1. La transición de la política social en México y su paso hacia la Cuarta Transformación

Adolfo Rogelio Cogco Calderón*
Emma Alexandra Zamarripa Esparza**
Guadalupe Isabel Ceballos Álvarez***

Resumen

En este capítulo se analizan los alcances y limitaciones de la política social en México. Se aborda el rumbo que ha tomado ésta a partir de la coyuntura de un cambio de gobierno, a cuyo diseño e implementación se le ha denominado la Cuarta Transformación. Para cumplir con lo anterior se hace una revisión documental de los componentes teóricos y empíricos en materia de política social, específicamente de las páginas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). En los resultados se destaca la transición de la política social del modelo neoliberal implementado por cuatro sexenios o períodos de gobierno anteriores cuya característica fueron los programas focalizados, para transitar al actual gobierno con una nueva orientación hacia una perspectiva de derechos ciudadanos y un carácter universalista en su implementación. En conclusión, los costos financieros y operativos pueden ser un factor que pudiera dificultar el logro del objetivo central de los nuevos programas de corte universal, puesto que se corre el riesgo de que dichas transferencias de recursos no se apliquen o lleguen hacia quienes más lo necesitan.

Palabras clave: política social, neoliberalismo, focalización, universalismo.

Introducción

Uno de los temas que ha sido objeto de debate, tanto en la arena académica como política, es el relacionado con el modelo económico y social a través del cual se genera la riqueza y cómo ésta se distribuye. Lo que implica no sólo comprender su dinámica, sino los alcances de sus resultados, los cuales no han generado la equidad entre los ciudadanos que la integran. Durante mucho tiempo se ha pensado que las economías de mercado por el simple hecho de ser libres son justas (Basu, 2013), pero si esto fuera cierto no habría los niveles de desigualdad y pobreza que hoy por hoy se han convertido en un problema central de muchas sociedades de mercado, sin embargo, dichos fenómenos son el resultado de un modelo cuyo mecanismo produce y reproduce inequidades.

Ante tal escenario, la política social emerge como toda acción que realiza el Estado a fin de asegurar que la población cuente con los diferentes bienes y servicios que le permitan acceder a un nivel de vida aceptable (López, 2014), esto a través de diagnosticar, diseñar e implementar acciones encaminadas hacia el incremento del bienestar ciudadano mediante operaciones bien sean focalizadas, contributivas o universales.

En ese sentido, la política social en México se distingue a través de tres ejercicios en su implementación, debido a que es contributiva por estar asociada al empleo formal de las personas, es decir, su acceso se encuentra condicionado a la aportación patronal o salarial; también es focalizada porque destina recursos directamente a los sectores que más lo necesitan y es universal cuando genera uno o varios bienes, transferencias o servicios para todos, sin importar la contribución o necesidad de su población (Figueira, 2014).

En México durante el periodo posrevolucionario resaltaron las políticas sociales contributivas, éstas estuvieron concentradas en la atención a la salud y la educación, por lo que los principales beneficiarios fueron trabajadores formales de los diferentes ámbitos de la economía, modelo que excluyó a los trabajadores del sector informal, así como personas que habitaban en el ámbito rural, con el paso del tiempo llevó dichas políticas a los ciudadanos empobrecidos, marginados y excluidos del desarrollo nacional pertenecientes tanto a la población urbana como rural.

Lo anterior, aunado a las crisis económicas recurrentes llevó, entre otros factores, a la Reforma Estructural del Estado a inicios de la década de 1980, cuando el gobierno federal rediseñó las políticas sociales orientandolas a la focalización, éstas se pusieron en marcha para atender la pobreza y la marginación, de manera paralela permanecieron algunas políticas universales, pero con la característica de estar segmentadas, tal es el caso de la salud y la educación a las que por diferentes motivos no todos los grupos tienen acceso.

