos de los recortes presupuestales, promoviendo la inclusión estudiantil. Reconocer el valor y el impacto de las universidades mexicanas en el desarrollo del país puede motivar apoyos financieros sostenibles y responsables que contribuyan a compensar las limitaciones presupuestarias.

Sin embargo, es esencial abogar por una revisión y reajuste de las políticas de financiamiento educativo a nivel gubernamental. Esto implica no sólo restablecer o aumentar los recursos para el sector educativo, sino también diseñar estrategias que aseguren una distribución equitativa y eficiente de los fondos disponibles. La transparencia en la asignación de recursos y la rendición de cuentas son elementos clave para fortalecer la confianza en el sistema educativo y garantizar un uso eficaz de los fondos.

Adicionalmente, la implementación de medidas de austeridad, racionalización y optimización del gasto público se presenta como una estrategia pragmática. Es crucial garantizar que estas medidas no comprometan la calidad ni la equidad de la educación superior, y que se fundamenten en criterios de eficiencia, eficacia y rendición de cuentas.

En resumen, la crisis que viven actualmente las universidades mexicanas pueden considerarse oportunidades para la innovación, la colaboración y la búsqueda de fuentes alternativas de recursos. Sin embargo, esto debe ser desde un enfoque integral y estratégico, junto con una revisión de las políticas gubernamentales, en los ámbitos federal y estatal; es imprescindible para prosperar en el entorno pospandémico y presupuestario actual que asegure un futuro sostenible y de excelencia para la educación superior en México. Puesto que el Estado es el encargado de dar la educación a los ciudadanos y las universidades son una parte de ello, pero no son las encargadas de absorber el reto financiero. Si retomamos los análisis realizados en el seminario de la Red de cuerpos académicos en Educación, Política y Universidad, coincidimos con lo que la conferencia magistral de Virginia Reyes señala, hoy el mayor financiamiento se encuentra dirigido a los tres grandes proyectos del Gobierno Federal, el tren maya, la refinería y el interoceánico, mientras que a la Educación Superior se le ha restado presupuesto y se le ha dejado sola, o si bien le han otorgado financiamiento este ha sido para legitimar los mismos megaproyectos; como ha sido el caso particular de la uabjo, que traiciona su modelo educativo basado en la ecología de saberes y el cuidado del medio ambiente.

Si bien estas estrategias pueden ser buenas, colocan a la universidad como una proveedora de servicios y, al mismo tiempo, una formadora de nuevas generaciones, lo cual coloca a la comunidad universitaria en una encrucijada, porque esto requiere tiempo de calidad, y esto estaría llevando a una precariedad laboral a quienes intervienen en los procesos, puesto que no se ha contratado más personal docente de tiempo completo en los últimos años al menos en nuestra universidad. Quedando entonces una sobrecarga a los docentes comprometidos que no están en esta sintonía de trabajo.

Reflexiones finales

La pandemia de COVID-19 generó un cambio brusco en la dinámica educativa de las ies en México, lo cual requirió la adaptación de modalidades virtuales para asegurar la continuidad académica. No obstante, el retorno a la presencialidad, tras dos años de confinamiento, enfrentó desafíos considerables con repercusiones financieras que marcaron un impacto significativo en las funciones sustantivas de estas instituciones. Por su parte, la transición a la virtualidad sometió a las ies a pruebas que cuestionan la continuidad de actividades fundamentales como la docencia, investigación, vinculación y gestión. La adaptación de contenidos programáticos y la reorganización de actividades evidenciaron la necesidad de una infraestructura tecnológica adecuada y de dotación de insumos para mantener la excelencia educativa de forma remota.

El regreso a la presencialidad no estuvo exento de desafíos, incluyendo el aumento del abandono escolar, la exclusión de contenidos académicos y afectaciones en el desarrollo de competencias. Además, las ies se enfrentaron a una drástica reducción del financiamiento público, con recortes al presupuesto ordinario y la eliminación de programas extraordinarios, impactando directamente las tareas sustantivas y precarizando las condiciones laborales del personal docente y administrativo.

El análisis detallado de los problemas financieros que enfrentan las Instituciones de Educación Superior (ies) en México revela una realidad compleja y desafiante. La asignación de recursos por parte del Gobierno Federal, crucial para el desarrollo y funcionamiento de estas instituciones, se ha visto afectada por una serie de recortes y cambios en los últimos años hacia los megaproyectos del Gobierno Federal. La crisis financiera se manifiesta en diversos aspectos, desde la reducción del financiamiento ordinario y extraordinario hasta la desaparición de programas estratégicos.

El financiamiento federal, dividido en ordinario y extraordinario, presenta limitaciones evidentes en su estructura. La falta de consideración de elementos como la excelencia académica, la pertinencia y la vinculación en la asignación de recursos ordinarios destaca la necesidad de revisar y ajustar los criterios para reflejar de manera más precisa la contribución de las ies al desarrollo integral del país. La dinámica de reducción en el subsidio ordinario para las Universidades Públicas Estatales, las de Apoyo Solidario y las Universidades Interculturales durante el periodo de la pandemia de COVID-19 es un indicador preocupante. La disminución constante, combinada con el impacto de la inflación y los aumentos en los costos operativos, genera incertidumbre en la planificación eficiente de actividades y la prestación de servicios educativos. Ante estas condiciones, aspectos como la gratuidad y universalidad no se lograrán debido a los altos costos que implican.

