2. Un balance de las políticas de empleo decente de la Cuarta Transformación

David Foust Rodríguez*
Luis Ignacio Román Morales**

Resumen

En este capítulo se ofrece un balance de las políticas de promoción del empleo decente del actual Gobierno de la República mexicana y su coalición en el Congreso de la Unión. Se discute la noción de empleo decente, se hace una medición de la calidad del empleo, se identifican factores determinantes del deterioro laboral en México y se hace una valoración de las políticas públicas a la luz del análisis precedente. La recuperación progresiva de los salarios mínimos, la ratificación de los Convenios 98 y 189 de la Organización Internacional del Trabajo (oit) y las profundas reformas a la ley federal del trabajo constituyen un giro a las políticas relacionadas con el empleo emprendidas durante 40 años. No obstante, la mitad de las y los trabajadores siguen teniendo un empleo de mala calidad y tres cuartas partes tienen carencias en ingresos laborales. Por ello, se formulan recomendaciones para consolidar los logros y buscar un mayor impacto.

Palabras clave: Trabajo decente, política laboral, derechos laborales, Cuarta Transformación.

La Cuarta Transformación a tres años de elevar expectativas

El gobierno federal actual inició con un bono de respaldo de más de 80% de la población, según las encuestas (Moreno, 2020). Una mayoría tan amplia indicaba, al menos, un mandato hacia la mayor transformación posible (véase Foust y Jaramillo, 2020). La expectativa de transformación nacional ha cubierto múltiples dimensiones: la relación entre el Estado y el mercado (particularmente frente a las grandes empresas y cúpulas empresariales), el apoyo público al consumo popular, la disminución de la desigualdad y la inequidad, la honestidad, transparencia y rendición de cuentas gubernamental, la reducción de la violencia y la mejora en las condiciones laborales. En este capítulo haremos un balance preliminar de las acciones del actual gobierno en materia de promoción del trabajo decente.

En la primera sección presentaremos un panorama sintético del estado de la calidad del empleo a inicios del sexenio, así como de los factores e inercias que han determinado dicha situación; en la segunda, haremos un breve análisis de las acciones emprendidas por la administración actual, que valoraremos a la luz de los resultados preliminares y de lo que se esperaría que hiciera para cumplir el mandato de la ciudadanía; terminaremos con la formulación de recomendaciones de política para elevar la calidad del empleo en México.

Estancamiento con precarización,¹ el escenario laboral mexicano

¿Qué es y cómo medir el trabajo decente?

El trabajo digno o decente implica la valoración del trabajador más allá de la medición de su eficiencia, productividad, rentabilidad o competitividad. En la lógica de la Organización Internacional del Trabajo, la noción de trabajo decente² se traduce en el logro de cuatro objetivos estratégicos: empleo que permita la realización personal y la contribución al bienestar general; protección social (que incluye seguridad social y protección laboral³); diálogo social tripartita (gobierno, empleadores (as) y trabajadores (as)); y respeto a los derechos laborales básicos⁴, que implican equidad de género y no-discriminación (oit, 2008). En términos conceptuales, ideales y normativos, se trata de dimensiones que se refuerzan mutuamente. Estos cuatro objetivos estratégicos se traducen en diez elementos fundamentales (oit, 2008 a; Román, 2013: 51):

• La generación de oportunidades de empleo
• Ingresos adecuados y empleo productivo.
• Tiempo de trabajo decente.
• Combinación de trabajo, familia y vida personal.
• Especificación del trabajo que debe ser abolido.
• Estabilidad y seguridad en el trabajo.
• Igualdad de oportunidades y trato en el empleo.
• Medio ambiente laboral sano y seguro.
• Seguridad social.
• Diálogo social entre las representaciones de empleadores y trabajadores.

Las lógicas de solidaridad y subsidiariedad implican la defensa de los derechos colectivos: la formación de sindicatos y la negociación colectiva. Estos derechos son básicos porque habilitan a otros. Por lo que el debilitamiento de los sindicatos representa un enorme riesgo para los trabajadores. La tasa de densidad sindical ha venido cayendo en la mayoría de los países, incluyendo los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde, 2020). En el caso de México, la tasa de densidad sindical oscila entre el 10 y el 15 por ciento, dependiendo del sector (puede subir hasta 30 por ciento o más⁵ y de cómo se mida (véase, por ejemplo, Bensusán y Middlebrook, 2013, p. 52-58).

El acceso efectivo de las y los trabajadores al derecho a formar sindicatos (o adherirse a los de su elección) y negociar de forma colectiva con sus respectivos patrones, que de suyo es la mayor importancia, es perentorio en México (en Estados Unidos de América y en la mayoría de los países de América Latina), pero no está así de amenazado en los países del norte de Europa, por ejemplo.