Por ello, a pesar de la universalidad de estas políticas que privilegiaron a los grupos urbanizados, por sus características, no contribuyeron al menos en estos periodos a la disminución de la pobreza, ya que para el año 2020 de acuerdo con el Coneval (2021) 55.7 millones de personas en México se encontraban en situación de pobreza. Lo anterior significa que 43.9% de su población vive en tal condición, debido a que no pueden cubrir sus principales necesidades, entre éstas destaca la falta de alimentación, salud, empleo, vivienda, seguridad social, así como del ingreso suficiente para solventar sus necesidades.

En tal contexto, la pregunta que guiará el presente trabajo es la siguiente: ¿el modelo de política social implementado por el actual gobierno federal permitirá reducir los niveles de pobreza en México?, por consiguiente, se torna relevante analizar la forma en que el Estado ha participado en la erradicación de la pobreza y la desigualdad mediante la implementación de políticas sociales, por lo tanto, el objetivo de este trabajo es discutir las nuevas directrices de la política social en México conocida como la Cuarta Transformación. Para ello el presente trabajo se divide en tres apartados, en el primero se analizan los antecedentes de la política social en México, en el segundo se hace un análisis sobre la política neoliberal, en el tercero se lleva a cabo una reflexión sobre la política social del actual gobierno federal, por último, se presentan las conclusiones.

Antecedentes de la política social

La política social es un cúmulo de acciones con las cuales el Estado trata de incidir en la mejora de las condiciones de vida de aquellos grupos poblacionales que viven en condiciones de vulnerabilidad (Sottoli, 2002), dado que existe una influencia del contexto histórico y económico que sustenta el horizonte del país y sus efectos en las mejoras materiales de los ciudadanos (Fernández y Caravaca, 2011).

En ese orden de ideas, en el México del siglo xx predominaron de los modelos de desarrollo que tuvieron un diseño con fuerte influencia de corte Keynesiano, orientados a fortalecer el mercado interno, con una fuerte intervención del sector gubernamental en materia económica, acompañado de una latente protección del mercado nacional, es decir, un modelo fuertemente proteccionista. En materia de política social se concentraron en tratar de alcanzar la justicia social a través de los sectores educativos y de salud.

La doctrina keynesiana estuvo vigente por más de 40 años y generó cambios en la estructura económica, política y social del país, así, el proceso de industrialización temprana creó un impacto en materia económica, ya que se empezó a ubicar a México como una economía de industrialización acelerada, lo anterior contribuyó a la consolidación de una nueva clase empresarial fuertemente vinculada al sector político.

Como resultado del proceso descrito, el impacto social llevó a la población rural a migrar a las grandes ciudades con la intención de emplearse en el incipiente sector industrial, sin embargo, al paso de los años, este modelo no logró responder a las demandas de la población, por lo que empieza el aumento de los ciudadanos empobrecidos, marginados y excluidos del desarrollo nacional.

En resumen, en el modelo de crecimiento económico denominado por sustitución de importaciones, desde mediados de la década de 1930 y hasta entrada la década de 1980 se construyó un entramado institucional a fin de garantizar por parte del Estado una serie de consignas sociales establecidas en la Constitución Política de México, lo anterior justificaba la fuerte intervención del Estado en la economía (Arcudia, 2020).

Incluso con lo anterior, con la estrategia de fomento al crecimiento económico hacia adentro y la posterior puesta en marcha del modelo neoliberal no ha podido garantizarse el bienestar de la población (Ángel y Castillo, 2016), por ello se abordarán en el siguiente apartado las principales características del modelo neoliberal en materia de política social.

La política social en el modelo neoliberal

En el neoliberalismo se parte de la idea de que el Estado debe actuar como un ente político y su participación social debe centrarse en el establecimiento y cumplimiento de las leyes que garanticen la propiedad privada, así como un sistema de impartición de justicia, ya que la distribución de la riqueza quedará en la dinámica del mercado.

Por tanto, el modelo en sí, limita la intervención estatal en varias esferas, entre las que destacan la económica y la social, al promover que los desequilibrios generados por el mercado como la pobreza, la marginación y la desigualdad, por mencionar algunos, deberán ser atendidos por entes particulares como las familias o el mercado.

