Seguridad fronteriza en México y migrantes de paso

Teodoro Aguilar Ortega*

DOI: https://doi.org/10.52501/cc.121.09

Resumen

La frontera marca el límite entre dos naciones. En cada uno de los espacios nacionales el Estado ejerce su poder y tiene el control de su territorio o por lo menos debería tenerlo. Cada país determina los requisitos de ingreso a su territorio y las condiciones que deben cumplir quienes desean acceder a él. Sin embargo, en ocasiones, los migrantes pasan por alto esos requisitos debido a que consideran que sólo utilizan esa zona para trasladarse a otro lugar. Tal es el caso del espacio mexicano, el cual es usado como zona de tránsito para llegar a Estados Unidos. Ello significa que aquellos que ingresan lo hacen de manera irregular, sobre todo por Chiapas, pues la escasa vigilancia y facilidad de acceso les permite ingresar sin ser molestados. Con base en ello, el objetivo del presente documento es analizar la forma de ingreso de los migrantes irregulares a territorio mexicano y las rutas que utilizan para llegar a la Unión Americana. La metodología utilizada de este capítulo es la revisión de las cifras sobre desplazamientos por México y el número de detenciones de las autoridades migratorias mexicanas y norteamericanas. Lo que se observa es el incremento desproporcionado de los flujos migratorios rumbo al país del Norte y que necesariamente atraviesan México.

Palabras clave: Frontera, movilidad, inseguridad, violencia.

Introducción

La frontera norte de México es uno de los corredores migratorios más importantes del mundo, debido al gran número de movimientos hacia ambos lados (segob, 2019, p. 28). La dinámica fronteriza incluye personas y vehículos de aquellos que ingresan al país del Norte por razones de trabajo, turismo o con intenciones de radicar en ese lugar. Los cruces terrestres no los realizan únicamente residentes de nuestro país, sino que participan millones de migrantes de otras nacionalidades que pretenden entrar a la Unión Americana vía territorio mexicano.

La posición geográfica de México determina que todo aquél migrante que pretende llegar a la Unión Americana desde el Sur, necesariamente, debe atravesar territorio mexicano, situación que se ve favorecida por la escasa vigilancia en la frontera de Chiapas y Quintana Roo, además de que la topografía dificulta esa labor; esto determina que sea posible el ingreso sin documentos. De hecho, se reconoce que tradicionalmente han existido por lo menos 44 puntos de fácil acceso desde Guatemala (Armijo, 2011, p. 37).

Los flujos migratorios muestran que, tradicionalmente, 95% de los migrantes que pasan por territorio mexicano provienen de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua; mientras que 5% son originarios del Caribe, Sudamérica y otras partes del orbe (Casillas, 2011, p. 145). De ahí la importancia de revisar la migración centroamericana en su paso por México; aunque, en últimas fechas, los haitianos son quienes han llegado en gran número a Tapachula.

Hasta los años setenta del siglo pasado, la frontera sur de México no había llamado la atención de las autoridades, pues se consideraba que la dinámica regional se debía al intercambio comercial y laboral en la región y los cruces, por consiguiente, tenían un carácter temporal. Sin embargo, durante la década de los ochenta —a causa de los conflictos armados en Centroamérica y de los grupos de refugiados que ingresaban a nuestro país— dicha zona se vuelve foco de interés tanto de las autoridades como de la población (Clot y Martínez, 2015, p. 3), y comienzan a desarrollarse estrategias para tratar de vigilar esa área y controlar los crecientes flujos que comenzaban a crecer.

Antes del Gobierno de López Obrador, un antecedente importante para la contención de la migración de paso por México fue el llamado Plan Frontera Sur, firmado por Peña Nieto y Barack Obama. De manera oficial, el Plan tenía por objeto proteger los derechos de los migrantes y su seguridad; sin embargo, el principal resultado de su implementación fue la deportación masiva de migrantes de paso antes de que llegaran a la línea fronteriza con Estados Unidos (Luiselli, 2016).

Ante las presiones de los gobiernos norteamericanos, y gracias a la entrada en vigor del mencionado Plan, el control migratorio de México se reforzó y logró contener a gran cantidad de personas que buscaban llegar a Estados Unidos; de hecho, durante el periodo de 2015 a 2018, el control fue tan estricto que desde nuestro país se deportó una mayor cantidad de centroamericanos que en la Unión Americana (International Crisis Group, 2018, p. 12).

