Presentación

Los capítulos que conforman el presente libro tratan dos temáticas añejas y constantes en el ámbito de la educación: el financiamiento público a las Instituciones de Educación Superior (ies) y la movilidad social. Dos grandes problemáticas en las ies de México, y en general de América Latina, que con la pandemia de COVID-19 quedan develadas. En efecto, la insuficiente asignación de recursos públicos para el funcionamiento del sistema educativo nacional han sido tópicos problemáticos extendidos en los diferentes niveles educativos: básico, media y superior; y en particular las ies, las cuales han demandado reiteradamente al Gobierno federal y estatal incrementar el financiamiento, sin obtener mejores resultados. Lo anterior ha sido una inquietud de la Red Nacional de Cuerpos Académicos en Educación, Política y Universidad (repu), y fue puesto como tema para el estudio y análisis en el xvi Seminario de la Red, 2023.

En ese sentido, el objetivo del contenido consiste en hacer el análisis, discusión y reflexiones de la relación existente en torno al financiamiento, la movilidad, el Estado, las políticas de financiamiento en las instituciones de educación superior (ies); en particular, la universidad pública y su relación transformada en el contexto de la globalización y los cambios económicos, políticos y sociales que el modelo neoliberal exigió. Es decir, desde el inicio de este modelo económico, la relación financiera entre la universidad pública y el Estado atraviesa una crisis prolongada, sobre todo porque el Estado mutó las prioridades, formas y lógica en la distribución respecto del gasto social en la educación. En este proceso, la asignación de subsidios en ciertas áreas dejó de ser prioridad, y bajo un nuevo pensamiento único —sin debate sobre el futuro educativo— se acudió a los lineamientos de los organismos financieros internacionales.

Mucho se ha discutido y se discute sobre el financiamiento a la educación en México; unos en favor viéndolo y analizándolo como gasto, otros tantos, como inversión; lo cierto es que la mayoría de docentes-investigadores desconocen la formulación y normativa que sigue el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y cómo se define y estructura el presupuesto hacia la educación, y por qué éste mismo ha ido a la baja. Este descenso en el presupuesto, que paulatinamente empezó a instrumentarse desde el 2016, se agravó después de la pandemia de COVID-19, de tal forma que para finalizar 2021, de acuerdo a lo anunciado por la Federación, el gasto en educación como proporción del pib sólo representaba el 3.1 %.

Por lo anterior, este libro recoge en nueve capítulos las aportaciones críticas vertidas por integrantes de la repu. Estos textos escritos por docentes-investigadores adscritos a ocho universidades públicas, se presentaron como ponencias para su reflexión y discusión en los simposios virtuales de actualización disciplinaria denominados: “Financiamiento de la Educación Superior” y “La Universidad Pública: ¿Vehículo de Movilidad Social?”, cuestiones que concluyeron en el marco del xvi Seminario Anual de la repu 2023.

La obra está dividida en dos apartados; siguiendo el orden del seminario anual los capítulos se ordenaron metodológicamente de lo general a lo particular. De esta manera, en el primer apartado se encuentran los trabajos dedicados al tema de “Financiamiento de las Universidades Públicas”, que se constituye en la problemática que afecta directamente a las universidades públicas. Mientras que, en el segundo apartado, se presentan los trabajos cuyo tema abordado fue “La Universidad Pública: ¿Vehículo de Movilidad Social?”, situación que afecta a los egresados universitarios.

La Unidad de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas, sede en esta ocasión del xvi Seminario anual de la red, organizó y promovió el evento. Cabe resaltar que, ante la carencia de recursos, fue financiado con recursos económicos de la Unidad de Ciencia Política y recursos propios de los compañeros integrantes de la red que asistieron al evento. En efecto, uno de los retos para la realización del seminario fue enfrentar la carencia de recursos para integrar los trabajos más participantes. Sin embargo, como herramienta de apoyo, se contó con el uso y práctica de las tecnologías de la información y la comunicación (tic), por lo que la organización del evento pudo extenderse, ya que —mediante la plataforma Zoom— compañeros docentes e investigadores y estudiantes de otras universidades participaron de forma virtual. Bajo esta modalidad organizativa en los simposios y durante la realización del xvi seminario de la Red, participaron integrantes de los Cuerpos Académicos de varias universidades públicas, entre ellas: Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, Universidad Pedagógica Nacional-201, Oaxaca y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Las reflexiones trabajadas giran en torno al análisis documental, estados del arte y presentación de problemáticas empíricas locales de las universidades e instituciones de educación superior de adscripción de los participantes.