Por lo anterior, las características del modelo están orientadas a limitar la intervención estatal, por lo que se tiende a la desregulación económica, el adelgazamiento del Estado, la privatización de empresas paraestatales, la apertura comercial hacia el exterior, entre otras. En ese sentido, el discurso de las políticas neoliberales responsabiliza al bienestar social, a la familia, a la comunidad y a los servicios privados (Esping-Andersen, 1993) y orienta al Estado, quien solamente participa en subsanar la pobreza y generar bienes o servicios que los particulares no pueden o no quieren producir, por tanto, el neoliberalismo se opone al principio de derecho social y a la obligación del Estado para garantizarlo.

En otro orden de ideas, se cuestiona al Estado la política social universal y los servicios sociales igualitarios y gratuitos (Laurell, 1992), incluso así, las principales acciones en materia de política social estuvieron enmarcadas en su implementación a través de la focalización como un mecanismo para hacer más eficiente el gasto público asignando los beneficios derivados de los programas solamente a la población objetivo.

En ese orden de ideas, las políticas sociales del periodo neoliberal implementadas en México estuvieron encaminadas a reducir el gasto social, eliminando programas y reduciendo los beneficios a través de la focalización de beneficiarios (Díaz Cayeros, 2000), principalmente en los programas de atención a la pobreza y los grupos marginados, asimismo, las acciones se orientaron a diversos sectores con un claro rediseño hacia la atención de aquellos grupos sociales previamente identificados.

Uno de los principales programas en materia de política social diseñado e implementado en esta etapa fue el Progresa-Oportunidades-Prospera (1997-2019), Éste contó con mecanismos integradores entre los sectores de la salud, la educación y la alimentación en aquellas localidades identificadas como de alta y muy alta marginación.

El anterior programa tuvo en sus componentes el aplicar una transferencia condicionada, donde los beneficiarios se comprometían a una serie de actividades señaladas en las reglas de operación a fin de seguir siendo beneficiarios de las acciones sustantivas del mismo.

En esencia, el Progresa —posteriormente Programa Oportunidades—tuvo como propósito formar capital humano en las nuevas generaciones de niños y jóvenes, ya que la transferencia condicionaba a las familias beneficiarias a que éstos no abandonaran su educación, puesto que ésta era considerada como un instrumento propicio para la movilidad social, que sacaría a la siguiente generación de la pobreza a través de que en el mediano y largo plazo los beneficiarios del Progresa-Oportunidades tuvieran mejores oportunidades de empleo debido al capital humano formado en las aulas (Hernández, De la Garza, Zamudio y Yaschine, 2019).

De acuerdo con información que presenta el Coneval (2020) en el inventario histórico de programas del gobierno federal, el programa Oportunidades-Prospera obtuvo un presupuesto de 14 000 millones de pesos en el año 2007, y 10 años después, en el 2017 el presupuesto fue de 81 000 millones de pesos, para atender a una población superior a los seis millones de familias. Por tanto, las transferencias condicionadas como los programas focalizados fueron una característica importante de la política social para atender a la pobreza en el país.

Otro de los programas más importantes diseñados e implementados durante las administraciones neoliberales fue el orientado a la atención a los adultos mayores, inicialmente de las zonas rurales y más adelante se incluyeron las zonas urbanas. En el año 2004, de acuerdo con datos del Coneval (2020), el Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales contaba con un presupuesto de 500 millones de pesos, al paso del tiempo, el Programa ha tenido varios cambios de nombre y de presupuesto, por ejemplo, en el año 2008 el programa ya se denominaba Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más en Zonas Rurales, y contaba con un presupuesto de 9 900 millones de pesos, para el año siguiente, 2009, el programa sólo se denominó Programa 70 y Más y su presupuesto ascendió a los 13 200 millones de pesos. En este mismo sentido el Programa vuelve a cambiar su nombre al de Pensión para Adultos Mayores, llegando a tener un presupuesto para el año 2015 de 42 500 millones de pesos.

Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), hubo un promedio de 20 programas que atendían la política social, pero fueron tres los más importantes que en su momento absorbieron más de la mitad del presupuesto federal para la política social. En primer lugar estuvo el programa Oportunidades, cuyo objetivo fue formar capital humano en los niños y jóvenes de zonas en pobreza y marginación a través de una transferencia condicionada.

El segundo programa en orden de importancia fue el Programa 70 y Más, orientado a una transferencia no contributiva a los adultos mayores de 70 años de edad como mínimo y que no tuvieran pensión alguna, y que fueran habitantes de zonas en condiciones de pobreza y marginación con un presupuesto de 18 000 millones de pesos al final de su sexenio.

El tercer programa más importante fue el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, que estuvo orientado a una serie de acciones a fin de contribuir a la mejora de las condiciones materiales de la vivienda, es decir, infraestructura domiciliaria, aunque también contó con otros componentes como Centros Comunitarios de Aprendizaje, entre otros, el presupuesto promedio durante el sexenio del presidente Felipe Calderón estuvo entre los 6 y 8 000 millones de pesos (Coneval, 2020).

El sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), continuó la misma tendencia a mantener una política social apuntalada en los tres programas más importantes del sexenio anterior, es decir, el programa Oportunidades; en este sexenio dicho programa sólo cambió de denominación a Prospera y siguió siendo el más importante por su cobertura de atención, debido a que garantizaba una transferencia condicionada a más de 6 millones de familias, sin embargo, cabe señalar que de acuerdo con datos del Coneval (2020), el mayor presupuesto asignado a este programa durante este sexenio fue en el año 2017 con cerca de 82 000 millones de pesos, y ya para el siguiente año el presupuesto cayó a tan sólo 18 500 millones de pesos, es decir, pareciera que se dio una tendencia a desarticular uno de los programas insignia de los gobiernos anteriores al de la Cuarta Transformación (4T) (2018-2024), con características particulares como su naturaleza focalizada, y una transferencia que condicionaba a los beneficiarios con algunas acciones, además de tener una articulación sectorial entre los de salud y educación, estaba llegando a su fin.

Por otro lado, el programa de Pensión a Adultos Mayores, considerado el segundo más importante, pasó de 39 000 millones de pesos en el año 2017 a 18 000 millones de pesos al siguiente año; mientras que al programa que se había mantenido como el tercero más importante —el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias— no se le asignó presupuesto a partir del año 2016; en este sentido, desde ese año el programa con más presupuesto asignado fue el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, sin embargo, el presupuesto de éste pasó de 3 800 millones de pesos en el año 2017 a tan sólo 281 millones de pesos, es decir, ante la llegada del nuevo gobierno a partir del 1º de diciembre de 2018 muchos de los programas sociales fueron desarticulados, cerrados y otros presentaron una reducción significativa de su presupuesto (Coneval, 2020).

Por ello es necesario ver que los resultados en materia social producto de la implementación del modelo anterior, no son significativos, de tal forma que se cuestionan sus posibles saldos favorables, por ejemplo, de acuerdo con datos del Coneval (2019), al año 2018 42% de la población en el país vivía en condiciones de pobreza, de los cuales 35% en situación de pobreza moderada y 7% en pobreza extrema, además 29% era vulnerable por carencias sociales, 7% era población vulnerable por ingresos y sólo 22% de la población era calificada como no pobre y no vulnerable.

En virtud de ello es de cuestionarse la efectividad de los programas sociales diseñados e implementados durante estos años del modelo neoliberal (1982-2018), si se considera que aquí se ha hecho alusión sólo a los tres programas sociales más importantes diseñados e implementados durante dicho periodo, cuando en promedio se estuvieron aplicando 20 programas sociales por parte del gobierno federal a distintos sectores sociales.