Al comienzo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la política migratoria de México tuvo un giro importante, pues se planteó como estrategia que el país debería tener puertas abiertas a quienes iban de paso hacia la Unión Americana. Sin embargo, esa política tuvo gran repercusión en Estados Unidos, pues el gobierno de Donald Trump comenzó con amenazas de imponer aranceles a las importaciones mexicanas si nuestro país no enfrentaba y contenía los flujos migratorios que mantenían tendencias crecientes a causa del discurso presidencial de darles la bienvenida (Narváez y Gandini, 2021, p. 14).

De esa manera, la política migratoria de México ha tenido varias estrategias en los últimos 10 años, la de contener la migración con planes impuestos por Estados Unidos, la de brazos abiertos y protección a los migrantes, y la de regular los flujos de personas que pasan por territorio nacional. Sobre todo, con énfasis en la frontera sur que es donde ingresan aquellos que pretenden llegar a la Unión Americana de manera irregular.

Con base en lo anterior, el objetivo del presente documento es analizar la política migratoria de México en los últimos años y sus efectos en los flujos migratorios de los centroamericanos que ingresan al país por la frontera sur de manera irregular y que buscan, como primera instancia, llegar a la Unión Americana con la intención de radicar en ese país, debido a las difíciles condiciones en sus localidades de origen.

Fronteras mexicanas

Las fronteras son límites geográficos entre dos naciones que permiten que cada Estado asuma el control de su territorio por lo que ese concepto hace referencia a una línea divisoria que señala el fin del territorio de un Estado y el comienzo de otro, la cual ha sido establecida por decisiones políticas de por lo menos uno de los gobiernos (Arriaga, 2012, p. 83). Por esa razón, la frontera es un producto de la evolución histórica que funciona para diferenciar entre sí a las naciones.

Las fronteras pueden contar con accesos vigilados para facilitar el control del Gobierno sobre el ingreso de bienes y personas a su territorio, es por ello que los pasos fronterizos, no necesariamente oficiales o regidos por algún Estado, sirven para el intercambio de bienes y servicios, incluido el trabajo transfronterizo, por esa línea socialmente construida (Valhondo, 2010, p. 136).

Para el caso mexicano, nuestro país comparte frontera terrestre con tres países: Estados Unidos, Guatemala y Belice. En total, la línea limítrofe tiene una extensión de 4 301 kilómetros (km), geográficamente, en el mapa se ubica en la parte de alta y baja de la República Mexicana. La frontera más extensa se localiza en el Norte y separa a nuestro país de la Unión Americana a través de una línea divisoria de 3 152 km, desde la ciudad de Tijuana, Baja California, hasta la desembocadura del río Bravo en el Golfo de México, en el Foro de Bagdad, Tamaulipas. Mientras que la raya divisoria en el Sur se extiende por 1 149 km y marca los límites territoriales con los chapines y beliceños. Con la República de Guatemala nos separan 956 km y con Belice 193 km (sre, 2009).

Las fronteras cumplen la función de separar a las comunidades adyacentes a la línea divisoria, por lo que se conforman áreas transfronterizas que integran a las localidades que se localizan en ambos lados de la frontera, bajo la jurisdicción de diferentes países (Dilla, 2020, p. 38). Y es que cada frontera necesariamente tiene dos partes, una por cada país, y en cada una se llevan a cabo un sinnúmero de actividades económicas que, por lo general, involucran parcialmente a las comunidades a ambos lados de la fron­tera. Ello se ejemplifica bien con las actividades transfronterizas al norte de México.

En ese sentido, los seis estados mexicanos ubicados en la frontera con la Unión Americana son: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, que en conjunto agrupan a 22 millones 914 667 personas; el más poblado es Nuevo León con cinco millones 748 442 residentes. Esa región fronteriza incluye a tres de los municipios más habitados del país que son Tijuana, en Baja California con un millón 922 523; Juárez, en Chihuahua con un millón 512 450, y Monterrey, Nuevo León, con un millón 142 994 individuos (inegi, 2021).

La línea divisoria al norte de México es sumamente dinámica, económica, socialmente hablando. El intercambio entre las regiones transfronterizas en 2017 implicó el cruce de más de un millón de personas, además de 300 000 vehículos, incluyendo más de 70 000 camiones de carga, que se trasladaron todos los días hacia ambas direcciones (Hernández, 2020, p. 62). A estas cifras hay que incluir aquellos que cruzaron de manera indocumentada hacia Estados Unidos en cualquiera de sus múltiples accesos a lo largo de más de 300 000 kilómetros.