La medición del trabajo decente ha generado debate en el ámbito académico y en el de las políticas públicas (véase Sehnbruch, González, Apablaza, Méndez y Arriagada, 2020), pero no se ha llegado a un consenso sobre un único conjunto de indicadores o un índice que sirva para valorar el trabajo decente. Esto se debe, en parte, a la inexistencia de mediciones “homogéneas, [periódicas, públicas, accesibles y] comparables de los mismos indicadores en todos los países” (Ortega, 2013, p. 80, traducción propia; Sehnbruch, et al., 2020). El reto de la medición y comparabilidad del trabajo decente también está asociado al carácter comprensivo y ambicioso del concepto. Por ejemplo: ¿cómo medir, comparar y valorar el grado de dominio sobre la propia trayectoria o carrera laboral? (si es que ésta todavía existe, añadiría Sennet, 2000).

Apoyada en la metodología de Alkire-Foster, Ortega (2013) propuso un índice multidimensional del trabajo decente para su uso en México. Se puede generar con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), permite mediciones a nivel individual y agregado, y estudios tipo panel. Arroja una tipología que se asemeja a la medición multidimensional de la pobreza: trabajo decente (análogo a no-pobre y no-vulnerable), trabajo no-decente (análogo a pobre), vulnerable por mínimos estándares laborales (análogo a pobre por carencias) y vulnerable por ingresos laborales (análogo a vulnerable por ingresos). Ortega (2013) aplicó el índice tomando como periodo de estudio los años 2005 (primer trimestre) a 2011 (primer trimestre). Encontró que, “en este periodo, sólo cinco por ciento de las y los trabajadores mexicanos tienen un trabajo decente; alrededor de 25 por ciento tienen un trabajo no-decente; y alrededor 68 por ciento son vulnerables por mínimos de estándares laborales”. El resto son vulnerables por ingresos laborales (Ortega, 2013, p. 93-94, traducción propia).

Retomando éste y otros estudios similares, y con la intención de contribuir a la generación de consenso en torno a un índice parsimonioso, sintético, intuitivo y útil para la medición de la calidad del empleo, Sehnbruch, et al. (2020) publicaron una propuesta de índice también elaborado con base en el método Alkire-Foster. Tiene tres dimensiones: ingreso laboral, seguridad laboral (compuesta, a su vez, de dos indicadores: estatus ocupacional y permanencia en el empleo⁶) y condiciones de empleo (comprende seguridad social y (exceso de) horas laboradas). Como podemos notar, ni la propuesta de Ortega ni la de estos autores incluye el indicador de pertenencia a un sindicato como indicador de vigencia o ejercicio de derechos laborales. Sehnbruch, et al. “argumentan que la relación entre sindicatos y buenos empleos puede ser mejor examinada analizando la relación entre sindicalización y el índice de calidad de empleo” (2020, p. 4, traducción propia); lo que otros autores llaman la prima sindical (Bensusán y Middlebrook, 2013).

La dimensión ingresos es obvia y, en México, contribuye con casi 50 por ciento a las deficiencias en materia de trabajo decente (Sehnbruch, et al., 2020, p. 13). Este índice considera un nivel de seis canastas básicas alimentarias por considerar que no se trata sólo de estar por encima del nivel de sobrevivencia; no es un minimum wage, sino un living wage (Sehnbruch, et al., 2020, p. 6).

El estatus ocupacional es un indicador [indirecto] de los derechos legales asociados a un trabajo, mientras que la permanencia en el empleo indica estabilidad. En conjunto, estas variables sirven como proxy del riesgo de desempleo (Arriagada, Apablaza, González, Sehnbruch, y Mendez, 2018). La inestabilidad laboral es una preocupación importante para los trabajadores pobres, pues una de las principales causas y expresiones de pobreza (Bocquier, Nordman y Vescovo, 2010). (Sehnbruch, et al., 2020, p. 7, traducción propia)

En este índice se desdibujan las referencias a los derechos colectivos, la no discriminación, la capacitación, la participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa (como en los comités de gestión) y en las decisiones públicas (como en los Consejos Económicos y Sociales), así como la consideración de los tiempos de traslado hacia y desde el centro de trabajo. Tampoco se pueden incorporar en un índice de este tipo las perspectivas macroeconómicas y macrosociales, como la existencia de una política de empleo que genere oportunidades más allá de las meras consideraciones de mercado de trabajo o la aplicación efectiva de las prohibiciones al trabajo que debe ser abolido, como en el caso del trabajo infantil o de los trabajos riesgosos para mujeres embarazadas.

No obstante, la metodología de Sehnbruch et al. (2020), representa un significativo avance en la búsqueda de cuantificación efectiva de diversos elementos críticos del trabajo digno o decente, en sociedades específicas como la mexicana y diversas naciones comparables con ella.