El primer capítulo titulado “Equidad y financiamiento en Universidades Públicas Mexicanas”, escrito por Jesús Villegas Becerra, a través de un uso elocuente del discurso, guía por su argumentación, la cual parte del concepto de equidad social, para de éste desprender otros elementos conceptuales e introducir al lector en el conocimiento y discusión del andamiaje institucional que exige el financiamiento, no sólo para las universidades públicas, sino para el sistema educativo en sus diferentes niveles. Se trata de un ejercicio de fundamentación teórica situada en el tiempo actual, por lo que recoge términos y discusiones presentes en diversos campos: la educación, la economía, la política y la administración. El trabajo se encuentra organizado en dos apartados principales, cada una de ellos compuesto por dos secciones. En el primer apartado, bajo el concepto de Equidad, se revisan las nociones y mecanismos del federalismo y autonomía universitaria que han producido un sistema educativo terciario público en México. El autor considera que, para efectos de financiamiento, el federalismo se tradujo en descentralización, en particular, desde la década de los noventa y la autonomía. En el segundo apartado, enunciado desde el concepto Financiamiento, se consideran algunos elementos de la teoría de la regulación, para situar los encuadres de la regulación y la gobernanza entre el Estado y las universidades, en tanto dispositivos de planificación, asignación y luchas. El capítulo cierra la discusión integrando la idea de ciudadanización de la educación como tema presente en la literatura crítica del campo académico.

En el segundo capítulo, titulado “Obstáculos y retos en Educación Superior: el tema de la inviabilidad de las Políticas Públicas y el financiamiento”, las autoras Guadalupe Nancy Nava Gómez, Emilio Gerardo Arriaga Álvarez y Rosalba Moreno Coahuila plantean como necesario que las universidades públicas sigan desarrollando sus funciones fundamentales: docencia, investigación, difusión y la recreación de la vida académica. No obstante, para que sigan cumpliendo estas tareas se requieren cambios constitucionales, jurídicos o bien la creación de nuevas leyes enfocadas a la educación superior, pero fundamentalmente es ineludible la superación de ciertos obstáculos para implementar políticas públicas funcionales y nuevas acciones necesarias para cubrir las añejas carencias sociales que aquejan a la sociedad mexicana, presentes no sólo en la carencia de recursos en el sistema educativo, además en el derecho a la salud, a la vivienda, a la alimentación y, en la últimas décadas, a la seguridad e integridad física. En este sentido, los autores plantean que para subsanarlas se requiere un cambio económico estructural, sólo así se dará certeza a la existencia de un sistema de educación por y para todos. Además, se presenta el planteamiento sobre las políticas públicas, las cuales siguen en disenso, y los debates sobre las mismas siguen ocurriendo. Así, aunque los Planes de Desarrollo sexenales consignen programas de asistencia social que conlleven a ampliar la cobertura en educación, están presentes factores heredados, viejos problemas estructurales del pasado, como la pobreza y la pobreza extrema que durante sexenios han quedado sin resolver y se constituyen como barreras que limitan el acceso universal a la educación.

Por otro lado, en la discusión presentada, los autores introducen la creación de las nuevas universidades interculturales denominadas del Bienestar “Benito Juárez García”, con las que se pretende extender la gratuidad y garantizar la ampliación de la cobertura en educación superior. Sin embargo, en su análisis muestran que han dado pie a la existencia de un sistema educativo estratificado y segmentado, y señalan que la proliferación de las universidades interculturales no ha sido suficiente para dar acceso universal a los jóvenes a la educación superior, siendo una de las grandes limitantes estructurales la vulnerabilidad que viven por carencias sociales, es decir, la condición económica precaria no permite generar gastos en educación.

De igual manera, de acuerdo con los autores, la gratuidad enunciada en el artículo tercero constitucional y en la Ley sobre Educación Superior, cuyo aseguramiento se reconoce como derecho humano que debe efectivizar y garantizar el Estado, ante las modalidades y tendencias de su aplicación derivadas del incumplimiento de las leyes y normativas que rigen los presupuestos y el financiamiento, que limitan que las instituciones educativas y universidades públicas estatales (upes) amplíen la cobertura, ya que dependen para su funcionamiento de recursos otorgados por la federación y de aportaciones estatales, y estos últimos en cada universidad son muy erráticos e inestables, pues se otorga no lo que se estipula en la ley, sino lo que accede o pacta el gobernante en turno, situación que afecta negativamente el principio de gratuidad; de esa manera se fortalece la desigualdad social y se crea además, la desigualdad institucional resultante de la distribución de los recursos.