La región transfronteriza del norte de México, debido al enorme intercambio económico y comercial con el sur de Estados Unidos, entre otros factores, es muy dinámica y por ello aportó, en conjunto, 24% del Producto Interno Bruto (pib) nacional en 2020, pues en ella se encuentra Nuevo León, que contribuye con la tercera mayor cantidad del valor de la producción en todo el país con 7.7%, sólo detrás de la Ciudad de México (17.5%) y el Estado de México (9.15%) (inegi, 2022).

Si bien la frontera norte es más conocida por los mexicanos, debido a la vecindad geográfica con quien fuera la nación más poderosa y acaudalada del planeta, existe otra región que tiene enorme importancia geoestratégica para México, pues a través de ella todos los días se llevan a cabo una infinidad de intercambios comerciales y culturales con las naciones centroamericanas (Laako, 2015, p. 8).

Sobre todo, los lazos históricos han favorecido la integración transfronteriza gracias a la similitud existente entre las comunidades del sur de Chiapas y el norte de Guatemala que han favorecido la conformación de una zona muy dinámica, en la cual los trabajadores y las mercancías se mueven constantemente en ambas direcciones, por lo que esta área geográfica puede ser catalogada como un espacio multiregional (Fábregas, 2005, pp. 45-46).

La línea divisoria del sur de nuestro país separa a Guatemala de los estados mexicanos de Chiapas, Tabasco y Campeche, mientras que con Belice las entidades que sirven de límites territoriales son Quintana Roo y Campeche. Esta región transfronteriza se conforma por los 21 municipios mexicanos adyacentes a la frontera: dos de Campeche, 16 de Chiapas, dos de Tabasco y uno de Quintana Roo. Mientras que del otro lado hay cuatro departamentos guatemaltecos y dos distritos beliceños (Cámara de Diputados, 2017, p. 4).

Al sur del país, las entidades que geográficamente se localizan en los límites territoriales con Guatemala y Belice son: Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, quienes en conjunto cuentan con 10 millones 732 774 individuos. El mayormente poblado es Chiapas que registra cinco millones 543 828 personas (inegi, 2021), cantidad que representa 52% del total de los habitantes del grupo de estados sureños.

La región fronteriza al sur aporta en conjunto 8.7% del pib mexicano, pues las entidades que la conforman se caracterizan por su bajo dinamismo económico a pesar de tener enormes relaciones comerciales con el norte de Guatemala. De todas ellas, quien cuenta con la menor aportación al pib nacional es Quintana Roo; en 2020 contribuyó con 1.3%, a pesar de contar con un centro turístico de fama mundial, como lo es Cancún (inegi, 2022).

La frontera sur de México se mantuvo en el olvido colectivo hasta los años ochenta del siglo pasado, hasta que tres principales eventos provocaron que esta región se hiciera visible tanto nacional como internacionalmente; el primero fue la llegada de miles de refugiados guatemaltecos y su proceso de retorno en la siguiente década; el segundo se debió al incremento de la migración de aquellos que buscaban llegar a la Unión Americana en los años noventa; y el tercero, y tal vez el más importante por su efecto mediático, el levantamiento zapatista del primero de enero de 1994 (Laako, 2015, p. 10).

Más aun, en los primeros años del presente milenio, el flujo de centroamericanos por México aumentó aceleradamente a causa de la inseguridad y la violencia en algunos países, lo que provocó que las autoridades mexicanas consideraran a la frontera sur como un factor de importancia estratégica, pues la cantidad de personas que cada día ingresaban al país dejaba fuera de su control la seguridad en esa región.

En resumen, la escasa seguridad fronteriza de México se ha hecho evidente ante el ingreso desordenado de millones de personas sin documentos que entran, de manera fácil, por una línea divisoria escasamente vigi­lada y con múltiples y fáciles accesos que, si bien permiten el flujo incesante de personas y mercancías en ambas direcciones, deja al descubierto la falta de control por parte de las autoridades mexicanas. Con base en ello, para analizar esta frontera es necesario conocer las políticas que se han implementado en México y que han incidido en la dificultad o facilidad en la movilidad trasnacional de los sujetos, cuya intención es pasar por territorio mexicano.