Calidad del empleo en México

Sehnbruch, et al. (2020) midieron la calidad del empleo para el año 2015 de nueve países de América Latina, que representan más del 90 por ciento de la población del subcontinente⁷. Apenas después de Paraguay, el empleo en México obtuvo la penúltima calificación. Hemos repetido tal ejercicio para el caso mexicano para los segundos trimestres⁸ del 2013 y del 2019 (primer año de gobierno de Peña Nieto y de López Obrador, respectivamente). La mitad de las y los trabajadores tienen un empleo de mala calidad o no-decente⁹. En el periodo analizado, se detecta una brecha salarial promedio de 12 por ciento entre mujeres y hombres.

La calidad del empleo en México parece estancada; excepto el ingreso laboral, que se deterioró entre 2013 (71%) y 2019 (77.7%). La privación en materia de ingresos laborales muestra una tendencia ascendente que es consistente con el achicamiento de la masa salarial (entre 2010 representaba el 28 por ciento del pib; en 2017, 26 por ciento, véase Gobierno de México, 2019) y la tendencia creciente de la tasa de condiciones críticas de ocupación, como veremos más adelante. Estas tendencias ya han sido señaladas en la literatura previa (Ibarra y Ros, 2019; Ros, 2017; Samaniego, 2018, entre otros), que examinaremos sintéticamente más adelante. Ortega (2013) y Sehnbruch, et al. (2020) advierten que estos índices de trabajo decente o calidad de empleo no pretenden sustituir los indicadores normalmente empleados para describir y analizar la situación del empleo, sino servir para dar una mirada sintética, global.

En el siguiente gráfico destacamos la tendencia creciente de la tasa de condiciones críticas de ocupación (que puede ser usada como indicador de precariedad laboral):

En el último lustro, la tasa de condiciones críticas de ocupación ha crecido 188 por ciento (nótese que estos datos son previos a la pandemia de COVID-19). Esta tendencia creciente de las condiciones críticas de ocupación ya había sido advertida por Ros —entre otros— desde el año 2016 (Ros, 2017, p. 22).

Fairris (2005) muestra que en México los sindicatos, aun los de protección patronal, aumentan los salarios, reducen la inequidad salarial, aumentan las prestaciones, la capacitación y la productividad por trabajador; es la prima sindical (Fairris, citado en Bensusán y Middlebrook, 2013, p. 57), pero dicha prima disminuyó sensiblemente entre 1992 y 1999. También se ha deteriorado en el periodo 2013-2019: a excepción del seguro social, la brecha en la calidad del empleo entre empleados sindicalizados y no sindicalizados en la industria manufacturera en México se redujo en promedio 11%; 35% en relación con la permanencia en el empleo; 21.8% respecto a las horas laboradas; 12.2% respecto al estatus ocupacional; y 4.6% respecto a los ingresos laborales¹⁰.

Entre los primeros años de gobierno de Peña Nieto, 2013 y de López Obrador, 2019, la prima sindical decreció 11 por ciento en promedio. Los indicadores de mayor deterioro son la permanencia en el empleo y la duración de la jornada laboral (exceso de horas laboradas); o, dicho de otra forma: el empeoramiento de la calidad de empleo del resto de los trabajadores parece estar llevando a los trabajadores sindicalizados de la manufactura mexicana a aceptar una mayor flexibilidad en la permanencia en el empleo y en la duración de la jornada (trabajan más horas extras), en perjuicio del ejercicio efectivo de sus derechos humanos laborales (en apoyo de esta hipótesis, véase Ibarra y Ros, 2019, y Palma, 2005).

Factores e inercias determinantes del empleo precarizado en México

Apoyados en la literatura relevante previa (principalmente Ibarra y Ros, 2019; Martínez y Cabestany, 2017; Moreno-Brid y Ros, 2010; Palma, 2005; Ros, 2017; Samaniego, 2018), podemos ensayar una versión simplificada de la explicación de los factores e inercias determinantes del empleo precarizado en México:

El empleo en México se ha precarizado, en particular desde la promulgación de la reforma laboral del año 2012, al tiempo que disminuye la remuneración de asalariados con respecto al pib (lo que técnicamente se reconoce como un deterioro en la distribución funcional del ingreso). Esta caída refrenda una tendencia inercial de largo plazo: la masa de ingresos laborales (no sólo salarial) se ha precipitado de “40 por ciento del pib en 1970 a 28 por ciento en 2015” (Ibarra y Ros, 2017, p. 570). Las razones que explican esta tendencia se reducen a lo que bien podríamos llamar un fracaso evidente del modelo económico, al menos para los trabajadores asalariados (Moreno-Brid y Ros, 2010; Palma, 2005).