Finalmente concluyen que, mientras que las políticas públicas en educación, y en particular el financiamiento, se sigan delineando de acuerdo a las transformaciones y las orientaciones políticas sexenales y no en un horizonte de largo plazo —donde además de adecuar el marco jurídico, se establezca un nuevo proyecto de políticas públicas en educación superior; donde los presupuestos visualicen a todos los sectores adscritos a ellas (estudiantes, administrativos, docentes, investigadores, directivos) y consideren el desarrollo de las capacidades académicas e intelectuales, tanto la vida universitaria, el cumplimiento de sus funciones, lo mismo que la gratuidad— la obligatoriedad y el acceso universal a la educación superior seguirán siendo letra muerta en el sistema educativo mexicano.

En el tercer capítulo titulado “Efectos de la reducción del financiamiento en Universidades Públicas mexicanas: Análisis pospandemia”, las autoras Virginia Guadalupe Reyes de la Cruz y Ana Margarita Alvarado Juárez analizan cuáles son las particularidades de la reducción del financiamiento en las universidades después del COVID-19, y qué marcas ha dejado en las funciones sustantivas: docencia, investigación, vinculación, gestión. Para tal efecto recurrieron a documentos de fuentes oficiales, tomando en consideración que el financiamiento se divide en ordinario (federal y estatal), y extraordinario (sólo federal, específicamente para cumplir con ciertos indicadores que elevan la calidad del conocimiento). Las autoras, en relación al financiamiento ordinario, apuntan que —como efecto de las negociaciones entre autoridades federales, locales y las determinaciones del Legislativo en el reparto de recursos del Ramo 46 del Presupuesto de Egresos de la Federación (pef)—, se detecta en su ejecución una ligera disminución de los recursos desde el año 2016; situación que ha ocasionado segmentación y diferenciación entre Universidades Públicas Estatales, de Apoyo Solidario y las Interculturales. Consideran que la reducción se acentúo durante el tiempo de pandemia, en ese sentido, y al ser el presupuesto ordinario el que cubre el gasto corriente, la reducción tuvo impacto directo en la contratación de personal docente, en sueldos y salarios, así como en los servicios y el mantenimiento de la infraestructura. Por su parte, los resultados observados arrojan que del financiamiento estatal las universidades no tienen precisión en cuanto a los estipendios acordados o firmados en convenios, dado que los porcentajes de asignación fijados en las leyes no todos los gobiernos estatales los cumplen; situación que genera inseguridad en el funcionamiento interno de las ies.

Contribuyen a la discusión de la problemática del financiamiento, al poner en evidencia que durante el período de pandemia una de las principales afectaciones en las universidades ocurrió con el financiamiento extraordinario, ya qué, ante la imposibilidad de realizar negociaciones con y entre autoridades, los recursos otorgados fueron disminuyendo hasta casi su extinción. Como resultado, programas que eran sostenidos con recursos extraordinarios desaparecieron. Las autoras detectaron que el primer programa cancelado fue el Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (profexce). Este tenía su antecedente desde el 2001 en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (pifi); en 2014 se transformó en Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (profocie); a partir de 2016 en Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (pfce), y en 2019 profexce. También desaparecieron el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (pades), el Programa de Carrera Docente en Universidades Públicas Estatales (upes), el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, el Programa para la Atención a Problemas Estructurales de las upes y el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior. Para las autoras, en conjunto, el abandono, descenso o extinción de los recursos que se asignan a estos programas afectó la calidad de la educación superior, la diversificación de la oferta educativa, la movilidad docente y de estudiantes a nivel nacional e internacional; así como la adquisición de material para lograr la innovación, la investigación e impulsar el desarrollo científico tecnológico, la formación profesional de los estudiantes y la difusión de resultados. En suma, se observa en este capítulo que la relación de las ies con el conocimiento se ha visto afectada.