Política migratoria de México

Antes de la llegada del Gobierno de López Obrador, la política migratoria se sustentaba en el llamado Programa Frontera Sur (pfs) firmado por Barack Obama, presidente de la Unión Americana, y Enrique Peña del lado mexicano. El pfs comenzó a operar en julio de 2014, a raíz del gran número de menores no acompañados que habían llegado a Estados Unidos y por lo cual ese país declaró una crisis humanitaria en su frontera sur (Castañeda, 2016, p. 1).

Oficialmente, el pfs se implementó por dos razones principales; la primera era proporcional mayor protección a los migrantes de tránsito por México y; la segunda, blindar la frontera sur de nuestro país para mejorar la seguridad y promover el desarrollo en esa región (Leutert, 2020, p. 20). Sin embargo, en el fondo, dicho programa surgió con la intención de detener y repatriar a los migrantes de paso, objetivos que se cumplieron con creces en una primera etapa debido al actuar de las autoridades mexicanas en materia migratoria.

De esa manera, al iniciar operaciones de dicho programa, las detenciones de migrantes aumentaron exponencialmente en México, de las 15 701 ocurridas en 2011, para 2014 —cuando comenzó el pfs—, se llevaron a cabo 67 339, lo cual evidencia que el objetivo principal de su implementación era la contención y deportación de quienes pretendían atravesar territorio mexicano rumbo a Estados Unidos. Aunque en los siguientes dos años se redujeron las detenciones a 39 399 en 2015 y 20 164 en 2016 (Castañeda, 2016, p. 3).

Otro de los resultados del pfs fue la implementación de la política impuesta desde Norteamérica “Quédate en México”, mediante la cual aquellos extranjeros que ingresaban de manera irregular a ese país y buscaban refugio eran (son) devueltos a territorio mexicano de manera inmediata, para esperar su proceso migratorio (Narváez y Gandini, 2021, p. 41), y las autoridades de inmigración de la Unión Americana decidan si la solicitud de asilo es aceptada.

El primero de diciembre de 2018 inició un intento de cambio en la política interna de México, sobre todo, aquella que tiene que ver con los migrantes de paso; de esa manera, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, comenzó a implementarse una estrategia migratoria sustentada en las bases de la nueva administración que consiste en que lo exterior debía ser reflejo de la política interna (sre, 2020). Acorde con esa estrategia fue la apertura de la frontera sur bajo el lema de “fronteras abiertas” y el énfasis en el respeto a los derechos humanos de quienes utilizan a nuestro país como zona de tránsito (Narváez y Gandini, 2021, p. 39).

Con base en la política de la 4T, durante los primeros meses de 2019, la Secretaría de Gobernación otorgó tarjetas de visitantes por razones humanitarias a los migrantes de paso, al mismo tiempo que habilitó albergues para los extranjeros que ingresaban por la frontera sur o para aquellos que eran devueltos hacia Tijuana por las autoridades de Estados Unidos (Narváez y Gandini, 2021, p. 44).

Sin embargo, la política mexicana de puertas abiertas chocó con las ideas de Donald Trump sobre la creciente llegada de centroamericanos a la Unión Americana y entonces comenzó a amenazar al Gobierno de López Obrador con la imposición de aranceles a las importaciones mexicanas si no contenía esos flujos migratorios. Ante tal discurso, comenzó a implementarse en México una estrategia para regular la migración de tránsito; sobre todo, mediante el despliegue de mayor vigilancia en el sur del país, con lo cual las autoridades mexicanas pretendían controlar esa zona fronteriza.

Con base en el cambio de postura debido a las amenazas, en mayo de 2019 comenzó el arribo de la Guardia Nacional al sur de nuestro país con la finalidad de contener a quienes pretendían ingresar a México, el objetivo era que no llegaran a la frontera con la Unión Americana (Narváez y Gandini, 2021, p. 23); sin embargo, esa estrategia ha provocado que gran número de extranjeros se encuentren varados en la ciudad de Tapachula, Chiapas a la espera de un cambio de postura de las autoridades mexicanas.

En un siguiente paso, la nueva estrategia del Gobierno mexicano implicó el despliegue de 7 693 militares, 6 244 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y 1 449 de la Guardia Nacional a fines de 2021, con la intención de reducir el paso de migrantes irregulares (Arista, 2021). Esa política de control férreo llevó a que solamente en ese año se detuvieron y deportaron a 114 000 extranjeros que se encontraban en situación irregular en México, además de recibir 131 448 solicitudes de refugio en esa misma fecha (lat, 2022).