Con el afán de corregir las deficiencias estructurales de la economía mexicana de principios de los ochentas, el gobierno federal mexicano —avalado por la clase política y empresarial— emprendió un programa económico que apostó por el sector externo como palanca de desarrollo económico (Moreno-Brid y Ros, 2010). “Como porcentaje del pib, las exportaciones pasaron de 10 por ciento en 1982 a alrededor de 45 por ciento en 2006” (Moreno-
Brid y Ros, 2010, p. 251), pero la economía en su conjunto no ha crecido en una proporción similar (Moreno-Brid y Ros, 2010, p. 299) y la masa de ingresos laborales —como ya lo señalamos— más bien se contrajo (Ibarra y Ros, 2019; Samaniego, 2018).

Las exportaciones se han concentrado en pocas empresas (Dussel, 2003 y Mátar, et al., 2003, cit. en Moreno-Brid y Ros, 2010, p. 250), cuyas estrategias se basan en un par de opciones básicas: a) ensamblar partes importadas (maquila), empleando mano de obra barata abundante; o b) apoyarse en el empleo de mano de obra calificada para producir de forma más barata bienes como automóviles (Moreno-Brid y Ros, 2010; Palma, 2005). Comparado con otros países, México no ha sido exitoso en ninguna de las dos estrategias, mucho menos si las consideramos en conjunto (Moreno-Brid y Ros, 2010, p. 304; Palma, 2005, p. 981 y siguientes). Según Palma, “México intentó dos rutas aparentemente opuestas de explotar ventajas comparativas: la maquila y la de puesta al día (catch-up)” (2005, p. 271, traducción propia). Tanto Moreno-Brid y Ros (2010, p. 260 y siguientes) como Palma (2005), señalan que el teorema Stolper-Samuelson habría indicado que se reduciría la desigualdad salarial. No obstante, la desatenta economía mexicana ha hecho quedar mal a este teorema: “probablemente se refiere a otro planeta”, ironiza Palma (2005, p. 976-977, traducción propia).

En cambio, según Palma, se han visto validados Kalecki (las crisis económicas han sido aprovechadas por la élite para “disciplinar a la fuerza laboral y restarle capacidad de negociación”), Prebisch-Singer (“la manufactura se comporta ahora como una materia prima, con un modelo de negocios que estanca los salarios y transfiere las ganancias al capital local y a los consumidores extranjeros”) y Lewis (Desarrollo económico con oferta ilimitada de mano de obra, 1960).

Lewis también sirve a Ibarra y Ros para explicar “que la caída de la masa de ingresos laborales se explica, en su conjunto, por el efecto ancla en los salarios del empleo formal que tiene el estancamiento y caída de la productividad de los sectores de autoempleo informal” (2019, p. 571, cit. a Lewis, 1954, traducción propia). A partir de Lewis (1954), la interpretación de Ros y colegas (por ejemplo, en Ibarra y Ros, 2019, p. 571-572 y 582; Ros, 2013; Palma, 2005, p. 949) es que la caída en la productividad es una consecuencia —no causa (como en Levy, 2008)— de la ralentización del crecimiento económico: ante la incapacidad del sector formal para crecer con el vigor y rapidez necesarios para absorber la abundante mano de obra, las personas se refugian en el autoempleo, que crece y se convierte en una reserva que presiona los salarios formales a la baja, lo que justamente constituye la argumentación de la oit sobre la formación del sector informal, a partir de su informe sobre Kenia de 1972 (oit, 1972).

La industrialización se acompaña de un proceso de urbanización, en el que se desplaza la población rural hacia las ciudades. Sin embargo, como tal industrialización se basa en la importación de tecnología, la generación de empleo se centra sólo en el sector de bienes de consumo y no en el de bienes de producción, lo que genera una baja generación de empleo acompañada de una alta migración rural-urbana (lo que en América Latina denominó la cepal insuficiencia dinámica, véase Prebisch, 1963). Bajo tales circunstancias, una parte cada vez más significativa de la población migrante queda entrampada entre una forma de producción rural de la que emigraron y una industrial que no los emplea, por lo que la salida es integrarse a formas de producción no estructuradas a las relaciones laborales predominantes, es decir, construyen la denominada informalidad, como refugio de supervivencia.

¿Por qué se ha hecho lento el crecimiento de la economía mexicana?: ha caído la inversión (principalmente pública, pero también privada) y el gobierno no ha implementado una política fiscal, industrial, crediticia o comercial que logre revertir esta tendencia (Moreno-Brid y Ros, 2010, p. 313, 315 y 318; véase también Martínez y Cabestany, 2017); al mismo tiempo, ha favorecido un tipo de cambio fuerte que estimula las importaciones (Ibarra y Ros, 2019; Moreno-Brid y Ros, 2010; Palma, 2005; Rodríguez, 2019).