Así, en nuestro país se hace evidente que el problema es de tipo estructural en la economía misma que ha generado pobreza y desigualdad en el ingreso, ya que ha sido un fenómeno más que evidente, si bien es cierto, el índice de Gini¹ que mide la desigualdad, el valor de éste en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares (enigh, 2020) para la distribución del ingreso con transferencias por deciles de hogares fue de 0.41510, en contraste con 0.426 para la enigh 2018 (inegi, 2021). Aunque se aprecia que en dicho periodo hubo una reducción en los niveles de desigualdad, ésta es aún un problema que lacera significativamente la calidad de vida de aquellos deciles más bajos del ingreso.

Por otra parte, los niveles de pobreza existentes son otro de los fenómenos que sintetizan las contradicciones de un modelo cuya estructura genera inequidades, de acuerdo con el Coneval (2019) en el año 2008, 44.4% de la población mexicana se encontraba en situación de pobreza, en tanto que para el año 2018 este porcentaje fue de 41.9%, lo cual indica que aún cuando se ha implementado una serie de programas por parte del gobierno federal y diversas acciones en las entidades estatales la reducción de la pobreza ha sido marginal.

Lo lamentable de los resultados si se hiciera un recuento es que, de acuerdo con la población en situación de pobreza en el referido periodo ha pasado de 49.5 millones de personas en el 2008 a 52.4 millones para el año 2018 (Coneval, 2019), lo cual muestra un reto importante por resolver para el gobierno de la Cuarta Transformación, lo que se agudiza aún más si se consideran las consecuencias que los confinamientos han ocasionado, derivados de las crisis de salud pública de los últimos años que han hecho visibles las condiciones de un sistema de salud desarticulado, abandonado y con serios problemas operativos para garantizar la atención de aquel segmento de la población que no tiene cobertura para recibir los servicios salud.

Es de esta manera que, en este contexto de cambio coyuntural asociado a los efectos de la pandemia mundial que ha afectado a la mayoría de los países, hay una redefinición y orientación en materia de política social en México, denominada la Cuarta Transformación (4T) y que es propia del actual gobierno federal de México (2018-2024), la que ha rediseñado en lo que va del sexenio una serie de programas encaminados al cumplimiento de derechos. Por lo que habrá que analizar los alcances de la misma. En el siguiente apartado se abordarán los principales cambios en los programas que se implementan a partir del inicio de la actual administración federal.

La política social del gobierno federal (Cuarta Transformación)

El actual gobierno que asumió la presidencia en México a partir de 2018 ha implementado una serie de acciones que se orientan hacia la ampliación de pensiones no contributivas a todos los adultos mayores de manera universal, independientemente de si ya cuentan con alguna otra pensión, por otro lado, hay pensiones para discapacitados en extrema pobreza; transferencias monetarias para jóvenes en formación laboral; así como transferencias monetarias para campesinos pobres para apoyar proyectos agroforestales, entre otros (Huesca, Martínez y Velázquez, 2020).

Además de lo anterior, a partir del actual gobierno federal se percibe un cambio importante en la orientación de la aplicación de la política social, ahora a través de la Secretaría de Bienestar (Sebien), en el que se cuestiona la efectividad de los programas focalizados y su asignación hacia los grupos más vulnerables, y se puede afirmar que de manera parcial en la práctica se siguen implementando dichos programas con ciertas modificaciones en las reglas de operación.

Se observa una reingeniería en programas considerados como los más importantes en administraciones pasadas, que han dejado de serlo, bien sea porque desaparecieron o cambiaron drásticamente sus reglas de operación, por ejemplo el Programa Progresa-Oportunidades-Prospera (se ha cerrado y sus acciones se canalizan a través de otros programas); el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (desaparecido desde antes de la actual administración, que al igual que otros programas dejó de operar); el Programa de Estancias Infantiles a Madres Trabajadoras (ha registrado modificaciones sustanciales en sus reglas de operación), entre otros, además los componentes de algunos programas se implementan a través de otros programas.

De acuerdo con el Inventario de Programas y Acciones Sociales Federales publicado por el Coneval (2020), durante el año 2018 existían un total de 17 programas federales, sin considerar acciones que desde luego hacen una oferta mayor, y para el año 2021 sólo 10 programas federales fueron implementados, en el año 2021, se aprecia que el programa más importante del actual gobierno federal es el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, implementado por la Sebien, mismo que absorbe 73% del presupuesto asignado a la Secretaría de Bienestar para programas sociales que asciende a 135 000 millones de pesos (Cámara de Diputados, 2021).