Este cambio en las políticas migratorias del Gobierno de México provoca que las rutas migratorias de aquellos que van de paso se modifiquen constantemente en concordancia con la facilidad o no de desplazarse por las trayectorias tradicionales (Martínez, Cobo y Narváez, 2015: 137), pues la visibilidad de los migrantes y su posible deportación,en ocasiones, los hacen evitar ciertas áreas y por esa razón de desplazan por distintos medios y caminos. La estrategia que han adoptado es conformar caravanas para transitar por las rutas más cortas, las cuales en su mayoría han sido desarticuladas.

Las políticas migratorias del Gobierno mexicano en los últimos dos sexenios han estado influenciadas por los intereses de la Unión Americana, quienes han ejercido cierta presión para que las autoridades intervengan en la contención migratoria; empero, los flujos de personas siguen aumentando, debido a que las condiciones que provocan la salida de esas personas siguen presentes en sus países de origen. Por lo que los datos muestran que criminalizar la movilidad irregular no es la solución sino, como ya lo comentó el Gobierno de López Obrador, hay que atacar las causas estructurales de la misma (Navarro, 2019).

Migrantes en el sur de México

La posición geográfica de México y las fronteras que lo delimitan establecen que, para llegar a la Unión Americana vía terrestre, es imprescindible ingresar al país por la frontera sur. En esos límites territoriales existen 10 cruces oficiales; dos de ellos con Belice, donde se ingresa a Quintana Roo, y ocho con Guatemala, uno de ellos en los límites con Tabasco y siete con Chiapas (González, 2014, p. 1).

Con base en ello, es en el Estado sureño de Chiapas donde han ocurrido la mayor parte de ingresos a la República Mexicana (Castillo y Toussaint, 2015, p. 61) por lo fácil que es entrar a esta entidad ante una frontera débilmente vigilada y sin control por las autoridades mexicanas. Sobre todo, en los últimos años, la ciudad fronteriza de Tapachula, Chiapas, se ha convertido en el principal punto de entrada y concentración de migrantes (lat, 2022).

Por otra parte, se tiene registro que estadística e históricamente 50% de los migrantes irregulares son detenidos por autoridades mexicanas, mientras otro 30% es asegurado por agentes migratorios en Estados Unidos, y 20% logra llegar a su destino en algún lugar de la Unión Americana (Rodríguez, Berumen y Ramos, 2011, p. 2). Estos datos son importantes porque permiten estimar el total de migrantes de paso por México y la falta de control y seguridad en las fronteras.

Fue durante los años noventa que el flujo migratorio de los centroamericanos comenzó a crecer aceleradamente, pues si bien esa región había sufrido de cruentas guerras civiles en las décadas anteriores, una vez firmados los acuerdos de paz, en la última década del siglo pasado, las economías quedaron devastadas por lo que la pobreza y la falta de empleo fueron la causa de que millones de personas decidieran atravesar México con la intención de llegar a Estados Unidos. Desde esos años y hasta la actualidad, los principales países de origen son Guatemala, Honduras y El Salvador, de donde provienen nueve de cada diez migrantes de paso (Segob, 2019, p. 15).

Al llegar el nuevo milenio, la inseguridad en la región centroamericana y los desastres naturales han provocado que cada año, por la frontera sur, ocurran dos millones de cruces fronterizos hacia nuestro país (Casillas, 2011, p. 154), aunque no todas las personas que ingresan a México por esos límites pretenden llegar a la Unión Americana, algunos lo hacen por trabajo o comercio. No olvidar el enorme intercambio comercial o laboral en esa franja transfronteriza.

Sin embargo, durante varias décadas, el ingreso desordenado por el sur de México hace evidente la falta de control por parte del Gobierno mexicano, pues para los locales el ingreso de los extranjeros se fue convirtiendo en un fenómeno peligroso para la sociedad, ya que las fronteras también funcionan como elemento para reconocer el espacio nacional que separa a los fuereños, pues estos ya no forman parte del área colectiva que limita la frontera (Valhondo, 2010, p. 143). Por lo que millones de mexicanos han alzado la voz para pedir por un tránsito más ordenado y bajo la supervisión de las autoridades mexicanas.