¿Cuáles son las consecuencias? “La tasa de ganancias baja, pero la proporción de las ganancias como parte del pib sube” (Ibarra y Ros, 2019, p. 582-583; Palma, 2005, p. 977-999). “Si el pastel es más chico, que al menos nos toque una rebanada más grande”, parece ser el lema del capital. Palma (2005: 977-978, traducción propia) usa la metáfora de Alicia en el país de las maravillas:

En el sector de manufactura que no-es-maquila, la fuerza laboral ‘corre y corre para poder quedarse quieta’ -es decir, tiene que mantener incrementando la productividad tan sólo para mantener su remuneración promedio estancada, en lugar de cayendo. Mientras que, en el sector de no-transables, dado que la fuerza laboral no ha sido capaz de ‘correr y correr’, se ha estado moviendo ‘hacia atrás, hacia atrás’ -es decir, al tiempo que la productividad se ha estancado, la única manera en la cual el capital ha sido capaz de incrementar su margen de ganancias ha sido mediante una rápida caída de los salarios.

De esa forma, en el nuevo patrón de acumulación ‘Alicia en el país de las Maravillas’, la regla es que en los sectores en los cuales crece la productividad, ‘el ganador (el capital) se lleva todo’; y donde no hay productividad, es de nuevo el capital quien se beneficia, pero esta vez en la manera de contracción salarial -contracción en el sentido de Lewis, dado que los cambios institucionales en el mercado de trabajo y en la reversión del poder de negociación de la fuerza laboral permiten al capital forzar los salarios a mantenerse en los niveles de subsistencia. Así, aunque el incremento en la productividad es decepcionante, la supresión salarial ha resultado ser un mecanismo de compensación eficaz para el capital.

Esta situación… ¿está cambiando?

Samaniego (2002) y Tokman (2004) identifican tres esferas de política pública que pueden interactuar positiva o negativamente en la calidad del empleo: 1) la política de empleo; 2) la política de articulación de la oferta y demanda; y 3) política laboral. Enseguida revisaremos cada uno de estos aspectos.

Política de empleo y articulación con la política económica y social

La política de promoción económica ha sido, por decir lo menos, poco efectiva. Incluso antes de la pandemia de COVID-19, la economía nacional tenía una inercia de poco crecimiento, de crecimiento prácticamente nulo en 2019 (Núñez, 2020); “aun cuando hubiese crecimiento económico, habría una caída del pib per cápita y del producto por trabajador” (Román, 2020, p. 109). Esta caída ha sido particularmente importante en el sector secundario y, en particular en “tres ramos: el petrolero, el automotriz y el de la construcción” (Román, 2020, p. 109). Es verdad que en algunos de estos sectores —la construcción, principalmente— deben considerarse los potenciales impactos negativos en el medio ambiente y en los derechos de las comunidades indígenas, como señala Román (2020, p. 110), pero también lo es que “el menor gasto público [en su conjunto] ha contribuido al decrecimiento de la demanda agregada” (Núñez, 2019, p. 88).

Algunas de estas inercias vienen al menos desde inicios del presente siglo (la desindustrialización, la contracción de la inversión pública; véase Moreno-Brid y Ros, 2010, por ejemplo):

Muchos otros ramos industriales se encuentran en situación complicada, en su mayor parte desde antes de 2018. Son los casos de la minería, la industria textil, la de la madera, del papel, la química, la metálica, la de minerales no metálicos, aparatos eléctricos, muebles, colchones y persianas, entre otros. En pocos sectores se advierte una mejora, aunque entre ellos destaca la industria electrónica y la de equipo médico.

En suma, México se está desindustrializando desde los procesos de liberalización de los años ochenta, pero de manera más acentuada en la actualidad. Esto no es exclusivo de nuestro país, pero sí representa una amenaza en términos de empleo, productividad y desarrollo, especialmente en los albores de la cuarta revolución industrial. (111-112)

Piketty advierte que, a nivel global, esta tendencia al bajo crecimiento será la norma “a largo plazo, sin importar qué políticas se apliquen” (2015, p. 644). Pero el gobierno federal actual ha hecho poco para frenar y revertir estas tendencias. Como señala Moreno-Brid (Rodríguez, 2019), el actual régimen sigue operando bajo el paradigma del modelo que dice criticar: aplicando una política de austeridad que tienen más de thatcherista que de republicana; enarbolando indicadores “neoliberales” (inflación baja y superávit fiscal a toda costa, “superpeso”, etc.); restándole importancia al crecimiento económico y eludiendo una perentoria reforma fiscal que promueva la inversión pública productiva y la redistribución; y sigue apostándole al sector exportador para impulsar el crecimiento.

Políticas de mercado de trabajo

Las labores de articulación de información y de capacitación por parte del gobierno, las ha realizado desde hace décadas el Servicio Nacional de Empleo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. A ello se agrega, de forma determinante, el papel de las agencias privadas de subcontratación por la vía de outsourcing (como Manpower y Adecco) e insourcing (subcontratistas creadas por las propias empresas que utilizarán la fuera de trabajo de los trabajadores, pero bajo una razón social distinta, lo que les permite disminuir costos laborales). En términos generales, el sector público interviene en aquellos segmentos del mercado de trabajo en los que la intermediación no es suficientemente rentable para las empresas privadas, como en el caso de la colocación de los trabajadores con menor capacitación, escolaridad y niveles de ingreso posibles.