En este proceso de disminución de políticas de financiamiento, plantean que algunos de los programas vigentes que han contribuido al mejoramiento de la calidad del personal docente son: primero, el Programa para el Desarrollo Profesional docente para el tipo Superior (prodep), el cual apoya formación, actualización y calidad del personal académico, fortalecimiento de Cuerpos Académicos y líneas de investigación, así como la formación de redes que impacta en la colaboración inter, trans y multidisciplinaria. Segundo, el Fondo de Aportaciones Múltiples (fam), cuyo gasto se dedica a la creación y ampliación de la infraestructura escolar (conjunto de instalaciones, edificios, etc., donde se otorgan servicios y se desarrollan las actividades cotidianas). El programa de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, destinado a Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario e interculturales.

En el contexto del análisis, las autoras plantean que, entre las repercusiones de la Pandemia de COVID-19 están: una reducción en los avances logrados en las funciones sustantivas de las ies; avances impulsados con el apoyo de los diversos Proyectos y Programas que hasta antes del evento sanitario estaban en funciones y se financiaban con recursos extraordinarios, a ello suman, las fuertes disparidades existentes no sólo en el subsidio federal sino en los montos que los gobiernos estatales deben aportar para el buen funcionamiento de sus universidades. Concluyen reconociendo que la dependencia financiera y la insuficiencia de recursos de las ies son importante, ya que al considerar las orientaciones propuestas por los organismos internacionales y diversificar las fuentes de ingresos, se deben impulsar acciones como la integración y la colaboración del sector privado, la eficiencia y transparencia en el manejo de recursos; es decir, la rendición de cuentas, y fundamentalmente, que el Gobierno Federal y los gobiernos estatales aseguren la sostenibilidad de las universidades públicas mexicanas; sólo de esta manera se estará en posibilidad de que las ies recuperen cierta autonomía, y los docentes puedan atender los procesos de enseñanza-aprendizaje, nuevos programas que impulsen la formación humanística, científica y tecnológica, y el desarrollo de proyectos de investigación, gestión y difusión.

En el cuarto capítulo de Maximiliano Valle Cruz, el autor, en una fructífera, completa y compleja disertación denominada “El Financiamiento a la Educación y la Escolarización en México”, expone el panorama histórico que ha seguido el financiamiento en la educación. Inicia con la presentación del carácter económico y político que ha regido la escolarización en México, primero bajo un modelo de políticas estratégicas; más adelante, bajo el modelo de política social, y finalmente bajo modernas políticas públicas, modelos que a lo largo de más de siete décadas (1950-2023) han orientado el financiamiento hacia la educación pública, teniendo como característica su asociación a los modelos de desarrollo económico, que en distintos momentos han impulsado el crecimiento económico en el país. Bajo esos lineamientos organiza el texto en tres apartados; en el primero, el autor se da a la tarea de hurgar en el periodo del México independiente, centrándose principalmente en las particularidades y contradicciones existentes en el incipiente entramado institucional y constitucional para dar cuenta de cómo se creó la conciencia colectiva, el pensamiento social de que al Estado le corresponde —a la fecha— organizar y financiar la educación, con base en las regulaciones jurídicas, la Constitución Política Mexicana y la Ley Orgánica de la Educación Pública de 1942, donde han quedado plasmadas la obligatoriedad, laicidad y gratuidad de la de misma.

En el segundo apartado, el autor define la escolarización y la intensidad de la misma, y da cuenta de los ritmos que ha seguido el financiamiento en la educación, y muestra cómo —pese a los intentos por impartir una educación incluyente, cuyo objetivo era la ciudadanización de las masas— ésta se vuelve excluyente; en ello jugó un papel primordial que a la educación se le liga al proceso de industrialización y, en la lógica del pensamiento gubernamental, se le considera motor del desarrollo industrial. Como parte de su argumentación, el autor pone en la discusión cómo pese a la existencia de una ideología nacionalista que orientó el proceso de gratuidad y financiamiento, después de la Segunda Guerra Mundial y una vez que México entró en la fase de desarrollo industrial, la gratuidad y financiamiento de la educación se escinden, de igual forma, las opiniones en torno a si todos los niveles del sistema educativo deben estar financiados por el Estado, observando que la prioridad siempre ha estado en el nivel básico. Así, agrega que, durante la década de los ochenta (fase económica de transición nacional e internacional), se discute si a nivel de las naciones el financiamiento —subsidio— es un gasto o inversión, pero teniendo en el horizonte la visión de negar la gratuidad, y en ese sentido, el financiamiento a la educación superior. A lo largo del tercer apartado, el autor reconstruye los argumentos filosóficos y jurídicos neoliberales que, a partir de la década de los noventa del siglo pasado, sustentaron las políticas educativas impulsadas por el Estado; a la par, va realizando un recuento de la intensidad escolarizada que ha tenido lugar en nuestro país del siglo xx al presente.