La asignación diferenciada de recursos entre diversas universidades, sin una razón objetiva clara, según las negociaciones entre autoridades federales y locales, resalta la falta de transparencia y equidad en la distribución de fondos. Esto no sólo afecta la capacidad de las ies para cumplir con sus funciones esenciales, sino que también intensifica las disparidades entre las instituciones. La reducción significativa en los fondos extraordinarios destinados a estímulos docentes, expansión de la matrícula, desarrollo científico, infraestructura, entre otros, es un factor crítico que puede tener consecuencias a largo plazo en la excelencia académica y el impacto de las ies.

En este contexto, la eliminación de programas cruciales como profexce y pades representa un obstáculo para que las instituciones fortalezcan tanto la excelencia académica como la inclusión social. Además, la supresión de iniciativas como prodep para las Universidades Públicas Estatales se traduce en una pérdida considerable. Estos programas desempeñaban un papel esencial al impulsar la excelencia académica, fomentar el desarrollo profesional del personal docente y respaldar la ejecución de proyectos innovadores.

La inequidad en el financiamiento estatal, con asignaciones que oscilan ampliamente entre el 10% y el 50%, pone de manifiesto la falta de políticas que garanticen una distribución equitativa y eficiente de recursos a nivel estatal. La dependencia de la capacidad financiera y prioridades presupuestales de los gobiernos estatales crea un panorama incierto para las universidades públicas.

La reducción constante de fondos, la desaparición de programas estratégicos y la falta de transparencia en la asignación de recursos plantean un desafío urgente. Para superar esta situación, es esencial una revisión integral de los mecanismos de financiamiento, la implementación de políticas que garanticen equidad y transparencia, y la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. Además, el papel crucial de las ies en el desarrollo del país destaca la necesidad de una inversión sostenida y estratégica para preservar la excelencia académica, la investigación y la contribución al progreso científico y tecnológico.

Es importante señalar que el impacto en la reducción del financiamiento en las universidades mexicanas revela desafíos multifacéticos que afectan directamente las funciones sustantivas de estas instituciones: docencia, investigación, vinculación y gestión. La interconexión de estos aspectos subraya la complejidad del escenario actual y destaca la necesidad urgente de abordar estos problemas para preservar la calidad académica y científica del país. En el ámbito de la docencia, la reducción del financiamiento ha creado un entorno desafiante donde la sobrecarga de trabajo para el personal docente, la falta de acceso a nuevos contratos y la limitación en el acceso a becas y apoyo estudiantil han impactado negativamente la calidad de la enseñanza. Este escenario se traduce en un abandono escolar significativo, bajo rendimiento académico y una mayor desigualdad educativa, afectando el desarrollo profesional y personal de los estudiantes.

La investigación científica y tecnológica, esencial para el crecimiento y desarrollo del país, se ha visto afectada por la limitación de recursos monetarios. La falta de fondos para equipos, materiales y proyectos ha disminuido la calidad de las investigaciones y ha afectado la competencia a nivel nacional e internacional. La infraestructura, otro componente crucial, ha experimentado un deterioro debido a la disminución del financiamiento, obstaculizando el desarrollo adecuado de proyectos de investigación y la difusión de resultados. La falta de financiamiento para la participación en eventos académicos y la desaparición de apoyos para publicaciones reducen aún más la visibilidad y el impacto de la investigación generada en las universidades.

En cuanto a las tareas de vinculación, la falta de recursos ha limitado la capacidad de las instituciones para llevar a cabo proyectos de colaboración con organizaciones externas, impactando negativamente en la innovación y el intercambio de conocimientos. Además, la disminución en la capacidad de establecer conexiones sólidas con empresas y organizaciones ha afectado los programas de prácticas profesionales y pasantías, esenciales para la formación práctica de los estudiantes y su transición al mercado laboral. Por su parte, la gestión institucional se ha visto afectada en la planificación estratégica, la adaptación a nuevas modalidades de enseñanza y las medidas de seguridad necesarias, debido a la falta de apoyos financieros. La gestión de recursos financieros también ha sufrido, afectando la capacidad para cubrir gastos operativos, mantener salarios competitivos y financiar proyectos estratégicos.

En resumen, la reducción del financiamiento a las universidades mexicanas y los efectos de la pandemia han creado una situación crítica que afecta todas las dimensiones de estas instituciones. La falta de recursos repercute directamente en la calidad de la educación, la investigación, la vinculación y la gestión. La urgencia de reevaluar y aumentar el apoyo financiero se hace evidente para garantizar el desarrollo integral de las instituciones educativas y su contribución al avance académico y científico del país. Este llamado a la acción no sólo busca preservar la excelencia académica, sino también asegurar que las universidades mexicanas puedan cumplir efectivamente con su papel crucial en el desarrollo social, económico y científico del país.