La novedad en la actual administración es la implantación de una política de adiestramiento in situ, especialmente mediante la re-implementación masiva de la figura del aprendiz, trabajador inicial en diversas ocupaciones tanto del sector público como del privado y del social, en este caso bajo remuneración temporal por parte del sector público. Tal política se concreta, en la parte laboral, en el programa Jóvenes construyendo el futuro, dirigido a población desocupada joven (de 18 a 29 años), a quienes se otorga un apoyo ligeramente superior a un salario mínimo y cobertura de seguridad social (imss) por incorporarse en un esquema de capacitación y trabajo. Ni la evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) (2020), ni otros ejercicios de análisis y evaluación (Jaramillo, 2020) ofrecen una base empírica para afirmar que el programa ha tenido un impacto positivo significativo para reducir el desempleo juvenil, mejorar la empleabilidad e inserción laboral de las y los jóvenes o articular mejor el mercado laboral. El programa ha sido una concesión a las cúpulas empresariales, una forma de trasladar costos salariales del sector privado hacia el sector público, y no implica compromiso por parte del empresariado sobre el aprendizaje que debería lograr el aprendiz.

Política laboral

En un análisis del Proyecto de Nación, Foust y Jaramillo (2020) apuntan hacia tres prioridades en materia laboral para el gobierno actual: fortalecimiento de la inspección de trabajo, de las condiciones para el diálogo social y la recuperación salarial. Revisemos cuáles han sido las principales acciones del gobierno federal hasta ahora y de qué manera han contribuido a la calidad del empleo.

Reforma laboral y fortalecimiento de las condiciones para el diálogo social

La base de la política laboral de la administración de López Obrador está centrada en la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019 (a la que antecedió la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre democracia sindical) y en la propuesta de reformas a esa misma Ley y a la del Instituto Mexicano del Seguro Social del 2020. La primera contiene más de 500 modificaciones a dicha Ley en tanto que la segunda se centra en la regulación de la subcontratación laboral, tanto en términos del denominado insourcing, como del outsourcing. La reforma laboral del 2019 representa una transformación mayor en la normatividad laboral, en la que destacan tanto los elementos de cambio como, paradójicamente, los de mantenimiento de inercias esenciales de las regulaciones previas, particularmente de la reforma laboral del 2012.

Se mantiene como objetivo esencial el del aumento en la productividad, misma que se hace depender del trabajador y, particularmente de su capacitación. Resulta cuestionable entender que la productividad sea atribuida a uno sólo de los factores y menos aún que se derive sólo de procesos de capacitación individual o grupal de los mismos. Subyace, implícitamente, que los representantes del capital no requieren capacitación (sólo los trabajadores) y se desdeña el papel que tienen las tecnologías y las formas de organización de la producción en tal productividad. El hecho de que la inversión en investigación y desarrollo sea prácticamente nula, principalmente en el sector privado o el que se mantengan estrategias de control vertical de las decisiones empresariales, así como de inestabilidad y precariedad del trabajo (expresadas en eventualidad, in y outsourcing, contratación mediante figuras jurídicas no laborales, etc.), son aspectos no considerados en la Ley como determinantes de la productividad.

La reforma del 2019 sí genera modificaciones significativas en favor de la defensa de los derechos colectivos de los trabajadores. Particularmente destaca el fortalecimiento del derecho de huelga, la promoción de la democracia sindical, y la obstaculización al control corporativo de los trabajadores y la búsqueda de transparencia en el manejo de la vida sindical. Se transformó radicalmente la nomenclatura y la forma de impartir la justicia laboral: se sustituyen las Juntas de Conciliación y Arbitraje por Tribunales, los laudos por sentencias, etc. Se establecen múltiples mecanismos anti corrupción, incluyendo las penas de quienes incurran en corruptelas, agregando a en sus consideraciones a los líderes sindicales.

Se incrementan los mecanismos de protección a favor del trabajador. Igualmente hay protección a empleadores y las instituciones de seguridad social (como el imss, el Infonavit y el Fonacot), ante actos indebidos de alguna otra de las partes, incluyendo al trabajador.

Mejoran las regulaciones en favor de trabajos especializados, en particular, en favor de trabajadoras del hogar y trabajadores estacionales agrícolas.

Con todo y sus imperfecciones, la nueva legislación laboral ofrece un marco institucional mucho más favorable a la libre organización de los trabajadores para el ejercicio de sus derechos laborales. No obstante, falta un largo camino por recorrer en materia de implementación de la reforma y de apropiación de esos derechos por parte de los trabajadores, a nivel individual y colectivo.