En el quinto capítulo escrito por Concepción Silva Chávez y Jesús García Mesinas, los autores describen una antigua problemática existente en el sistema educativo: la calidad de la formación docente. En su análisis, los autores hacen un recuento de cómo la pauta inicial, la formación docente, unida a una coyuntura política y educativa dieron origen a las Universidades Pedagógicas Nacionales (upns) como Instituciones Públicas de Educación Superior, siendo los ejes conductores de sus análisis el origen, manejo del financiamiento y su administración en la upn Unidad 201, sede Oaxaca.

Refieren que, para dar respuesta a la iniciación y rápida expansión de las Universidades Pedagógicas, consideran la existencia de dos elementos coyunturales: por un lado, el cambio político ante la asunción de un nuevo gobierno en la presidencia de la república; por otro lado, las cuestiones existentes en torno a las líneas de conformación del Plan Nacional de Educación 1976-1978 (momento álgido donde se discutían las carencias psicopedagógicas y didácticas en la formación docente al considerarse que el crecimiento de las escuelas normales urbanas y rurales habían masificando la profesión sin elevar la calidad). Por su parte, los maestros en funciones exigían formación profesional calificada para ejercer la profesión magisterial de calidad. Argumentan que correspondió al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte) resolver la situación; en ese sentido, actuando como mediador, planteó la demanda de crear una institución que otorgará formación integral en todos los niveles al magisterio en servicio, casi enseguida, por decreto presidencial en 1978 se creó la upn y las unidades existentes en el país como organismos desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública.

Enseguida, describen las fases de la organización administrativa y el funcionamiento de la upn Unidad 201 de Oaxaca. En un primer momento, develan cómo en relación a su funcionamiento y obedeciendo a su origen se trata de una unidad centralizada, académica, administrativa y financieramente, cuyo crecimiento ocurrió con nuevos planes de estudio y nuevas licenciaturas, al amparo del presupuesto federal. En un segundo momento, describen la influencia de la globalización en el cambio del modelo económico y en la transformación de la filosofía educativa; refieren que, entrada la década de los noventa, esta nueva filosofía impactará a las upn mediante la puesta en marcha del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal (anmeb) que, entre otros aspectos, vino a cambiar sus formas de operación, al transferir los servicios educativos a los Estados, originando una dualidad en su conducción y administración; por un lado, los proyectos académicos quedaron dependiendo de la upn del Ajusco; por el otro, administrativa y financieramente, le correspondía a las entidades federativas solventar los recursos financieros para su funcionamiento.

Estas políticas y mecanismos fueron en detrimento de los gastos de operación de la Unidad 201, ahora sujeta administrativa y financieramente a una serie de requerimientos por parte del Estado para otorgar los recursos, lo que impactó en las funciones y organización de la institución y en el quebrantamiento salarial de los profesores. Finalmente, los autores describen cómo a partir de 2015 dos procesos derivados de la orientación en las políticas públicas impactan nuevamente en la Unidad 201. Primero, en el estado de Oaxaca se da una reorganización de los servicios educativos; y segundo, el Gobierno Federal centraliza los procesos de sueldos y salarios a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (fone). Sin embargo, existe un juego en la asignación de recursos entre el fone y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (ieepo). Por lo anterior, no hay acceso para conocer con precisión el presupuesto asignado en las diferentes fases de organización administrativa, y la unidad 201 se encuentra trabajando con salarios bajos, apertura de nuevas licenciaturas, aplazamiento en el reconocimiento de plazas de tiempo completo, y gastos de administración imprecisos.