Desde luego que el referido programa tiene que ver con la intención de presentar acciones institucionales desde la perspectiva de derechos ciudadanos para proporcionar de manera universal una pensión no contributiva a los adultos mayores, puede ser una excelente política, sin embargo, con la universalización del programa se estaría destinando una pensión no contributiva a personas que tal vez no la necesitan, bien sea porque ya cuentan con alguna pensión o porque sus ingresos económicos pueden ser suficientes para que vivan decorosamente. Es en este sentido que el Programa de Pensiones es cuestionado en cuanto a su efectividad para abatir o atender a los grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad.

Otro programa que se considera de los más importantes es el Programa Sembrando Vida, mismo que absorbe 16% del presupuesto asignado a la Sebien, el cual asciende a 29 000 millones de pesos para el ejercicio 2021, su principal propósito es atender la pobreza rural y la degradación ambiental (Gobierno de México, 2021). Así, en relación con la información que se publica en la página electrónica de la Sebien, el programa se aplica en localidades rurales cuyos municipios se encuentran con niveles de rezago social, y el beneficiario debe contar con tierras para ser trabajadas en un proyecto agroforestal, a cambio el beneficiario debe trabajar en dicho proyecto (Gobierno de México, 2020). Así, los sujetos de derecho reciben una transferencia, es decir, los principales propósitos son: la inclusión social, el cuidado del medio ambiente, el fomento a la cultura del ahorro y, por último, la reconstrucción del tejido social; actualmente el programa cuenta con 420 256 beneficiarios con empleo permanente y es aplicado en 20 entidades federativas.

El tercer programa con mayor presupuesto para el año 2021, de acuerdo con datos del Coneval, es el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, con un presupuesto de 17 000 millones de pesos, representa 9% de los recursos aplicados por la Sebien (Cámara de Diputados, 2021). El programa atiende población de 0 a 29 años y población indígena de 0 a 64 años que padezcan discapacidad permanente; con tal acción el gobierno federal trata de generar procesos de inclusión social a través de una transferencia monetaria, misma que se otorga bimestralmente, asimismo, trata de incidir en la no discriminación y el racismo. De ahí en adelante hay otros programas con un presupuesto marginal que en la mayoría de los casos no llegan a tener 1% del presupuesto para su operación.

Existen otros programas que tienen que ver con algunos de los componentes que se aplicaban con anterioridad, como el Prospera en su parstpse educativa, ya que ahora las acciones hacia los sujetos de derecho se dan mediante el Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, el cual, es una transferencia económica universal para todo estudiante de este nivel educativo, el propósito es formar capital humano que permita el desarrollo de habilidades y capacidades de los beneficiarios para un mejor proceso de inclusión al mercado de trabajo. El programa es operado por la Secretaría de Educación Pública (sep) y cuenta con un presupuesto para el año 2021 de 33 000 millones de pesos.

Otro programa que ha sido de lo más publicitado es el de Jóvenes Construyendo el Futuro, operado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (stps), cuenta con un presupuesto de 20 000 millones de pesos para el ejercicio presupuestal 2021 (Coneval, 2021); como es evidente, la nueva política social de la denominada Cuarta Transformación presenta un nuevo diseño en materia de programas y sus respectivos componentes, entre los que destacan, la universalización de las acciones bajo el cobijo de la perspectiva de derechos, asimismo, la consideración en primer plano a las acciones orientadas a los adultos mayores (pensiones) y jóvenes (becas para estudiantes y laborales para la inclusión al mercado de trabajo), se continúa con los componentes de perspectiva de género y la transversalidad de algunas acciones, por lo anterior, resulta novedoso el diseño e implementación de dichos programas, pero a la vez emergen algunas preocupaciones en materia presupuestal, así como en la erradicación de algunos males crónicos para la sociedad mexicana como es la pobreza y la marginación debido a que los programas universales pudieran estar beneficiando a un segmento importante de la población cuyas condiciones son necesariamente las de vivir en pobreza o marginación.