En las dos primeras décadas del presente siglo, la violencia se ha ido incrementando en algunas naciones centroamericanas, debido a la deportación desde Estados Unidos de delincuentes que han arribado a esa región y han continuado con su carrera criminal (Carrasco, 2013, p. 175). Solamente en 2010 operaban en Centroamérica más de 70 000 pandilleros organizados en diversos grupos, sobre todo a la Mara Salvatrucha, Barrio 18 o Barrio 16 (Benítez, 2011, p. 183).

Por otra parte, los flujos migratorios que pasan por México tuvieron una reducción muy significativa durante la pandemia, la relajación de las medidas ha permitido que el número de migrantes aumente y se espera que siga en aumento al cierre del 2022. Por lo que, según las mencionadas cifras, el número de personas que podrían ser detenidas al intentar ingresar al país del norte de manera irregular superará los 2.5 millones. Además de los migrantes que México detendrá en su territorio.

Como corolario tenemos que, si bien se pronostica que el número de migrantes de paso por México mantendrá su tendencia al alza, las condiciones que provocan la salida siguen presentes; la importancia radica en observar la respuesta de las autoridades mexicanas ante el incremento de la movilidad trasnacional al sur de su territorio. Ello determinará si pueden controlar y darle seguridad a su frontera ante el arribo de millones de desplazados que tienen poco que perder.

Política migratoria y deportaciones desde México

La cifra sobre flujos migratorios que ha puesto en alerta a las autoridades norteamericanas es que, según datos de los censos, hasta fines de 2019, en esa nación había 50 millones de inmigrantes regulares e irregulares; de ellos, 3.9 millones provienen de Centroamérica, de los cuales 90% son originarios de Honduras, Guatemala o El Salvador (Babich y Batalova, 2021, p. 2).

Lo anterior significa que, de acuerdo con las estadísticas, sólo 20% de los que salen de su país llegan, ingresar a la Unión Americana, por lo que en tres décadas atravesaron México casi 20 millones de centroamericanos, un promedio de 667 000 cada año. Estas cifras dan cuenta de que durante ese periodo en promedio ingresaban al país con intenciones de llegar a la Unión Americana casi dos centroamericanos cada día. Los factores económicos siguen teniendo gran peso en la decisión de salir, a lo que se agregan desastres naturales, como el huracán Mitch, cuyo paso por la región devastó la agricultura e infraestructura y aumentó la pobreza en Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala (Carrasco, 2013, p. 175).

Si bien durante los primeros años del presente milenio, la migración de tránsito por México había mostrado un aumento sustancial, es de 2010 a 2017 cuando alcanza cifras record, pues pasó de un poco más de 128.4 mil eventos en el primer año a casi 297 000 al final del segundo año (segob, 2019, p. 14). Es decir, en apenas 17 años aumentó más de dos veces su volumen, la gran mayoría ingresa al país de manera irregular.

Esas condiciones las entiende el actual Gobierno mexicano, por lo que comenzó con una estrategia migratoria de puertas abiertas y respeto a los derechos humanos; sin embargo, las autoridades norteamericanas consideran que tal estrategia promueve la llegada de más personas a su frontera, de manera que han presionado a México para que funcione como un filtro a esa movilidad.

Al parecer, la presión ha tenido el resultado esperado, ya que a partir de mediados de 2019 ocurrió un cambio de directriz en la política migratoria por parte de los mexicanos, lo cual ha llevado a que se incrementen las detenciones y deportaciones desde nuestro país de aquellos que buscan llegar a la frontera norte.

Al parecer, las mencionadas condiciones de pobreza e inseguridad seguirán presentes en Centroamérica, por lo que es de esperarse que la salida de personas se mantenga e incluso se incremente en los próximos años. Según estimaciones de la guardia fronteriza de Estados Unidos, mencionadas en el periódico La Jornada, se espera que los intentos de ingresar a esa nación comenzarán a desbordase hasta fines de 2022 hasta alcanzar una media de 9 000 arrestos por día (La Jornada, 2022).

Como comparativo, señalan los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de la Unión Americana que durante 2021 se registraron en promedio 6 500 arrestos diarios, y el acumulado de detenidos en su frontera sur fue de más de dos millones de arrestos, pues solamente en diciembre de ese año se contabilizaron 178 840 detenciones (La Jornada, 2022a).