En el sexto capítulo, denominado “La crisis del financiamiento en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (uabjo), Saúl Reyes Sanabria, Jorge Hernández y Danae Araceli Sosa, manejando conceptualmente la teoría de “la historia actual” de Carretero y Borrelli, exponen que el tema del incremento del financiamiento público ha sido uno de los compromisos importantes en la agenda de los gobiernos federal y estatal —legislatura, shcp, y congresos—, sin embargo, es una responsabilidad que reiteradamente se incumple por parte de estas instituciones. Los autores, a partir del seguimiento hemerográfico, documental y de medios de comunicación, exponen la forma de asignación del presupuesto, el cual otorga por mediación de procesos conflictivos donde quedan en entredicho las autoridades de la uabjo. Aunado a esto, señalan que el proceso-conflicto ha existido y sigue existiendo también para otras universidades públicas que, en aras de atender el creciente aumento de la matrícula, mantienen un crecimiento limitado de la planta docente, y difieren ciertas necesidades para cumplir adecuadamente con las funciones sustantivas de la universidad, al no contar con los recursos financieros ni los medios materiales suficientes para concretar los niveles de excelencia y calidad que demandan las políticas actuales. Prosiguen en su análisis con la conflictividad manifiesta en la asignación de presupuesto, en los que se suman esquemas de jubilación que la Federación se niega a reconocer, la limitada actualización salarial, la desigualdad en la distribución del presupuesto entre universidades. En conjunto, estos y otros elementos han llevado a varias universidades a la insolvencia financiera, a un estado de crisis financiera que se presenta como irreversible.

Estos autores agregan que, desde la perspectiva oficial y de las autoridades de la uabjo, así como de otras instituciones mediadoras como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (anuies), la carencia de recursos, la prolongada situación de crisis financiera y conflictividad puede paliarse, o bien revertirse si en la uabjo empieza a desarrollarse una nueva cultura universitaria que introduzca como elementos mediadores la rendición de cuentas, la transparencia en el uso de los recursos y la gobernanza.

La universidad pública ¿vehículo de movilidad social?

En la segunda parte del libro, se incluyen análisis y reflexiones que se encuadran en una serie de acontecimientos que han puesto en tela de juicio, la creencia social e ideológica de que la educación, en particular el nivel superior, facilita la movilidad social. A partir de que el proceso globalizador ha transformado las relaciones capitalistas y de éstas han impactado los ámbitos sociales, económicos, políticos, culturales, las reflexiones y análisis del segundo apartado, refieren y argumentan una serie de acontecimientos que cuestionan la funcionalidad e impacto social de que la educación, en particular el nivel superior, facilita la movilidad social. En una perspectiva de carácter empírico, y porque así lo muestran distintas instituciones que generan estadísticas básicas, se considera que los cambios se manifiestan y profundizan en las desigualdades sociales y educativas, las oportunidades de trabajo y la generación de mayor desempleo, situaciones que se radicalizaron con la pandemia de COVID-19. En esta situación de cambios económicos dispares, los trabajos se dirigen al análisis y reflexión de la movilidad social, y al impacto que tiene la educación superior en la movilidad social de los estudiantes, una vez que estos han concluido sus estudios.

Así en este séptimo capítulo, los integrantes de un grupo de investigación adscrito a la Universidad de Quintana Roo, Addy Rodríguez Betanzos y Martín Sánchez Islas, denominan su reflexión “El desafío de la movilidad social, un tema persistente en la educación superior en México”. Desde una visión de carácter geopolítico, los autores presentan un penetrante análisis del estado de la cuestión, en el cual elementos teóricos y metodológicos de carácter internacional-nacional de la movilidad social están presentes, en tanto, una de las inquietudes que mueve su reflexión es la hechura de las políticas públicas y el carácter universal que debe tener el acceso a la educación superior en tanto formadora de profesionistas. En el capítulo, los autores parten del concepto de desigualdad social; realizan una amplia revisión, en la que discuten y confrontan los diversos posicionamientos de investigadores y teóricos internacionales y nacionales, para plantear que la educación en cualquiera de sus niveles no es el remedio que terminará en las sociedades o naciones con la desigualdad social, en tanto que la última se genera por la existencia de otros elementos o vacíos no sólo de conocimiento o de la educación, sino que además existen otros elementos que la impiden, como son la clase, raza, sexo, condición social y económica, que individualmente o colectivamente obstaculizan el proceso de movilidad social.