La implementación de la reforma laboral ha sido otra de las damnificadas del COVID-19, pues cayó en medio del proceso de puesta en marcha de varias de las instituciones y mecanismos clave de la nueva legislación (MSN, 2019). Los sindicatos recibieron prórroga para cambiar dirigencias o renovar su registro, por ejemplo (Martínez, 2020). Además, el presupuesto federal destinado a la Instrumentación de la política laboral disminuyó 28.24 por ciento en términos reales entre 2018 y 2019, y otro 17.25 por ciento entre 2019 y 2020, con lo cual acumuló una contracción de 40.62 por ciento en términos reales entre 2018 y 2020 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, s.f.). A pesar de estos dos grandes obstáculos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha ido realizando algunos avances: mantiene un sitio web especializado¹¹ (https://reformalaboral.stps.gob.mx/); ha conformado un Consejo de Coordinación con funcionarios federales de alto nivel de los poderes ejecutivo y judicial para implementar la reforma laboral; está piloteando la implementación en ocho estados de la República.

Fortalecimiento de la inspección de trabajo

En octubre de 2019, el gobierno federal presentó a la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América los cambios que implicaría la reforma laboral (con el ánimo de lograr la aprobación del tlc 2.0). Una de estas medidas sería el aumento en el número de inspectores federales en un 27 por ciento en 2020 respecto a 2019 (Morales, 2019). No obstante, en respuesta¹² a una solicitud de información dirigida a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Dirección General de Recursos Humanos ofreció los siguientes datos: en 2018 había 809 inspectores federales del trabajo; en 2019, 527; en 2020, 590 (un aumento de 11.9 por ciento respecto a 2019, y una reducción del 27 por ciento en el periodo 2018-2020). Asimismo, el presupuesto federal destinado a la Dirección general de inspección laboral disminuyó 17.69 por ciento en términos reales entre 2018 y 2019, y otro 16.93 por ciento entre 2019 y 2020, con lo cual acumuló una contracción de 31.36 por ciento en términos reales entre 2018 y 2020, según puede desprenderse de un análisis comparativo del presupuesto (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, s.f.).

Recuperación salarial

Desde el comienzo de la actual administración federal, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) ha impulsado una política activa de recuperación del salario mínimo, que aumentó —el general— de 88.36 pesos en 2018 a 123.22 pesos en 2020 para todo el país, y a 185.56 pesos en la frontera norte (casi 30 por ciento en términos reales, para todo el país; y 95 por ciento para la frontera norte). Con este viraje, se rompió la inercia de mantener los salarios mínimos alineados a la previsión de aumento a la inflación. El salario diario asociado a trabajadores asegurados en el imss ha aumentado de un promedio de 354.35 pesos en diciembre de 2018 a 405.20 pesos en julio de 2020 (un aumento de casi 10 por ciento en términos reales) (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, s.f.).

A pesar de que se ha contenido la caída en los salarios, y de que hay políticas claras que apuntan hacia la reversión de los topes salariales de los ochentas y noventas, la masa de ingresos laborales sigue sin recuperarse y se encuentra atrapada en el cuento de Alicia en el país de las maravillas, como metaforiza Palma (2005). Será necesario articular la política salarial a todo un conjunto de política económica que deconstruya el modelo económico todavía vigente y se oriente a la inversión productiva, el crecimiento económico y la redistribución de los beneficios del aumento en la productividad (véase, por ejemplo, la propuesta de Martínez y Rosales, 2018).

Quizá el acierto más notable de la presente administración para efectos de nuestra discusión ha sido el de poner sobre la mesa los temas de los derechos laborales y la recuperación salarial. La reforma laboral y la política de recuperación del salario mínimo son un importante abono al capital de una deuda social largamente acumulada. No obstante, estas acciones del poder público serán insuficientes si no vienen acompañadas de un giro amplio en el timón de la política económica. Como varios autores han señalado, es necesario buscar una mejor articulación entre política económica y política social (véase, por ejemplo, Levy, 2008; Martínez y Cabestany, 2017; Martínez y Rosales, 2018); revertir la política de austeridad “republicana” (Rodríguez, 2019); emprender una profunda reforma fiscal que posibilite un sistema universal de seguridad social, incluyendo seguro de desempleo, así tenga que implementarse paulatina y progresivamente (Levy, 2008; Martínez y Cabestany, 2017; Martínez y Rosales, 2018; Samaniego, 2018); la diversificación de la política comercial (Esquivel, cit. en Martínez y Cabestany, 2017, p. 235-236); el fortalecimiento de la inversión pública (Martínez y Cabestany, 2017; Moreno-Brid y Ros, 2010; Palma, 2005).