Con base en la nueva estrategia, las deportaciones se incrementaron en más del doble entre 2020 y 2021. En el primer año se detuvo a 76 744 migrantes de paso y en el segundo a 252 526 individuos, uno de cada tres fue detenido en Chiapas. En cuanto a su origen, 43% eran de Honduras, 28% de Guatemala, 8% de El Salvador, 7% de Haití y el resto de otras nacionalidades (Secretaría de Gobernación, 2021, p. 32-33). Por lo que, del total de migrantes de paso asegurados por las autoridades mexicanas 79% eran originarios del Triángulo Norte centroamericano, que es de donde procede la gran mayoría de quienes buscan llegar a Estados Unidos.

Más aun, de enero a noviembre de 2021, México detuvo a 252 000 personas que ingresaron al país de manera irregular por la frontera sur (Euronews, 2022). Por su parte, las autoridades norteamericanas expresan que durante 2021 ocurrieron más de dos millones de detenciones de aquellos que ingresaron a su territorio por la frontera con México, lo cual indican que hubo más de 5 500 detenciones cada día (Santibáñez, 2022).

Al inicio de 2022, las autoridades mexicanas han mantenido su política de regular la migración de paso a fin de tener seguridad en su territorio, lo cual ha provocado que en el segundo mes de ese año interceptara y deportara a más de 5 000 migrantes que viajan en caravana, la cual había salido de Tapachula, Chiapas, y pretendían llegar a la Unión Americana (Deutsche Welle, 2022).

Por lo que no se vislumbra un cambio en los flujos de tránsito, de la misma forma que no se espera que ocurra un cambio en la política migratoria del Gobierno mexicano, pues las autoridades norteamericanas seguirán presionando para que nuestro país funcione como una primera barrera para quienes se desplazan de forma irregular. La seguridad y el control fronterizo seguirán siendo la estrategia principal en nuestro país, por lo que las detenciones y deportaciones desde territorio nacional se incrementarán en los próximos meses.

Conclusiones

Fue a fines de los años ochenta y principios de los noventa del siglo pasado cuando comenzaron a observarse flujos migratorios provenientes de Guatemala, El Salvador y Nicaragua; posteriormente, se incorporaron los hondureños por la frontera sur de México, los cuales comenzaron a crecer desproporcionadamente y tenían como objetivo atravesar el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos; estas movilizaciones fueron resultado de las difíciles condiciones económicas en esas naciones luego de años de guerra.

En general, han sido varios los factores que han detonado la movilidad de los centroamericanos por México, sobre todo, en las primeras décadas de este milenio. En primer lugar, la difícil situación económica en algunos países centroamericanos, principalmente, en El Salvador, Honduras y Guatemala, cuya migración se ha dirigido hacia Estados Unidos a través del territorito mexicano.

En segundo plano, la inseguridad originada por la violencia, especialmente en Honduras y El Salvador, pero que en Guatemala también, se resiente ello ha provocado que millones de personas busquen refugio en la Unión Americana. Mientras que la tercera causa ha sido los desastres naturales, como huracanes, terremotos o erupciones volcánicas; aunque sus efectos están ligados directamente a lo económico, pues han arrasado como la infraestructura y la producción en diversas naciones.

Ante tal escenario, la movilidad internacional se ha incrementado desde la región centroamericana rumbo al país del norte, decisión que choca con las políticas migratorias de la Unión Americana. Ello ha provocado que ese Gobierno presione al de México para que detenga a los migrantes en su territorio antes de que alcancen la frontera.

La estrategia de contención de migrantes del Gobierno mexicano fue modificada con la llegada de López Obrador a la presidencia, quien implementó una política de puertas abiertas y respeto a los derechos de quienes se desplazan por nuestro territorio; sin embargo, esa voluntad chocó con los intereses norteamericanos que presionaron a nuestro gobierno para mantener e incrementar las detenciones y deportaciones de los migrantes de tránsito.

El Gobierno mexicano tuvo que ceder ante la petición de las autoridades de la Unión Americana, las cuales amenazaron con imponer aranceles a las importaciones mexicanas, por lo que México volvió a la estrategia de servir como contenedor de los migrantes ello ha incrementado el número de detenciones y deportaciones en los últimos años y ha convertido a la ciudad de Tapachula, Chiapas, en un centro de contención migratorio donde se regula el flujo de personas; sin embargo, también ha permitido que las autoridades mexicanas retomen cierto control y seguridad en la frontera sur.

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