En relación con América Latina y México, describen que en las últimas décadas ha ocurrido una movilidad social ascendente de carácter educativo, la cual ha elevado los indicadores de bienestar, aumentado las tasas de escolarización y la cobertura; no obstante, estas últimas siguen siendo inequitativas. A la inequidad, le suman factores como la competencia existente entre las ies públicas y las privadas, incluso la competencia y asimetrías existentes entre universidades públicas, manifiestas en la vocación para la que han sido creadas, afirmado algo ya conocido, las ies públicas y privadas privilegian la docencia por sobre la investigación. Y continúan enumerando seis obstáculos que en México se deben superar. Como reflexión final, los autores plantean que la desigualdad social es estructural y multidimensional, y la educación es sólo una más de las desigualdades.

En esta misma la línea de análisis, en el siguiente capítulo denominado “La educación universitaria en los estudios sobre movilidad social de jóvenes indígenas”, presentado por Elsa María Blancas Moreno, Laurentino Luca Campo y Saúl Vázquez Rodríguez, sostienen que su interés principal versa sobre estudios realizados; es decir, un estado de la cuestión cuyo objeto de estudio haya sido la movilidad social alcanzada por jóvenes indígenas. En aras de recuperar aspectos teórico-conceptuales y metodológicos parten de una serie de preguntas clave, y recuperan para el análisis algunos conceptos tratados en la teoría crítica marxista como el concepto de clase social —eje de los estudios realizados por Fiorella Mancini—, para explicar los cambios ocurridos en la movilidad intergeneracional e intrageneracional. Sin embargo, su contribución a la discusión se encuentra en la revisión hecha a seis estudios, dos de ellos cualitativos y cuatro cuantitativos, desde donde ponen en evidencia que la movilidad social no depende sólo de la educación. Además, existen otros elementos como el origen social y familiar, la ocupación de los padres, la clase social, el sexo, la condición étnica, el color de piel y otros elementos que los pone en desventaja. Estos estudios muestran que, a partir de la existencia de una serie de acontecimientos, se pone en tela de juicio la creencia social e ideológica de que la educación —en particular el nivel superior— no facilita a los jóvenes indígenas la movilidad social ascendente a pesar de lograr altos niveles de escolaridad.

En el último capítulo, titulado “La influencia de la bioética en la movilidad social y educativa”, escrito por Marcela Veytia López, Rosalinda Guadarrama Guadarrama y Octavio Márquez Mendoza, los investigadores incursionan y entrelazan las relaciones teóricas y metodológicas existentes entre los conceptos bioética, movilidad social y movilidad educativa, para discutir —apoyando a otros colegas— que, en esta etapa globalizadora, la bioética debe extender sus posibilidades de aplicación más allá del campo de la vida y la salud, tornándose en disciplina, y en su interrelación con otras ciencias; su ampliación permitirá no sólo analizar la movilidad social y educativa, además, en el ámbito de las políticas públicas, su uso facilitará la promoción de la igualdad de oportunidades, la justicia distributiva y la buena toma de decisiones; en la medida de su aplicación nuestra sociedad podría ser más justa y democrática.

Nuevamente, es muy significativo recalcar que esta obra reúne tanto análisis y reflexiones como resultados de investigaciones empíricas, cuyo eje de preocupación crítica fue el financiamiento en la educación superior y la movilidad social a partir de los estudios universitarios. A la vez, la obra es evidencia del trabajo conjunto y colaborativo que se viene desarrollado desde hace 16 años, por parte de la Red de Educación, Política y Universidad integrada por diversos cuerpos académicos. Particularmente, felicitamos a los integrantes de los cuerpos académicos: Teoría, Historia y Políticas de la Educación; Procesos Sociales y Prácticas Institucionales desde el Pensamiento Crítico; Bioética y Salud Mental, todos ellos de la Universidad Autónoma del Estado de México; Procesos Educativos y Desarrollo Social de la Universidad Autónoma de Nayarit; Estudios Sociales y Educación, Interculturalidad y Humanidades de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca; Sociología de la Educación y Procesos Educativos de la Universidad Pedagógica Nacional-201 de Oaxaca; Procesos y Prácticas Educativas, y Procesos Socioeducativos de la Universidad Autónoma de Querétaro; al Grupo de Investigación en Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, y finalmente se agradece a los cuerpos académicos de Posgrado en Ciencias Políticas y Procesos Sociales Contemporáneos, de la Unidad Académica de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas por el apoyo brindado para la realización del Seminario Anual 2023, así como el apoyo en la elaboración del libro.

Ma. Cristina Recéndez Guerrero