Consideraciones finales

El cumplimiento del trabajo digno o decente a nivel general, no sólo como una norma de jure, sino como una práctica de facto, rebasa ampliamente lo que pueda realizar una política económica de corto plazo, una normatividad laboral, una acción sindical o una práctica de responsabilidad empresarial específica. El trabajo digno está en función del conjunto del sistema económico y de la conducción de los procesos productivos hacia la cohesión social y la equidad distributiva.

El encaminamiento de las formas de trabajo en México hacia la dignidad de los trabajadores pasa fundamental, pero no solamente, por la mejora en las prácticas laborales. Se requiere el respeto al pleno ejercicio de sus derechos colectivos, la promoción de la flexiseguridad en el trabajo; la mayor participación de los auténticos trabajadores en la vida cotidiana de las empresas; la mejora en las condiciones de movilidad hacia y desde el centro de trabajo; la mejora en las condiciones de las micro, pequeñas y medianas empresas, para a su vez ofrecer mejores condiciones de trabajo, lo que implica enfrentar las estructuras oligopólicas y oligopsónicas de la estructura empresarial; la participación de los trabajadores en las decisiones de política pública, a través de consejos económicos y sociales; la auténtica compatibilización del tiempo de trabajo con el tiempo disponible de los trabajadores para su vida personal y familiar; las condiciones sanitarias y de cuidado ambiental de los procesos productivos, el respeto a la diversidad de todo tipo entre los trabajadores. La dignidad del trabajo implica reconocer el valor del trabajador, no por ser trabajador, sino por ser humano; lo que debe ser digno no es el trabajo, sino el trabajador mismo.

El pasado predispone —por ejemplo, a estar traumados y evitar inflaciones de más de un digito— pero no tiene un poder de determinación tal que deje sin margen a los actores. Así como no se puede determinar la realidad por decreto, tampoco se puede renunciar a crear posibilidades para que lo que hoy no es futuro, en algún momento lo sea (Zubiri, 1974).

Las posibilidades, en efecto, se van alumbrando y obturando en la ejecución real y efectiva de nuestros actos. (…) Para que pueda hablarse con seriedad de un futuro, no basta llamar así a todo cuanto aún no es, aunque se tenga potencia física para realizarlo. Sólo es futuro aquello que aún no es, pero para cuya realidad están ya actualmente dadas en un presente todas sus posibilidades. Lo que no existe aún, y respecto de lo cual tampoco existen sus concretas posibilidades, no es, propiamente hablando, futuro. El futuro es algo con que, a mi modo, puedo contar. Rehabilitando un viejo vocablo debido a una genial invención de Suárez, llamaremos no futuro, sino futurible, a aquello para lo cual se posee nula potencia, pero cuyas posibilidades son aún inexistentes.

(…) La historia es lo más opuesto a un mero desarrollo. (…) La historia no es un simple hacer, ni es tampoco un mero “estar pudiendo”: es, en rigor, “hacer un poder”.

Zubiri (1974: 330-331, énfasis nuestro).

En México el trabajo decente es ahora sólo futurible, y sólo podrá ser futuro si se construyen las condiciones que lo posibiliten como real. Todavía estamos a tiempo, todos los días.

Anexo:

Intentamos replicar el índice de Calidad de Empleo de Sehnbruch, et al. (2020) lo más fielmente posible:

Ingresos laborales: se encuentra en situación deficitaria quien tiene menos de seis canastas alimentarias cepal (4993.69 pesos mensuales para 2013; y 6601.75 pesos mensuales para 2019); estatus ocupacional: en situación deficitaria están todos los individuos ocupados que tienen entre 18 y 65 años de edad y no tienen contrato o están autoempleados; permanencia en el empleo: dado que tomamos como referencia el segundo trimestre, que suele reflejar de mejor manera la situación económica de un año, la construcción de este indicador fue un poco diferente, aunque tratando de reflejar la noción de permanencia en el empleo; así pues: para los años 2013 y 2019, están en situación deficitaria aquellos individuos que tienen entre 25 y 65 años de edad y no están trabajando el número de horas que regularmente trabajan o tienen menos de un año en ese empleo; al igual que Sehnbruch, et al. (2020), no se consideran con privaciones los individuos entre 18 y 24 años de edad, pues fueron considerados por Sehnbruch, et al. (2020: 8) como trabajadores de reciente ingreso al mercado laboral y con pocas posibilidades de haber acumulado antigüedad; para el año 2015, permanencia en el empleo: están con carencia aquellos individuos entre 25 y 65 años de edad que tienen menos de tres años en ese empleo; seguridad social: tienen carencia aquellos individuos ocupados que tienen entre 18 y 65 años de edad que no tienen seguridad social; (exceso de) horas laboradas: tienen carencia aquellos individuos ocupados que laboran más de 48 horas a la semana.

Al igual que Sehnbruch, et al. (2020), se tomó un punto de corte 33.3% para determinar la incidencia (H), después se calculó la intensidad promedio (A) y la tasa de recuento ajustada (H x A).

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