Conclusiones

De acuerdo con lo expuesto a lo largo del documento se puede afirmar que la política social es fundamental para el desarrollo de la población que por distintas cuestiones se encuentra en condiciones de pobreza, no obstante, en México la política social ha pasado por diversos momentos en los cuales en incontables ocasiones los interés políticos y económicos sobrepasaron a los sociales; lo anterior llevó a la consolidación estructural de un modelo que a largo plazo generó pobreza y desigualdad, situación que pese a las prácticas de los gobiernos federales para reducirla ha permanecido en constante incremento; lo que lleva a cuestionar el diseño, implementación y la realidad de la política social cuya participación del Estado en atender tal problemática se cuestiona, derivado de que, en los últimos cuatro sexenios las políticas sociales tuvieron un diseño focalizado y sus programas insignia estuvieron dirigidos a atender la pobreza, la desigualdad y la marginación.

Así, el primer Programa Progresa y sus subsecuentes Oportunidades y Prospera tuvieron como objetivo disminuir la pobreza, brindando atención en materia de salud, educación y alimentación. Beneficios que se recibían mediante transferencias condicionadas, dichos programas fueron los de mayor presupuesto durante los sexenios en los que se aplicaron; sin embargo, no existe un cambio evidente en la disminución de los índices de pobreza.

Lo mismo sucede con otros programas de atención a grupos vulnerables (adultos mayores, madres trabajadoras, habitantes de zonas prioritarias) quienes continúan en condiciones de pobreza mientras que el problema aumenta, debido a que cada día hay más adultos mayores, mujeres y habitantes de las zonas prioritarias sin seguridad social, empleo o servicios de atención social.

Pareciera que con el gobierno actual el contexto anterior podría revertirse o al menos trataría de cambiar la fisonomía en cuanto a la estrategia gubernamental, ya que como se observó la nueva política social implementada por el actual gobierno federal tiene otras prioridades y connotaciones, mismas que se centran en acciones de tipo universal, con transferencias que son condicionadas en algunos casos para la permanencia en el sistema educativo o bien para la inclusión al mercado de trabajo, a fin de recibir los recursos y fomentar el empleo; sin embargo, pone en riesgo que los beneficiarios o bien los sujetos de derecho no sean quienes más lo necesiten, situación que genera permanentes cuestionamientos a la efectividad de la estrategia gubernamental.

Derivado de lo anterior, la nueva política social universal implementada por el actual gobierno federal, cuya interrogante ha guiado el presente trabajo, abre una serie de interrogantes, en primera instancia, sobre la identificación de los sujetos de derechos, ya que los programas de corte universal como derecho ciudadano cumplen con la intención de garantizar un paso más hacia la tan anhelada justicia social, a través de hacer valer los derechos ciudadanos, sin embargo, los costos financieros y operativos pueden ser un factor que pudiera dificultar alcanzar el objetivo central de los nuevos programas de corte universal, puesto que se corre el riesgo de que dichas transferencias de recursos no se apliquen o lleguen hacia quienes más lo necesitan.

Por otra parte, existe una reingeniería en cuanto al sentido de la política social, el cierre de algunos programas insignia del pasado como el Progresa-Oportunidades-Prospera, así como el de Estancias Infantiles o bien el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, que dejaron de operar, al igual que algunos otros, cuya experiencia operativa se ha perdido, cuando bien pudieran aplicarse mejoras para su funcionamiento y con ello poder tener aspectos susceptibles de generar mayor impacto, aun así la expectativa que se abre en cuanto al modelo de política social de la Cuarta Transformación no deja de ser una estrategia novedosa por el nivel de cobertura, así como por el redireccionamiento del gasto público principalmente hacia adultos mayores y jóvenes estudiantes, ojalá y dicha estrategia contribuya a reducir los niveles de pobreza en los que actualmente se encuentra el país.

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